La Caja de Seguro Social (CSS) presentó este lunes, 12 de enero, una denuncia penal ante el Ministerio Público tras detectar un esquema fraudulento que involucra la alteración irregular de registros informáticos y la asignación indebida de cuotas obrero-patronales, el cual ha derivado, hasta el momento, en la aprobación de 52 pensiones irregulares, con un impacto económico estimado en más de $10 millones.
Según explicó el director general de la institución, Dino Mon Vásquez, las investigaciones preliminares internas realizadas por la actual administración revelaron que entre $3 millones y $4 millones ya se han pagado en concepto de pensiones fraudulentas, resultado de manipulaciones sistemáticas en los sistemas informáticos de la CSS.
“Estos hallazgos no corresponden a errores administrativos aislados, sino que evidencian un patrón organizado de fraude, presuntamente ejecutado en colusión con funcionarios de la institución y terceros, mediante la creación de supuestas relaciones laborales inexistentes, incluso utilizando datos de personas fallecidas, con el objetivo de generar derechos pensionarios ilegítimos”, señaló Mon Vásquez.
El director general subrayó que la institución no tolerará mafias ni redes de corrupción que atenten contra los fondos de los asegurados.
“Cada balboa que se desvía ilegalmente es un golpe directo a la sostenibilidad del sistema y a la confianza de los panameños”, añadió.
En el pasado reciente, Mon también reveló que encontró mafias que vendían citas con especialistas hasta por $125.
Por otro lado, en septiembre de 2025 se detectó una red de corrupción de funcionarios cuyo objetivo era la alteración de la base de datos del SIPE, desde la cual intervenían las cuentas de los empleadores y accedían a las planillas para borrar deudas de miles de dólares, lo que permitía dejar créditos a favor.
Con este delito, los trabajadores resultaban gravemente afectados, ya que no se les acreditaban las cuotas empleado-empleador.
De acuerdo con la denuncia recién presentada, los presuntos delitos incluyen atentados contra el orden económico, la seguridad informática, peculado, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos, entre otras calificaciones que puedan surgir durante el proceso investigativo.
La CSS solicitó formalmente al Ministerio Público la realización de peritajes informáticos forenses, la investigación de funcionarios actuales o pasados involucrados, así como de terceros que se hayan beneficiado de estas irregularidades.
Además, la institución pidió la adopción de medidas urgentes para resguardar toda la evidencia digital y documental relacionada con el caso.
Fuentes internas de la CSS indicaron que ya existieron alertas sobre este tipo de irregularidades durante administraciones anteriores, pero que no fueron atendidas con la seriedad requerida, lo que permitió que las prácticas fraudulentas continuaran y se profundizaran con el tiempo.
El esquema detectado se caracteriza por la creación de relaciones laborales ficticias, algunas de ellas asociadas a personas fallecidas, con el objetivo de generar derechos de pensión que no correspondían.
Esta práctica implicaba la manipulación de los sistemas informáticos de la institución, lo que permitía asignar cuotas obrero-patronales de manera indebida y, posteriormente, autorizar pagos a beneficiarios inexistentes o no autorizados.
“La seguridad de nuestros sistemas y la transparencia en el manejo de los fondos de los asegurados son prioridades absolutas. Por ello, estamos reforzando los controles internos y mejorando nuestros sistemas tecnológicos para garantizar que hechos como estos no se repitan”, aseguró Mon Vásquez.
Expertos en administración pública señalan que este tipo de fraudes puede tener un efecto devastador en la confianza ciudadana y en la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social.
Cada caso de pensión irregular no solo representa una pérdida económica directa, sino que también pone en riesgo la percepción de integridad de la institución.
El caso detectado por la CSS evidencia, según Mon Vásquez, la necesidad de mecanismos de control más eficientes, auditorías constantes y un seguimiento más estricto de las alertas internas.
La institución ha anunciado que reforzará la supervisión de los registros de los asegurados, las bases de datos de las relaciones laborales y los procedimientos de aprobación de pensiones.
El anuncio de la CSS se produce en un contexto en el que la institución ha redoblado esfuerzos por fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, luego de episodios de cuestionamientos sobre la administración de sus recursos en los últimos años
Con esta medida, la CSS refuerza su compromiso con la protección de los recursos de los asegurados y con la integridad de sus procesos administrativos, reiterando que no habrá tolerancia para actos ilícitos que afecten a los fondos de la seguridad social en Panamá.
