Tribunal de Cuentas tiene bajo la lupa $222.4 millones en posibles lesiones al Estado

La entidad reporta 254 cuentas bancarias y 289 fincas cauteladas.

Tribunal de Cuentas tiene bajo la lupa $222.4 millones en posibles lesiones al Estado
Tribunal de Cuentas. Archivo

Un total de 284 expedientes contra personas jurídicas, funcionarios y exfuncionarios por presuntas lesiones al patrimonio del Estado permanecen abiertos en el Tribunal de Cuentas. El monto involucrado en estos casos asciende a $222.4 millones.

La cifra corresponde a un informe actualizado de la entidad hasta el 31 de julio de 2026.

En estos expedientes están involucradas al menos 1,844 personas, entre exfuncionarios y agentes de manejo. De ese total, 63 han sido llamados a juicio, en procesos cuyo posible perjuicio económico para el Estado suma $92.2 millones.

Como parte de las medidas cautelares adoptadas en estos procesos, el Tribunal reporta 254 cuentas bancarias cauteladas, con fondos por un total de $618,705. También han sido cauteladas 289 fincas o inmuebles, valorados en aproximadamente $5.3 millones, y se han retenido 392 vehículos.

Durante la sustentación del presupuesto del Tribunal de Cuentas para 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional —realizada esta semana—, el magistrado presidente, Rainier Del Rosario, reveló que uno de los casos de mayor cuantía actualmente en trámite está relacionado con la Dirección General de Ingresos (DGI) y alcanza aproximadamente $16 millones.

Del Rosario hizo la revelación en respuesta a una pregunta del diputado independiente Luis Duke, quien le consultó cuál era el caso de posible corrupción de mayor cuantía entre los expedientes que maneja la institución.

Tribunal de Cuentas tiene bajo la lupa $222.4 millones en posibles lesiones al Estado
El presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier Alexis Del Rosario Franco (izq.) y contralor Anel Flores. Cortesía/Contraloría

“Si me lo piden caso por caso, no se lo puedo dar porque no puedo hablar de un caso específico”, respondió el magistrado.

Del Rosario también explicó que el Tribunal tramita casos por montos muy diversos, incluso algunos por alrededor de $400, entre los de menor cuantía.

Expedientes por magistrado

Según el informe, el despacho de Del Rosario concentra la mayor cantidad de expedientes, con 132 casos. En estos procesos se ha identificado a 1,170 personas involucradas y el monto de las posibles lesiones al patrimonio estatal asciende a $126 millones.

En el despacho del magistrado Álvaro Visuetti se tramitan 65 expedientes, que involucran a 237 personas y representan posibles lesiones por aproximadamente $39 millones.

Mientras que en el despacho del magistrado Pablo Chen Vallarino se analizan 85 expedientes, con 437 personas vinculadas y posibles perjuicios por alrededor de $57.3 millones.

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Expediente por magistrados.

Aumentan las auditorías

Del Rosario atribuyó parte del incremento en el número de expedientes a un aumento en las auditorías remitidas por la Contraloría General de la República.

Según el magistrado, el Tribunal ha registrado un aumento de aproximadamente 75% en el número de casos, en comparación con el quinquenio anterior.

Entre 2020 y 2024, la institución recibió 102 informes de auditoría, con un monto de posible lesión de $375 millones. En ese periodo estaba como contralor de la República, Gerardo Solís, exfigura del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

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Gerardo Solís, contralor. Cortesía/CGP

La cifra aumentó considerablemente en los años siguientes -cuando ingresó en enero de 2025 el contralor Anel Flores—: en 2025 recibió 175 informes por un monto de posible lesión de $75 millones, mientras que hasta julio de 2026 habían llegado 97 auditorías por la suma de $41.9 millones.

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Auditorías remitidas.

El Tribunal de Cuentas fue creado mediante la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008. Desde su creación, ha recuperado aproximadamente $67 millones mediante sentencias relacionadas con casos de posibles lesiones al patrimonio del Estado.

El año con el mayor monto recuperado mediante condenas fue 2023, cuando las sentencias representaron aproximadamente $11.6 millones.


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