El pasado 17 de octubre se conmemoraron 19 años de la tragedia del dietilenglicol, uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de Panamá.
En esta fecha, los familiares de las víctimas y afectados, agrupados en el Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida, exigieron al Gobierno atención y soluciones concretas.
El presidente del comité, Gabriel Pascual, pidió al presidente de la República, José Raúl Mulino, sostener un diálogo directo con las víctimas y reactivar los mecanismos de seguimiento que, según denunció, permanecen paralizados.
“Venimos exigiendo al gobierno actual que nos sentemos, dialoguemos y demos solución inmediata. Ahí está la prueba: una comisión que no se ha reactivado. La comisión de seguimiento no se ha podido reactivar. La comisión evaluadora de salud está en coma”, expresó Pascual.
El dirigente denunció además que más de 500 casos fueron descartados por la comisión evaluadora, “no de forma científica, sino política”, incumpliendo lo establecido en la ley.
Recordó que la Corte Suprema de Justicia recomendó realizar exámenes de toxicología, los cuales hasta la fecha no se han ejecutado.
“Eso es lo que le estamos diciendo al ministro de Salud y a la Comisión de Salud de la Asamblea: tratar de repensar una ley que realmente nos empodere y nos permita salir de esta situación”, puntualizó.
Otros afectados también denunciaron incumplimientos legales y retrasos en la atención médica. El señor Narciso aseguró: “nos tienen desconocidos prácticamente. Ya las leyes que se lograron en las calles, en la lucha por la afectación, no se están cumpliendo”.
Por su parte, la señora Aura lamentó la lentitud de la atención: “Las atenciones médicas no han sido completas. Yo tengo dos años esperando una operación de cataratas”.
Los miembros del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida reiteraron su llamado al presidente de la República y al Ministerio de Salud para que se revisen los casos excluidos, se entreguen las certificaciones pendientes y se garantice una atención médica integral, que les permita acceder a una mejor calidad de vida después de casi dos décadas de espera y lucha.
En conclusión, a 19 años de la tragedia del dietilenglicol, persisten profundas carencias en la atención y reconocimiento de las víctimas en Panamá.
Los familiares, a través del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida, continúan exigiendo al Gobierno medidas concretas, cumplimiento de la ley y reactivación de los mecanismos de seguimiento que permanecen inactivos.
La falta de acción, los retrasos en la atención médica y el descarte de casos sin fundamentos científicos evidencian que aún queda un largo camino por recorrer para garantizar justicia, reparación y una atención integral que permita a las víctimas recuperar su derecho a la salud y a la vida.
