Dentro de la Caja de Seguro Social (CSS) se han detectado varios esquemas de corrupción que involucran la aprobación de pensiones irregulares, el robo de medicamentos, la manipulación de sistemas informáticos y la venta ilegal de citas médicas.
Así lo ha revelado el actual director de la entidad, Dino Mon, a lo largo del último año, en medio de las reformas administrativas y del sistema de pensiones.
Jubilaciones fraudulentas
Uno de los casos identificados corresponde a un fraude en el otorgamiento de pensiones, que habría permitido la aprobación de 52 jubilaciones ilegítimas, con un impacto económico estimado en más de $10 millones. La denuncia se presentó el pasado 12 de enero ante el Ministerio Público.
Según la información divulgada por la entidad, la red operaba mediante la alteración de registros informáticos y la creación de relaciones laborales inexistentes, llegando incluso a utilizar datos de personas fallecidas para generar derechos de pensión falsos.
Ante esta situación, la CSS solicitó peritajes informáticos forenses al Ministerio Público para identificar a los funcionarios y terceros presuntamente implicados en la manipulación de los sistemas.
La desaparición del Fentanilo
Otro de los esquemas detectados está relacionado con el manejo irregular de medicamentos, una práctica que el director de la CSS, Dino Mon, ha descrito como una red organizada que opera dentro de la institución.
Uno de los casos más representativos se relaciona con la pérdida de 19 mil ampollas de fentanilo en los almacenes de la CSS en 2022, antes de que llegara la actual administración.
En su momento, la pesquisa comenzó cuando un agente de seguridad encontró un estuche olvidado por un anestesiólogo en un pasillo. En ese estuche se hallaron 25 medicamentos, de los cuales 12 eran ampollas de fentanilo.
Para abril de 2023, la fiscalía ordenó una auditoría para verificar el manejo, la administración y la custodia de este opioide sintético por parte de la CSS.
Las auditorías realizadas por la CSS detectaron diversas irregularidades: la dispensación de medicamentos controlados sin cumplir los requisitos generales de las recetas oficiales; la emisión de algunas recetas por médicos residentes; múltiples solicitudes de ampollas de fentanilo para un mismo paciente; y la falta de control sobre las llaves que resguardan dichos medicamentos.
En este contexto, el Colegio Nacional de Farmacéuticos presentó una denuncia contra el entonces director de la CSS, Enrique Lau Cortés, y otros funcionarios administrativos por incumplimiento de sus deberes como servidores públicos, a raíz de la desaparición del fármaco. Lau Cortés nunca dio a conocer los resultados de las auditorías realizadas, los cuales fueron remitidos al Ministerio Público para ser incorporados a la investigación penal.
La red de medicamentos
Otro caso de medicinas se registró en la provincia de Chiriquí, donde se descubrió que funcionarios arrojaban bolsas con medicamentos a la basura, las cuales eran posteriormente retiradas por indigentes que presuntamente habían sido contratados por el mismo personal de la entidad. La información fue compartida por Mon este miércoles 11 de marzo, cuando comparecía en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional.
Esta práctica, según el actual director de la CSS, provocó desabastecimiento de medicamentos esenciales para el tratamiento de la presión arterial, entre ellos Irbesartán y Amlodipina, afectando la disponibilidad de estos fármacos para los pacientes.
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Para enfrentar este problema, la CSS ha implementó el sistema SALMI, una herramienta tecnológica donada por la Organización de las Naciones Unidas, que permite rastrear en tiempo real el inventario de medicamentos y mejorar el control de la cadena de suministro dentro de la institución.
Las autoridades también identificaron vulnerabilidades en el sistema informático anterior de la institución, el cual permitía que múltiples usuarios modificaran los registros de entrada y salida de medicamentos, facilitando pérdidas millonarias y dificultando el control de inventarios.
En su primer informe al país, el 2 de enero de 2025, el presidente de la República,José Raúl Mulino, se comprometió a acabar con lo que calificó como “la mafia de la medicina” dentro de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas.
Ante esto, la Asociación de Farmacéuticos al Servicio del Estado lamentó las declaraciones, considerando que tales expresiones no reflejan la realidad ni la dedicación con la que los profesionales farmacéuticos de esa dirección desempeñan su labor en pro de la salud pública.
En su momento, el presidente de la asociación, Edgar Andrión, añadió que la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas desempeña un rol crucial en la supervisión y regulación de los procesos que aseguran la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos disponibles en el país.
Prestaciones fraudulentas
En la CSS también se reveló una red de corrupción vinculada al Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE), detectada en septiembre de 2025. En este caso, funcionarios habrían intervenido las cuentas de empleadores dentro de la base de datos, con el objetivo de borrar deudas por miles de dólares y generar créditos a favor de las empresas.
Este tipo de manipulación tiene consecuencias directas para los trabajadores, ya que las cuotas obrero-patronales no quedaban registradas correctamente, lo que podría afectar el reconocimiento de sus aportes y poner en riesgo futuras prestaciones.
El cobro de las citas
En agosto de 2025, Dino Mon, director de la CSS reveló en exclusiva a La Prensa, que se habían detectado redes dedicadas a la venta ilegal de citas médicas, que ofrecían turnos con especialistas por montos de hasta $125.
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Esto hacía que los asegurados afrontaran demoras en la obstención de una cita, tanto en el sistema en línea (citas.css.gob.pa) como en las ventanillas de los departamentos de Registros y Estadísticas de Salud (Reges).
