La muerte de dos estudiantes en la comarca Ngäbe Buglé ha vuelto a colocar bajo escrutinio una problemática que se ha repetido durante años. Se trata del riesgo permanente que enfrentan niños y adolescentes al cruzar ríos y quebradas sin infraestructura segura para llegar a sus centros educativos, una realidad que, en muchos casos, convierte el acceso a la educación en una actividad peligrosa.
En menos de una semana se registraron dos nuevos fallecimientos. Uno de ellos fue el de Sergio Ábrego, un joven de 15 años del distrito de Kankintú, quien murió tras ser arrastrado por la corriente mientras intentaba cruzar una zona de difícil acceso. El estudiante fue alcanzado por el caudal de las quebradas Conejo y Frijol, cuyas aguas lo arrastraron hasta el río Cricamola, conocido por los lugareños como el “río de la muerte”, donde posteriormente fue hallado sin vida.
Pocos días después, en la comunidad de Guayacán, autoridades locales confirmaron el hallazgo del cuerpo de Héctor Ábrego, estudiante de noveno grado del Centro Educativo Guayacán. El menor había desaparecido tras intentar cruzar el río Canoa, uno de los afluentes que durante la temporada lluviosa aumenta repentinamente su caudal. Su cuerpo fue encontrado en el río Cricamola, punto donde convergen varios cursos de agua considerados de alto riesgo.
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Estos hechos se suman a la tragedia ocurrida el 27 de octubre de 2025, cuando Melanie y Kimberlin, de 5 y 8 años, perdieron la vida en la comunidad de Cascabel, distrito de Mironó. Las niñas regresaban a casa cuando fueron sorprendidas por la crecida de una quebrada durante fuertes lluvias. El suceso ocurrió en el Día del Estudiante, lo que generó un mayor impacto en la opinión pública y en las comunidades afectadas.
La Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa) y Jóvenes Unidos por la Educación han documentado durante años este tipo de incidentes. Su investigación, titulada Educación Mortal: Crisis Sistemática de Ahogamientos Infantiles en la Comarca Ngäbe Buglé, sostiene que estas muertes no pueden entenderse como hechos fortuitos, sino como la consecuencia de una problemática estructural persistente: la falta de infraestructura segura, la compleja geografía de la región y la ausencia de una intervención estatal sostenida.
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Advertencias del informe y hallazgos
El informe, elaborado tras identificar patrones repetidos de accidentes en zonas específicas, advierte que sin una intervención estatal efectiva podrían registrarse entre tres y cinco muertes documentadas por año relacionadas con cruces peligrosos de ríos y quebradas.
Según la presidenta de Fudespa, Nivia Rossana Castrellón, esa proyección se ha visto confirmada con una rapidez alarmante. A menos de seis meses de la publicación del estudio, ya se contabilizan al menos cuatro fallecimientos.
Castrellón explicó que el trabajo de investigación permitió georreferenciar los puntos críticos donde se han registrado la mayoría de los accidentes. A partir de esa información, se identificaron zonas donde era necesaria la construcción de zarzos (puentes colgantes peatonales) y otras soluciones de conectividad. Sin embargo, muchas de estas obras aún no han sido ejecutadas o presentan avances limitados.
De acuerdo con la organización, desde 2018 se han documentado decenas de casos similares en comunidades rurales e indígenas. En un periodo de 25 años, se estima que entre 55 y 70 personas —en su mayoría menores de edad— han perdido la vida en circunstancias relacionadas con el cruce de ríos para asistir a la escuela. El informe también indica que cerca del 60% de las víctimas tiene entre 5 y 12 años, lo que evidencia la vulnerabilidad de la población infantil en edad escolar.
El docente del Centro Educativo Coronte, en la comarca Ngäbe Buglé, Armando Pineda, afirmó que esta crisis ha sido denunciada desde hace años ante distintas administraciones sin respuestas suficientes. Señaló que anteriormente existían mesas interministeriales para abordar estas necesidades, pero esos espacios de diálogo se han reducido, mientras estudiantes, docentes y comunidades continúan expuestos al riesgo.
Pineda sostuvo que, aunque el Gobierno ha anunciado la construcción de puentes, las obras no cubren todas las zonas críticas, especialmente en la cordillera de Kankintú y la región de Ñokribo, donde cada año se repiten tragedias similares. Añadió que muchas solicitudes han sido ignoradas y que el abandono estatal mantiene a miles de personas en condiciones de vulnerabilidad durante sus trayectos diarios.
El educador insistió en que se requieren con urgencia puentes zarzos, caminos de acceso y escuelas dignas, ya que mientras no se resuelvan estas carencias continuarán las pérdidas humanas. También recordó que no solo estudiantes han sido víctimas de estas condiciones, sino también docentes y miembros de las comunidades más apartadas del país.
Respuesta del Estado y programa de intervención
En paralelo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha defendido las acciones emprendidas para atender esta situación. El ministro José Luis Andrade ha señalado que la construcción de zarzos y caminos en estas áreas responde a un problema histórico que ha limitado durante décadas el acceso seguro a la educación en la comarca Ngäbe Buglé.
El MOP ha puesto en marcha el programa “100 Puentes Zarzos”, anunciado por el presidente José Raúl Mulino en diciembre de 2025, como una iniciativa sin precedentes para atender esta necesidad estructural. El plan contempla la construcción de 100 zarzos divididos en dos fases. La primera fase debe concluir entre julio y agosto de 2026 e incluye la entrega de 50 estructuras.
La segunda fase contempla la construcción de los otros 50 zarzos restantes, la mayoría ubicados en el distrito de Kankintú, una de las áreas más afectadas por las condiciones geográficas y las crecidas de los ríos. Andrade subrayó que no se trata únicamente de puentes colgantes, sino de un proyecto integral que incluye también la apertura de caminos de acceso.
En ese sentido, explicó que se prevé la habilitación de más de 30 kilómetros de caminos en zonas montañosas e inhóspitas, donde en muchos casos los trabajadores deben caminar durante horas para llegar a los puntos de obra.
Sobre los costos de construcción, el ministro rechazó las críticas que plantean valores fijos por estructura. Señaló que los zarzos se miden por metro lineal y que no es correcto establecer un precio único, ya que cada estructura depende de su longitud, altura y condiciones del terreno.
El programa contempla una inversión de 18 millones de dólares para la primera fase y aproximadamente 20 millones de dólares para la segunda etapa. Además, el MOP justificó la utilización de contratación directa por urgencia debido a la necesidad de acelerar la ejecución en zonas donde el riesgo es constante.
Durante una gira reciente, el ministro Andrade visitó el Centro Educativo Básico General de Cascabel, que cuenta con más de 500 estudiantes. Allí observó las condiciones de acceso de la comunidad y se comprometió a regresar en mayo para dar seguimiento a las necesidades de la zona.
“Cada zarzo representa un niño que llega vivo a su escuela y regresa seguro a su casa”, expresó el ministro.
Mientras el Gobierno destaca el avance del programa, las organizaciones sociales insisten en que la velocidad de ejecución es un factor crítico. Más de 17,000 estudiantes continúan expuestos diariamente a cruzar ríos y quebradas sin infraestructura segura, especialmente durante la temporada de lluvias.
El contraste entre las advertencias técnicas, los informes de investigación y la ejecución de las obras mantiene abierto el debate sobre la respuesta del Estado ante una problemática que sigue cobrando vidas en la comarca Ngäbe Buglé.
