¿Qué empresas reconstruirán las casas que el terremoto del viernes 9 de octubre derrumbó y con qué criterio las escogerá el Gobierno? Fue una de las preguntas que le formularon al ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, durante una de las conferencias de prensa donde se informa al país sobre las gestiones oficiales en medio de la emergencia por el terrenoto del 9 de octubre.
Icaza respondió que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ya está haciendo las contrataciones por cotizaciones en línea del sistema Panamá Compra.
“El Miviot ha realizado cotizaciones en línea que le permite el estado de emergencia a través de la Ley 22 de contrataciones públicas, para entonces mantener el principio de que sean contrataciones bajo el principio de precios competitivos de mercado”, explicó Icaza.
La Ley 22 regula las compras públicas en Panamá. La declaratoria de emergencia que aprobó el Consejo de Gabinete el sábado 10 de octubre abre la puerta a ese mecanismo casi expedito. Icaza prometió que el Miviot informará sobre las cotizaciones a medida que avancen esos procesos.
Según el ministro, las constructoras, aunque no precisó cuáles, comenzaron el pasado lunes a mover materiales hacia las provincias afectadas, mientras continúa la remoción de escombros.
“Iniciaremos esta semana la movilización progresiva de los contratistas en las áreas afectadas”, anunció.
El Miviot, a cargo del ministro Jaime Jované, ha enviado camiones con bloques, acero, puertas, ventanas y láminas de zinc hacia sus depósitos regionales.
“Vamos a continuar sin descanso hasta llegar a poder ayudar al último afectado de esta crisis”
Tres filtros, uno después del gasto
El control de esas contrataciones recae, en primer lugar, sobre la comisión de alto nivel que creó el Consejo de Gabinete.
La integran Icaza y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. “Tenemos la responsabilidad de coordinar, supervisar y fiscalizar el proceso de contrataciones”, dijo Icaza.
El segundo filtro corresponde a la Contraloría General de la República, a cargo de Anel Flores, que hará el control posterior de cada contrato.
El tercero implica la parte final. Icaza prometió un informe sobre el uso de los fondos cuando termine la vigencia del decreto de emergencia.
“La reconstrucción sabemos que tomará un tiempo y habrá situaciones complejas que vamos a ir resolviendo en el camino”
El pasado martes, el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 13-26, que modifica al menos 19 artículos del texto único de la Ley 22 de contrataciones públicas. El Ejecutivo lo presentó como una reforma para “modernizar” las contrataciones y lograr que las entidades “reduzcan la dilación innecesaria” sin perder controles. El proyecto pasará ahora a la Asamblea Nacional para sus debates. .
El Gabinete aprobó además otra resolución que instruye al Cuerpo de Bomberos, a los ministerios de Ambiente y Salud y a otras entidades a tramitar la exoneración de tasas y contribuciones para las obras de reparación y reconstrucción.
Dos fideicomisos
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que su despacho y el Banco Nacional de Panamá constituyeron un fideicomiso, con el refrendo de la Contraloría.
A esa cuenta entrarán primero las donaciones de organismos multilaterales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF–Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Allí también irán los pagos de los seguros contra catástrofes que el Estado mantiene contratados.
Chapman describió esas donaciones como recursos que no le cuestan “nada” al pueblo panameño. “Cero, nada, libre de costos”, dijo.
Los préstamos quedan en pausa. El ministro prometió que el Gobierno solo recurriría a líneas de crédito para emergencias si las donaciones no alcanzan.
“No se van a mezclar los recursos públicos con los privados”
Desde ese fideicomiso, el MEF repartirá fondos a dos destinos. El primero, los ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Educación y el Instituto de Mercadeo Agropecuario.
El segundo, las juntas comunales. Estos gobiernos locales deberán presentar solicitudes formales, en formularios ajustados a un manual que publicó la Contraloría, y demostrar que cada gasto responde a daños del sismo.
Chapman prometió para esos traslados “una fiscalización por parte de la Contraloría de alta rigurosidad”.
El segundo fideicomiso funcionará en la Caja de Ahorros y recibirá las donaciones de la empresa privada, destinadas sobre todo a la reparación y construcción de viviendas. Ese dinero no pasará por las arcas del Estado, según explicó el ministro, pues el sector privado lo administrará con su propia gobernanza.
300 personas evacuadas de Isla Cañas, en Los Santos, después de que el mar entró al pueblo con el sismo.
42 embarazadas y 452 personas con discapacidad están entre los afectados que evaluó Sinaproc.
32 deslizamientos de tierra en Herrera, que dejaron 11 comunidades incomunicadas.
“Los recursos públicos se gestionan en el Gobierno y los privados se van a gestionar aparte”, aseguró Chapman.
El asesor presidencial Eduardo Arango coordinará esos aportes.
Ningún funcionario explicó qué entidad auditará el fideicomiso privado ni si sus cuentas serán públicas.
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Un portal sin fecha
Por su lado, el subgerente general del Banco Nacional, Erick Calderón, anunció un sitio web, o una sección en la página digital del MEF, para mostrar el uso de los fondos públicos.
El objetivo, dijo, es “demostrar al país que estas situaciones de crisis se pueden manejar bien con total transparencia hasta el último centavo”.
No informaron cuando se podrá consultar esa página web.
Chapman insistió en que el MEF no pedirá a la Asamblea una dispensa de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y mantiene la meta de un déficit equivalente al 3.5% del producto interno bruto (PIB).
Tampoco, dijo, tocará el Fondo de Ahorro de Panamá. La ley solo permite usarlo cuando los daños superan el 0.5% del PIB, unos $450 millones.
“Nuestra estimación es que esta emergencia no debería estar ni remotamente cerca de ese monto”, afirmó. El pasado sábado, el Consejo de Gabinete autorizó hasta $100 millones para la emergencia, y el ministro aseguró que el Gobierno está “todavía muy lejos” de ese tope.
“En momentos de crisis sale lo mejor del ser humano”
¿Quién recibe la ayuda?
Para decidir a quién llega la ayuda, el Ejecutivo asegura que cruza dos bases de datos. Se trata de la plataforma Panamá Conecta, donde los ciudadanos registran daños con fotos, y el censo del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
La viceministra de Finanzas, Eida Saiz, explicó que el objetivo es contar con “una fuente única de información de los daños”.
Según un balance de Sinaproc, con corte a las 7:00 p.m. del martes, el terremoto dejó unas 3,390 viviendas afectadas, 727 de ellas con pérdida total en Herrera y Los Santos.
