Con el respaldo de diputados de la Asamblea Nacional y pasando por alto los reclamos ciudadanos, alcaldes y representantes de corregimiento buscan legalizar tres aspiraciones: el doble salario pero ahora con algunos matices, el uso del 100% de los fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para funcionamiento y un aumento salarial de $1,000 al mes.
El cabildeo es intenso. Esta semana, alcaldes y representantes, sobre todo del interior del país, sostuvieron reuniones con el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, y otros diputados que forjaron su carrera política desde los gobiernos locales.
Por ahora, han logrado que dos de sus iniciativas se materialicen en proyectos de ley. Se trata del uso de los fondos del IBI (proyecto 868) y el que les permitiría escoger el salario que más les convenga, si antes de ser electos trabajaban en el Gobierno (proyecto 890).
Los alcaldes y representantes han seguido firmes con sus pretensiones, pese a que ciudadanos rechazan estas acciones y les recuerdan que las juntas comunales han sido receptoras de millonarias partidas secretas de diputados, dinero gestionado en distintas instituciones oficiales y que generalmente es usado para prácticas clientelistas.
La cruzada de los gobiernos locales por sus privilegios
Con un cabildeo que incluye el apoyo de diputados que empezaron su vida política desde los gobiernos locales, los alcaldes y representantes de corregimiento del país emprendieron una cruzada para recuperar sus privilegios.
En las últimas semanas han logrado llevar al debate público sus pretensiones, como revivir el doble salario, pero ahora con algunos matices; también buscan el uso del 100% del fondo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para funcionamiento y un aumento de sueldo.
El campo de batalla es la Asamblea Nacional, cuyo presidente, el perredista Crispiano Adames, les ha dado un espaldarazo.
El pasado jueves, en el pleno legislativo, se aprobó en tercer debate el proyecto de ley 868, que permite a los gobierno locales usar los fondos del IBI en funcionamiento (planilla y otros).
Los diputados también aprobaron en primer debate, en la Comisión de Asuntos Municipales, el proyecto de ley 890, que originalmente pretendía revivir el doble salario, pero el pasado jueves le hicieron una modificación con el propósito de que alcaldes, vicealcaldes, representantes y sus suplentes ahora puedan “escoger” el salario que más les convenga. Es decir que si el alcalde o representante trabaja como médico en un hospital público al momento de su elección, podrá escoger el sueldo que más le convenga, pero no devengar los dos a la vez.
Pero, aunque no cobre salario en el municipio, sí tendría derecho a las dietas y gastos de representación que les da el cargo. Así lo explicaron a este medio diputados que participaron en el debate. El proyecto 890 aún no está disponible en el sitio web de la Asamblea.
La campaña
Días antes de que el proyecto 890 –que buscaba revivir el doble salario– fuera discutido, autoridades de los gobiernos locales empezaron una campaña en defensa de la propuesta de ley.
Dijeron que si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pueden ejercer como docentes, ellos también. Indicaron que no serán botellas y que lo único que buscan es que los dejen trabajar.
Esta semana, durante tres días, representantes y alcaldes del interior del país se concentraron en la capital. El pasado martes, a través de Eliécer Montenegro, presidente de la Coordinadora Nacional de Representantes y presidente del Consejo Provincial de Panamá Oeste, un grupo grande de los 679 representantes dejó claro en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea que desean un aumento salarial.
En los dos días siguientes, algunos de ellos presenciaron el debate del proyecto 868 (el del uso del IBI) y escucharon de voz del diputado Javier Sucre que buscarían una salida para que pudiesen cobrar el salario que tienen como autoridad electa y como funcionarios, de darse el caso, contaron fuentes legislativas.
En la sesión del pasado jueves, fueron atendidos en el salón Chanchoré, ubicado a pasos del pleno. Allí, conversaron con diputados de diferentes bancadas y con el presidente de la Asamblea. Cuando se aprobó el proyecto en tercer debate, se tomaron foto con los diputados.
En 2017, tras los primeros cambios a la Ley 37 de 2009 sobre descentralización, los gobiernos locales empezaron a quejarse de la necesidad de reformar otra vez la norma “para suplir de forma real sus necesidades”. En agosto de 2019, se reunieron con el presidente Laurentino Cortizo, pero al no consensuar acuerdos, recurrieron a la Asamblea.
Conectados
Entre los diputados aliados están Javier Sucre, hasta 2019 representante de Juan Díaz; Jairo Bolota Salazar, quien fue representante por 10 años del corregimiento Barrio Norte, Colón, y Daniel Ramos, exrepresentante del corregimiento de Coclé. Los tres son del PRD.
Además, la diputada de Cambio Democrático Lilia Batista, quien fue representante de Playa Leona, en La Chorrera, Panamá Oeste, y el diputado panameñista Hugo Méndez, exgobernador de Chiriquí, entre otros.
Aplausos y rechazo
Para algunos, la cruzada de los alcaldes y representantes es válida. No obstante, hay quienes señalan que, en esa pretensión económica, se esconde una alianza electoral entre diputados y gobiernos locales, de cara a 2024.
En palabras del politólogo José Stoute, la alianza va orientada a apoyar a los candidatos del PRD para 2024. Sobre todo, dijo, para beneficiar al candidato a la presidencia de la República que surja de la Asamblea. “La Asamblea con esto sigue aglutinando poder”.
Dijo que Adames pretende ser candidato a la presidencia. “Todo esto lo hacen los diputados para sumar a los gobiernos locales, darle más poder a la Asamblea sobre ellos y restarle poder al Ejecutivo, en función de los comicios de 2024″, planteó.
El PRD controla la mayoría de las alcaldías y juntas comunales del país tras las elecciones de 2019.
Por su parte, el exsubdirector de Descentralización y actual abogado municipalista, Narciso Machuca, defendió las pretensiones de los alcaldes. Aseguró que “se han tergiversado” sus propósitos y añadió que el proyecto 868 es “necesario, urgente”, sobre todo porque en julio pasado, con las protestas que se dieron en el país, muchos municipios, incluyendo los más grandes, tuvieron dificultades para pagar la planilla. Puso de ejemplo a los de Colón y David.
También expresó que el aumento salarial que se está pidiendo se “ajusta a la cantidad de acciones que están llevando a cabo y que tienen cinco o siete años que no se les aumenta”.
Pero, el diputado independiente Edison Broce dice que “se debe analizar la responsabilidad, población, tamaño del municipio y necesidades para considerar cuánto debe ganar”. Rechazó la nueva figura para que las autoridades locales cobren su salario si antes de ser electos eran funcionarios. “Osea, que estas personas van estar siendo remuneradas por unas tareas que no están cumpliendo y además permitiría la figura de seguir recibiendo emolumentos [dietas] por parte del municipio o junta comunal”, dijo.
