De las cuatro denuncias por deficiencias en la atención médica registradas en las últimas dos semanas en el Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera, dos ya se encuentran en la instancia judicial para determinar si hubo mala praxis.
Así lo confirmó Yelkis Gill, la médica salubrista y la directora nacional de Provisión de Servicios de Salud del Ministerio de Salud (Minsa), en entrevista con La Prensa. Detalló que las investigaciones del Ministerio Público corresponden a la muerte de una madre y sus dos bebés, así como al fallecimiento de un hombre en la sala de espera de urgencias.
“Son situaciones muy dolorosas, que afectan a familias completas y nos llaman a reflexionar sobre cómo mejorar la atención en cada punto del servicio”, señaló Gill con evidente conmoción.
Los otros dos incidentes —un paciente que sufrió quemaduras durante la limpieza de una herida abdominal y la muerte de un niño de cinco meses— permanecen bajo investigación administrativa y, según la funcionaria, aún no han sido informados de un procedimiento legal.
Cadena de responsabilidades
Gill señaló con tono firme que cada caso no se queda en un solo nombre, sino que se revisa dentro de una cadena de responsabilidades que abarca al médico que brinda la primera atención, al coordinador que supervisa, al personal que clasifica la urgencia de cada paciente y a las enfermeras que acompañan de cerca el proceso, porque cada eslabón puede marcar la diferencia en la vida de una persona y su familia
“En la trazabilidad del paciente pueden identificarse varios funcionarios, pero no todos tendrán el mismo grado de responsabilidad”, puntualizó.
La médico salubrista aclaró que el Minsa no habla de mala práctica o negligencia médica, ya que son términos de carácter legal. “Nosotros evaluamos si hubo una atención oportuna o tardía, si faltó experticia o si el paciente no recibió el medicamento o insumo requerido a tiempo”, explicó.
De acuerdo con Gill, la entidad no puede determinar culpabilidades, ya que esa no es su competencia. Explicó que, cuando son requeridos por el Ministerio Público, deben aportar información técnica sobre los casos, pero no actúan como peritos. En ese proceso, el peritaje suele recaer en médicos externos, ya sea de la Caja de Seguro Social o del sector privado, con el fin de garantizar equilibrio en las investigaciones.
En el caso del paciente que sufrió quemaduras durante la limpieza de una herida abdominal, Gill aclaró que el médico fue suspendido de los turnos, no por ser considerado culpable, sino como medida preventiva para que la Comisión de Muerte General del Minsa, designada para realizar la investigación, verifique cada detalle en el manejo del paciente.
“La suspensión no es un castigo, es una forma de asegurar que todo el proceso se revise con detenimiento”, comentó. “El objetivo siempre es proteger al paciente y, al mismo tiempo, apoyar al personal para que aprenda de cada caso y pueda brindar un mejor servicio en el futuro”.
Gill explicó que el Minsa puede tomar ciertas acciones desde el punto de vista administrativo, pero en otros casos debe esperar a que las investigaciones judiciales avancen. Además de la suspensión temporal, existen otras sanciones administrativas que se aplican dependiendo de la revisión del expediente y de la evaluación de competencias del personal involucrado.
Para garantizar el cumplimiento de normas y procedimientos, estas revisiones se realizan con apoyo del Consejo Técnico, asociaciones profesionales y otras entidades que validan la idoneidad de los funcionarios.
Comisiones de investigación
Actualmente, el Minsa cuenta con la Comisión de Muerte Materna, que evalúa cada caso de fallecimiento materno, incluyendo madre y niño, con la participación de expertos del Minsa, la Caja de Seguro Social y otros especialistas externos.
Paralelamente, la Comisión de Muerte General revisa los casos en investigación, centrando su análisis en el proceso de atención, el cumplimiento de normas y los procedimientos seguidos, más allá de los protocolos, para determinar de manera objetiva lo ocurrido desde el punto de vista institucional.
Además, Gill resaltó la importancia de la coordinación entre las diferentes instancias del Estado. “No se trata solo de evaluar el caso individual, sino de identificar posibles fallas estructurales que puedan mejorar la atención hospitalaria”, señaló. Explicó que la información recabada por el Minsa sirve para fortalecer los protocolos internos, capacitar al personal y reducir riesgos en la atención de pacientes críticos.
El Hospital Nicolás A. Solano ha sido escenario de varias denuncias, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar los controles internos y la supervisión de procedimientos clínicos.
La mayoría de los casos administrativos se resuelven mediante recomendaciones, capacitaciones y ajustes en la cadena de atención, mientras que los casos judiciales siguen el proceso legal correspondiente.
Gill subrayó que el objetivo de estas investigaciones no es sancionar de manera automática, sino garantizar que los pacientes reciban atención segura y que el personal médico cumpla con los estándares establecidos.
“Cada investigación es una oportunidad para mejorar, no solo para determinar responsabilidades. Cada paciente que atendemos merece que demos lo mejor de nosotros”, dijo.
Admite que el hospital atraviesa una crisis. “Por ello, estamos dedicando el 100% de nuestros esfuerzos para fortalecer el hospital, no solo en infraestructura, sino también en recursos humanos, procesos administrativos, gestión y el acercamiento con la población”, concluyó Gill con un llamado a la responsabilidad y la empatía en el sistema de salud.
