CAOS URBANO

Decenas de quejas por violación de normas

Incumplimiento a los estudios de impacto ambiental y a los permisos de construcción dominan los reclamos de los ciudadanos.

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En los últimos meses los miembros de la Red Ciudadana Urbana han emprendido acciones contra varias construcciones. Incluso el pasado 13 de septiembre protestaron frente al Consejo Municipal de Panamá. En los últimos meses los miembros de la Red  Ciudadana Urbana han emprendido acciones contra varias construcciones.   Incluso el pasado  13 de septiembre  protestaron frente  al Consejo Municipal de Panamá.
En los últimos meses los miembros de la Red Ciudadana Urbana han emprendido acciones contra varias construcciones. Incluso el pasado 13 de septiembre protestaron frente al Consejo Municipal de Panamá. LA PRENSA/Archivo

La Red Ciudadana Urbana de Panamá ha interpuesto 42 denuncias en diferentes instancias contra proyectos de construcción privados y estatales por violar normas.

De ese total, 30 obras fueron desarrolladas por promotores particulares, mientras que 12 fueron impulsadas por entidades públicas. La mayoría tiene que ver con incumplimiento al estudio de impacto ambiental o al permiso de construcción.

María Chávez, presidenta de la Red, explicó que las quejas llegan al Ministerio de Ambiente, al Municipio de Panamá o en última instancia a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Algunas están en proceso de evaluación y otras fueron decididas”, aportó.

La más reciente tiene que ver con el P.H. Scala, en Bella Vista, en la que la Sala Tercera decidió declarar nulo por ilegal el estudio de impacto ambiental aprobado en el año 2011 para la construcción de la obra, aunque el inmueble ya está listo.

Chávez señaló que muchas veces los fallos llegan tarde, como fue este caso. Además, subrayó que no se trata solo de proyectos particulares sino también de obras estatales, como la Ciudad de la Salud, en Ancón, que está muy cerca de un área protegida y de la zona de amortiguamiento del Canal de Panamá.  

Raisa Banfield, vicealcaldesa del distrito de Panamá, considera que en la mayoría de las denuncias los vecinos tienen “la razón”, y que los permisos para los proyectos se dieron sin planificación.

La Red ha protestado en la Alcaldía y en ferias inmobiliarias en Atlapa. 

LOS INDIGNADOS POR EL CAOS URBANO

Para varias comunidades del distrito de Panamá no fue fácil en los últimos años quedar atrapadas entre grandes edificios, obras estatales o centros comerciales.  

Organizaciones de vecinos en áreas como Coco del Mar, Altos del Golf, El Carmen y Llanos de Curundú dicen no asimilar este “crecimiento urbano”, por carecer de planificación y respaldo de las autoridades.

Esto motivó que más de 35 comunidades, aglutinadas en la Red Ciudadana Urbana de Panamá, comenzaran desde 2012 una lucha que ha dejado como saldo unos 42 proyectos de construcción denunciados en diferentes instancias, como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Ambiente y en el Municipio de Panamá.

María Chávez, presidenta de la Red, señaló que no ha sido una tarea fácil, pues cada denuncia les puede estar costando 5 mil dólares. “Denunciar una obra sale caro. Además de eso, también tenemos con frecuencia que recordarle a las autoridades el papel que deben cumplir por ley”, puntualizó Chávez.

A raíz de su insistencia consiguieron dos victorias el años pasado: lograron obtener su personería jurídica y además lograron que la Alcaldía de Panamá incluyera a dos miembros de la Red dentro de la Junta de Planificación con derecho a voz y voto. Antes solo tenían uno con derecho a voz.

Esta junta es la que ahora define los cambios de zonificación en el distrito de Panamá, y que a la postre pueden llevar o no a la construcción de más rascacielos o grandes proyectos en determinado lugar que resulta atractivo para un promotor.

Además de los dirigentes comunitarios, la junta también está conformada por autoridades de la Alcaldía, representantes de corregimientos del distrito de Panamá, un miembro de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, así como de un funcionario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

LAS DENUNCIAS

Varias de estas quejas han sido resueltas después de haberse presentado años atrás, mientras que otras aún aguardan por una decisión. Por ejemplo, el conflicto urbano más reciente, y que solo aguarda un dictamen del Municipio de Panamá, tiene que ver con el proyecto P.H. Scala, en Bella Vista.

En este caso, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia anuló dos resoluciones de estudios de impacto ambiental que aprobó la desaparecida Autoridad Nacional del Ambiente.

Ahora, la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio evalúa si otorga o no el permiso de construcción al proyecto, ya que por un lado están los residentes de Bella Vista cuestionando desde un principio las “ilegalidades” de la obra, de la cual solicitan su demolición. En tanto, quienes compraron apartamentos en ese inmueble señalan que quieren su permiso de ocupación.

