El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó “de plano” la solicitud de aclaración de sentencia que presentó el administrador de la Autoridad Nacional de Ingresos (ANIP), Luis Cucalón, sobre el fallo que declaró inconstitucional la creación de dicha entidad.
Los magistrados argumentan que Cucalón no puede solicitar la aclaración, ya que esta facultad -conforme al Código Judicial- recae en el Ministerio Público o la parte demandante, que en este caso son los abogados Miguel Antonio Bernal y Luis Rogelio García.
La decisión -adoptada el pasado 24 de septiembre y dada a conocer hoy- fue rubricada por Efrén Tello –suplente de Luis Ramón Fábrega, quien actuó como ponente-, Jerónimo Mejía, Harley Mitchell, Alejandro Moncada Luna, Oydén Ortega, José Ayú Prado, Víctor Benavides, Harry Díaz y Secundino Mendieta, suplente de Hernán De León.
Cucalón solicitó la aclaración el pasado lunes, luego que el pasado 3 de julio la CSJ decidió declarar inconstitucional la Ley 24 de 2013, que creó la ANIP.
Dicho fallo fue firmado y dado a conocer el 11 de agosto. Con esa maniobra, Cucalón impidió que quedara ejecutoriado el fallo que declaró inconstitucional la Autoridad que él mismo dirige.
Precisamente, una de las razones de los magistrados para fallar contra la creación de la ANIP fue la permanencia en el cargo y las facultades otorgadas a quien la dirige.
A criterio de los magistrados, a la ANIP “se le asignan funciones que son de la privativa competencia del Presidente de la República y del ministro de Economía y Finanzas, y dificulta la labor del Consejo de Gabinete al otorgarle funciones a una entidad autónoma cuyo director no forma parte de dicho organismo ejecutivo”.
Cucalón había sido designado administrador por el hoy expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), por un periodo fijo que vencía en el año 2020.
La Corte todavía debe resolver un pedido que presentó Miguel Antonio Bernal para que se reforme sobre la ANIP y se incluya que también es inconstitucional el contrato con Cobranzas del Istmo, empresa que se encarga –en exclusiva- del cobro de impuestos en el país.
MEF REVISARÁ CONTRATO DE COBRANZAS DEL ISTMO
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció esta mañana que revisará el contrato que mantiene el Estado con Cobranzas del Istmo, a la cual se le ha pagado en comisiones más de 39 millones de dólares en los dos últimos años.
A través de un comunicado, el MEF detalló que el gobierno de Juan Carlos Varela no tercerizará el cobro de los impuestos a través de la empresa privada.
El MEF llevó a la Asamblea una propuesta legislativa para reactivar la Dirección General de Ingresos (DGI), una dependencia del ministerio que desapareció en el 2013, cuando se creó la ANIP.
Dulcidio de la Guardia, titular del MEF, dijo que una vez se la DGI, se auditarán los pagos y se suspenderá la asignación de nuevas cuentas a Cobranzas del Istmo.
De acuerdo con el contrato suscrito entre el Estado y Cobranzas del Istmo, la empresa ganaba una mayor comisión si la gestión de cobro se hacía efectiva en un lapso mayor de tiempo.
La comisión representa el 15% del total recuperado para el fisco, si el cobro se hacía efectivo en un periodo de 12 a 18 meses. Subía a 20% si el cobro se hacía entre 18 y 24 meses.
Pasaba a 25% si el lapso oscilaba entre 24 y 30 meses. Y alcanzaba 30% si el cobro se hacía efectivo después de 30 meses, según un boletín del MEF. “El contrato promueve que Cobranzas del Istmo tenga un incentivo de cobrar las cuentas cuando están más añejadas, situación que va en contra de los intereses del Estado y que ocasiona que la compañía se quede con el 30% de los recaudos en la mayoría de los casos”, destacó la viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla.
En los primeros seis meses del año 2014, el 91.2% de los pagos que se hicieron a Cobranzas del Istmo corresponden a gestiones de cobro por las que se otorgaron comisiones de 30%.
En el año 2013, el 67% de los pagos hechos a la empresa correspondían a esa misma tasa de comisión, informó la institución. En la Asamblea Nacional se planea presentar una propuesta para que se suspenda el contrato con Cobranzas del Istmo.
La iniciativa sería incluida en el segundo debate del proyecto de ley sobre los nombramientos, por periodos fijos, de los directores de las empresas estatales, autónomas y semiautónomas.
(Con información de Priscilla Pérez).
