La Asociación Médica Nacional envió una misiva al procurador general de la nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, denunciando lo que califican como una “actuación sistemática y precipitada” por parte de fiscales del Ministerio Público contra profesionales de la salud.
En una carta fechada el 11 de febrero de 2026, el gremio médico —presidido por la doctora María Helena Arango— manifestó su “profunda preocupación” por la tendencia de algunos funcionarios de instrucción a criminalizar el acto médico sin que exista una investigación técnica previa que confirme los hechos.
La asociación señaló que, ante denuncias ciudadanas, los médicos son detenidos de manera acelerada, esposados y exhibidos ante los medios de comunicación, situación que afecta de forma irreversible su reputación y futuro profesional.
Entre los casos citados, la asociación mencionó a dos médicos del Hospital Nicolás Solano, quienes fueron aislados en calabozos, y a un prestigioso cirujano, expuesto públicamente como si fuera un delincuente ante la percepción de terceros ajenos al contexto científico y médico.
Para el gremio, esta exposición mediática prematura pone en riesgo la confianza pública en los profesionales de la salud y podría generar efectos negativos en el ejercicio médico en todo el país.
Complicación médica versus negligencia
El gremio médico aclaró que no se justifica la impericia, la imprudencia ni la negligencia, pero enfatizó que la medicina enfrenta situaciones complejas donde la recuperación del paciente no siempre es posible, incluso con todos los esfuerzos médicos y recursos disponibles.
“No debemos permitir que se pierda la confianza en la justicia, porque nuestro país se sumiría en un caos”, advierte la misiva, haciendo un llamado a la prudencia y al respeto del debido proceso antes de emitir juicios públicos sobre los profesionales involucrados.
El pronunciamiento del gremio surge en un contexto en el que se busca garantizar el respeto al debido proceso, evitando que la búsqueda de notoriedad por parte de algunos funcionarios públicos termine vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores de la salud en Panamá.
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Según la asociación, los galenos necesitan un marco legal que respalde la investigación técnica antes de cualquier acción judicial, evitando que situaciones médicas complejas se confundan con negligencia o mala praxis de manera precipitada.
La doctora Arango y el equipo directivo de la asociación instan al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la Nación a establecer protocolos claros para el manejo de denuncias médicas, de manera que se equilibre la investigación judicial con la protección de los profesionales y el respeto a los derechos humanos.
“Es necesario que los médicos puedan ejercer su labor sin temor a detenciones arbitrarias o exposiciones públicas que dañen su trayectoria y la confianza de la población en el sistema de salud”, concluye la misiva.
