La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa) se sumó este 31 de agosto a las voces empresariales que piden al presidente José Raúl Mulino que vete en su totalidad el proyecto de Ley 226, que amplía los descuentos y beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.
Con esta posición, Unprofa se convierte en el segundo gremio que solicita el veto total de la iniciativa, después de que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) también pidiera al Ejecutivo devolver el proyecto a la Asamblea Nacional.
Aunque el gremio farmacéutico asegura compartir el objetivo de proteger a los adultos mayores, sostiene que el mecanismo previsto para compensar a las empresas por los descuentos obligatorios podría resultar insuficiente, especialmente para las farmacias pequeñas y medianas.
El proyecto, aprobado en tercer y último debate con 47 votos, modifica la Ley 6 de 16 de junio de 1987 y amplía los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en áreas como salud, servicios públicos, telecomunicaciones, educación, vivienda y productos de uso personal.
Entre las medidas aprobadas figura un 15% de descuento adicional sobre el precio promocional de productos o servicios. También aumenta de 25% a 30% el descuento en la factura eléctrica e incorpora nuevas rebajas para productos y servicios como pañales para adultos, atención privada de salud a domicilio, dispositivos de apoyo y telecomunicaciones.
Farmacias cuestionan el crédito fiscal
El principal cuestionamiento de Unprofa está relacionado con el crédito fiscal contra el Impuesto sobre la Renta (ISR) contemplado en el proyecto para compensar los descuentos otorgados por las empresas.
El gremio sostiene que este mecanismo no necesariamente permitiría a una farmacia pequeña recuperar la totalidad del valor de las rebajas que está obligada a conceder.
“En la mayoría de nuestras farmacias, el descuento otorgado supera el Impuesto sobre la Renta (ISR) que efectivamente pagamos”, afirmó el presidente de Unprofa, Orlando Pérez, en un comunicado divulgado este lunes.
Para explicar su preocupación, Pérez plantea el siguiente ejemplo: si una farmacia concede $500 mensuales en descuentos a adultos mayores, pero genera $300 en ISR, quedaría una diferencia de $200 que, según Unprofa, no podría recuperar mediante el mecanismo establecido.
La organización considera que esa diferencia afectaría directamente el capital de trabajo de los pequeños establecimientos y pidió que se establezca una vía de reembolso o compensación directa cuando el crédito fiscal no permita recuperar el costo total de los descuentos.
Impacto en las farmacias pequeñas
Además, sostiene que las farmacias comunitarias enfrentan condiciones distintas a las grandes cadenas, debido a sus menores volúmenes de venta y márgenes de operación.
Unprofa afirma que las pequeñas y medianas farmacias trabajan generalmente con márgenes de entre 15% y 20% y cuentan con menores economías de escala para absorber nuevos costos.
A juicio de Unprofa, una obligación de aplicar descuentos sin un mecanismo efectivo de compensación podría afectar la viabilidad de algunos establecimientos.
Entre las consecuencias que advierte están el cierre de farmacias comunitarias, la reducción de puntos de acceso a medicamentos y una mayor concentración del mercado en las grandes cadenas.
También alerta sobre un posible impacto en el empleo local si algunos establecimientos dejan de operar.
El gremio insiste en que su posición no busca cuestionar la protección a los adultos mayores.
“Somos defensores del acceso a medicamentos. Somos defensores de nuestros adultos mayores. Somos defensores del comercio local y del empleo en las comunidades”, sostuvo Pérez.
Se suma a la Cciap
La posición de Unprofa ocurre después de que la Cciap solicitara a Mulino el veto total del proyecto de ley.
La Cámara de Comercio ha advertido que la ampliación de descuentos podría aumentar la presión económica sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyos costos de planilla, alquiler, energía, insumos, financiamiento e impuestos se mantienen o aumentan.
La Cciap también cuestionó el crédito fiscal del 100% previsto en el proyecto y pidió evaluar su viabilidad, el costo para las finanzas públicas y la capacidad real del Estado para hacerlo efectivo.
El proyecto de Ley 226 también aumenta las sanciones por incumplimiento. Las multas pasarían de entre $50 y $1,000 a entre $500 y $10,000, además de contemplar mayores sanciones en caso de reincidencia.
Unprofa propuso una mesa de trabajo con el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud para discutir mecanismos de compensación y alternativas que permitan proteger a los adultos mayores sin comprometer la viabilidad de las farmacias pequeñas.
El proyecto se encuentra ahora en manos de Mulino, quien deberá decidir si sanciona la iniciativa o la devuelve a la Asamblea Nacional mediante un veto.
