Como una evidencia más de la cero independencia que hay entre los poderes del Estado fue calificado el hecho de que se hiciera pública una sentencia de tres años a Balbina Herrera como consecuencia de haber divulgado correos electrónicos entre el presidente de la República, Ricardo Martinelli, y el empresario italiano Valter Lavítola, sin que la dirigente perredista fuera notificada personalmente.
El activista prodemocracia Aurelio Barría dijo a Prensa.com que pese a las diferencias históricas que ha tenido con Herrera protesta "como ciudadano enfáticamente por este fallo que se ha dado” y añadió que “es clara muestra de la injerencia en el manejo de este caso por parte del Ejecutivo”.
Barría explicó que los intereses privados deben ceder ante los intereses públicos y de carácter social “porque en este momento la persona que está demandando [Martinelli] es un funcionario público, manejando información pública y si había un delito todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de denunciar un delito para que se investigue”.
“Esto es un atropello, es un abuso que se le ha hecho porque ha sido una crítica del Gobierno y ha exigido rendición de cuentas y todo aquel que es crítico o exige rendición de cuentas es de alguna manera acosado, intimidado o perseguido”, dijo.
Por su parte, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados César Ruiloba manifestó que “sentimos extrañeza del procedimiento y de la filtración de la información” y aunque no quiso dar un juicio jurídico sobre este particular por desconocer las interioridades del caso expresó que se debería iniciar una investigación a nivel interno del Juzgado Primero Municipal para conocer cómo se filtra la información, pero de la misma manera cabe responsabilidad y una censura para el semanario La Opinión por haber divulgado los datos.
En tanto, el pleno de los miembros del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), en el que milita Herrera, dijo apoyarla incondicionalmente.
A través de una nota de prensa divulgada ayer, viernes, el secretario general de ese colectivo, Juan Carlos Navarro, afirmó que “Herrera es una mujer valiente, que por defender los principios democráticos y de transparencia hizo una denuncia pública sobre un escándalo de corrupción que es sujeto de un juicio al más alto nivel en Italia, por lo que ella es objeto ahora de persecución política”.
De igual forma, el expresidente de la Asamblea Nacional el diputado perredista Elías Castillo dijo que está plenamente convencido de que “a ella [Herrera] la están juzgando por su condición política” de pertenecer al PRD.
Agregó que “no es cosa nueva” que no haya independencia entre los órganos del Estado y lo sucedido recordó “son malas noticias para la administración de justicia y la seguridad jurídica del país”.