Incluso, la empresa promotora del proyecto, Urbe Desarrollo y Construcción, consideró a través de un comunicado que el fallo fue “extemporáneo”, pues fue emitido posterior a que el proyecto cumpliera con planos aprobados, permiso de construcción, al igual que aprobaciones finales de interconexión de todas las instituciones gubernamentales.

Por su parte, Tomás Sosa, expresidente de la Comisión de Urbanismo de la Sociedad Panameña de Ejecutivos de Empresa, sostuvo que en este tipo de casos se debe buscar un entendimiento entre la comunidad y los inversionistas. “Si hubo una falta se debe sancionar, pero demoler una edificio ya construido es un tema complejo”, aportó.

De Coco del Mar, corregimiento de San Francisco, también surgieron denuncias que llegaron al municipio y al Ministerio de Ambiente por la instalación de una planta dispensadora de concreto. En ese sentido, la Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar planteó que llevan años tratando de que las autoridades comprendan que el área no da para seguir levantando edificaciones.

“Estamos viviendo en un verdadero caos”, fue el planteamiento de Pablo Ruidíaz, residente del área.

Los promotores de esta obra, Coco del Mar PTY, S.A., señalan que el proyecto se encuentra en una zonificación que permite el desarrollo de edificios de alta densidad residencial, y que llevaron a cabo dos procesos de “participación ciudadana” para informar a los vecinos sobre la obra.

Dentro de ese mismo corregimiento, pero en la comunidad de Punta Paitilla, las denuncias también llegaron a la Corte.

Los vecinos se quejaron por la construcción de los P.H. Ocean Front, Bay Towers y Sea Point. El abogado de los residentes de Paitilla, Harley Mitchell (hijo), explicó que solicitaron la anulación de los estudios de impacto ambiental de estos tres edificios, pero hasta el momento no reciben una respuesta de las autoridades judiciales.

Los representantes de estos tres proyectos han señalado que no están “ invadiendo espacio marítimo ni tomando la servidumbre”, como señalan los residentes.

EL ESTADO, EN LA MIRA

Pero no solo los proyectos de promotores privados han sido querellados por la comunidades que forman parte de la Red. También hay construcciones estatales. 

Dos de estas fueron el proyecto Ciudad de la Salud y el nuevo Mercado de Abastos, levantados durante el pasado gobierno, ambos en el corregimiento de Ancón.

 La Ciudad de la Salud, en   Ancón,  es uno de los proyectos del  Gobierno que ha sido querellado.

 

La principal inquietud de los residentes de ese corregimiento y de la Red Ciudadana Urbana es que estas obras fueron edificadas muy cerca del Parque Nacional Camino de Cruces y además en la zona de amortiguamiento del Canal de Panamá. No obstante, en ambos casos no fueron admitidas las demandas.

“Se trata de áreas boscosas importantes para el país”, argumentó Mitchell, quien también fue director de Legal de la desaparecida Autoridad del Ambiente. 

Para la vicealcaldesa del distrito de Panamá, Raisa Banfield, en la mayoría de los casos los residentes afectados tienen la razón, ya que no se ha considerado la situación real de los barrios.

Citó como ejemplo lo sucedido con calle Bambú, en San Francisco, donde se quiere levantar un edificio sin contar con la infraestructura adecuada, aunque sus promotores señalan que cumplen con todas las normas y permisos.

Banfield sostuvo que el problema de fondo es que todos estos proyectos se levantaron con permisos otorgados por instituciones hace varios años, con mucha “irresponsabilidad”. “Se les otorgaron usos de suelo sin un plan de inversión que sostuviera esos cambios de zonificación”, puntualizó.

Frente a esto, detalló que licitaron un Plan de Ordenamiento Territorial para San Francisco, por ser la zona que más está creciendo en el centro de la ciudad.

Mientras que en octubre estarán llevando a cabo un acto público para elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial para todo el distrito.

“Definitivamente hay un agotamiento colectivo y por eso todas estas denuncias. Este plan permitirá definir con planificación los proyectos en el distrito”, manifestó.

Por su parte, José Batista, expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y también exviceministro de Vivienda, subrayó que es “bueno” que la comunidad esté al tanto de denunciar los abusos que los promotores puedan cometer. Sin embargo, consideró que las autoridades deben buscar el equilibrio entre las nuevas construcciones con la convivencia pacífica de esos barrios, para no afectar la seguridad jurídica de los inversionistas que aportan al crecimiento del país.

“Si el Estado aprueba un permiso ambiental o de construcción, cómo puede venir a decir después que es nulo cuando una obra está totalmente construida. Este tema debe ser evaluado”, acotó Batista.

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