La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 328, una iniciativa que busca regular y transparentar el manejo de los fondos de las asociaciones de padres de familia en los centros educativos del país, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en distintas comunidades.
El proyecto fue presentado por la diputada Patsy Lee, quien defendió la propuesta al señalar que los padres de familia son “un pilar fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje” y deben ser parte activa de la comunidad educativa. Explicó que la iniciativa responde a preocupaciones recurrentes sobre el uso inadecuado de los recursos económicos vinculados a estas organizaciones.
Durante la sustentación del proyecto de ley, se indicó que, entre los años 2016 y 2025, se han registrado 101 casos de presuntos malos manejos en asociaciones de padres de familia a nivel nacional.
Entre las irregularidades detectadas figuran gastos injustificados que no benefician directamente a los estudiantes, la falta de rendición de cuentas durante largos periodos —sin informes financieros ni auditorías—, entre otras.
Según Lee, con este proyecto de ley se unifican y actualizan normativas vigentes desde hace más de cuatro décadas, como los decretos que regulaban por separado las asociaciones en primaria y secundaria, con el objetivo de establecer reglas más claras y mecanismos de control más estrictos.
Se trata del Decreto 3 del 20 de enero de 1989, que dicta el estatuto de las asociaciones de padres de familia en las escuelas oficiales del nivel primario, y del Decreto 245 del 16 de julio de 1985, que regula las asociaciones en la educación secundaria (premedia y media).
Con la nueva normativa, uno de los principales cambios es que se establece que todas las asociaciones deberán manejar sus fondos a través de cuentas bancarias, con el respaldo de entidades como el Banco Nacional de Panamá. Además, se fija en 500 dólares el monto de la caja menuda, se exigen informes financieros periódicos con respaldo documental y se obliga a mantener registros dentro de los planteles educativos.
La ley también incorpora medidas de transparencia, como la publicación de información en murales escolares y en el portal del Ministerio de Educación (Meduca), así como la justificación de deudas entre juntas salientes y entrantes. Asimismo, introduce un régimen de prohibiciones, infracciones y sanciones, ante lo que la diputada calificó como un vacío legal que ha permitido que casos de presunta malversación queden sin consecuencias.
El proyecto fue aprobado en tercer debate con 50 votos a favor y actualmente está a la espera de la sanción del Ejecutivo para convertirse en ley de la República, en medio de un debate que enfrenta la necesidad de mayor control y transparencia con preocupaciones sobre su impacto en las familias y el sistema educativo.
Proyecto 328 genera críticas
Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas. El presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, Ariel Hughes, cuestionó la ley al considerar que no introduce cambios sustanciales y, por el contrario, podría generar riesgos legales y económicos para las familias.
Para Hughes, la Ley 328 no introduce cambios estructurales al sistema, sino que consolida y eleva a rango legal normas ya existentes. Además, considera que “su principal aporte radica en fortalecer la trazabilidad de los fondos, delimitar responsabilidades y tipificar consecuencias administrativas y penales”.
No obstante, el vocero de los padres de familia señaló que la efectividad de la norma dependerá de la fiscalización del Meduca y de la actuación del Ministerio Público, ya que, sin control, la ley podría quedar como una medida declarativa.
Hughes advirtió que algunos artículos del proyecto 328 podrían vulnerar derechos constitucionales al permitir la participación de directores en las juntas de padres y al introducir costos adicionales, como seguros estudiantiles y cuotas que, según dijo, podrían volverse obligatorias.
Uno de los artículos del proyecto de ley 328 indica, con respecto a la cuota, que “todos los miembros activos pagarán una cuota anual a la Asociación de Padres de Familia del centro educativo al momento de matricular al estudiante”.
Además, criticó que la ley traslade responsabilidades del Estado a los padres de familia, incluyendo gastos en infraestructura, comedores escolares, materiales didácticos y servicios profesionales, pese a que estos deberían ser cubiertos con fondos públicos.
Según Hughes, estas disposiciones podrían contradecir el principio de gratuidad de la educación y derivar en efectos sociales como la deserción escolar o la exclusión de estudiantes.
Aunque reconoció como positivo el manejo de fondos a través de cuentas bancarias, insistió en que esta medida pudo implementarse mediante mecanismos administrativos sin necesidad de una nueva ley.
Por su parte, Carlo Cedeño, representante de una asociación de padres de familia en Chiriquí (escuela particular), explicó que el proyecto de ley no incluye a las escuelas particulares. “Es un error grande porque en las escuelas particulares hay asociaciones de padres de familia conformadas, incluso con personería jurídica”, indicó.
Cedeño considera que toda agrupación de padres debe contar con personería jurídica y con una certificación en el registro Público, sin embargo, los grupos no se están constituyendo legalmente y la autoridad no está cumpliendo su rol de fiscalizar esas labores.
“Como no se constituyen las asociaciones con su personería jurídica , Meduca se deslinda de su obligación de supervisar estos grupos”, dijo Cedeño. Incluso destacó que es la Dirección Nacional de Padres de Familia del Meduca, quien debe realizar esa labor.
Se buscó la posición del Meduca, con respecto a las actuales regulaciones de las Asociaciones de Padres de Familia, así como estadísticas de cuántas hay conformadas a nivel nacional, sin embargo, al cierre de la nota no se dio respuestas.
