Durante 2025, el Ministerio de Educación (Meduca) remitió unos 300 casos relacionados con violencia, abuso sexual y embarazos adolescentes al Ministerio Público, tras ser detectados en centros educativos del país por los gabinetes psicopedagógicos, como parte de los protocolos de protección del interés superior del menor.
La información fue confirmada por Verushka Ordás, psicóloga y directora nacional de Servicios Psicoeducativos del Meduca, quien explicó que estas remisiones se produjeron luego de intervenciones psicosociales realizadas en más de 415 centros educativos, donde se atendieron situaciones que trascienden lo académico y reflejan problemáticas sociales profundas que impactan directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Ordás detalló que, a través de los equipos de psicología y trabajo social, el Meduca brinda atención preventiva e individual a una población que supera los 300 mil estudiantes. Estas intervenciones incluyen evaluaciones psicológicas, acompañamiento social y trabajo coordinado con padres de familia y docentes, con el objetivo de lograr una atención integral del estudiante y de su entorno.
Según la funcionaria, las principales causas que motivan la atención individual en los gabinetes psicopedagógicos están relacionadas con el bajo rendimiento académico, los problemas conductuales y los conflictos familiares y emocionales.
Sin embargo, advirtió que, al profundizar en muchos de estos casos, se identifican situaciones más complejas, como violencia intrafamiliar, abuso sexual y embarazos producto de relaciones con adultos.
“Cuando detectamos que una adolescente embarazada ha sido violentada por un adulto, estamos obligados a denunciar. No se trata de una decisión discrecional, sino de una responsabilidad legal”, subrayó Ordás.
En estos casos, explicó, se activa de inmediato el canal correspondiente hacia el Ministerio Público, sin que el centro educativo tenga que realizar una investigación previa, ya que basta con la existencia de una sospecha fundada para presentar la denuncia.
Actualmente, el Meduca cuenta con 179 equipos psicosociales distribuidos en distintas regiones educativas del país, los cuales no atienden de forma exclusiva a una sola escuela, sino a múltiples centros por región.
Para 2025, la institución tiene previsto instalar 80 equipos adicionales, como parte de un plan quinquenal que busca superar los 459 gabinetes psicopedagógicos, especialmente en áreas que carecen de atención especializada permanente.
La directora nacional de Servicios Psicoeducativos destacó que los programas impulsados por el Meduca, como Escuela para Padres, Entre Pares y Liderazgo, incorporan de manera transversal el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, tanto en estudiantes como en docentes y familias, con el fin de prevenir situaciones de riesgo y fortalecer la toma de decisiones responsables.
Este panorama se enmarca en una problemática de alcance nacional. En Panamá, cada día al menos 21 niñas y adolescentes, de entre 10 y 19 años, enfrentan un embarazo, según cifras de control prenatal del Ministerio de Salud (Minsa). Detrás de este promedio diario se repiten historias que evidencian la magnitud de un problema persistente de salud pública, cuyas consecuencias trascienden el ámbito sanitario y se extienden a los sectores educativo, social y económico del país.
Las cifras oficiales confirman que el embarazo adolescente continúa siendo una problemática estructural. Entre 2021 y 2024, Panamá registró 27,953 embarazos en este grupo etario, con un promedio anual que oscila entre 6 mil y 7 mil casos. Aunque se ha registrado una reducción progresiva en comparación con años anteriores, el fenómeno sigue afectando a miles de menores y pone en evidencia debilidades en los sistemas de prevención y atención integral.
Solo en 2024, el número de adolescentes en control prenatal ascendió a 5,133. Sin embargo, el informe estadístico del Minsa no incluye los datos correspondientes a la comarca Ngäbe Buglé, lo que sugiere que la magnitud real del problema podría ser aún mayor. Esta ausencia de información limita la capacidad de dimensionar con precisión el impacto del embarazo adolescente en una de las regiones históricamente más vulnerables del país.
El caso del internado en Veraguas
En 2025, los casos más relevantes de embarazos en jóvese concentraron en dos centros educativos de la provincia de Veraguas. En uno de ellos se reportaron cuatro estudiantes embarazadas, mientras que en otro plantel con modalidad de internado se contabilizaron 14 casos, cifras que encendieron las alertas de las autoridades educativas.
En ese contexto, Ordás se refirió específicamente a los casos de adolescentes embarazadas registrados en un internado de la provincia, los cuales generaron preocupación pública tras la difusión de denuncias en redes sociales. La funcionaria aclaró que parte de la información divulgada fue imprecisa, al dar la impresión de que los embarazos se habrían producido dentro del centro educativo o como consecuencia de un mismo hecho.
“No hubo ningún embarazo que se originara dentro del internado ni durante el período escolar”, precisó. Explicó que algunas adolescentes ingresaron al centro educativo ya en estado de embarazo, lo que activó de inmediato los protocolos de atención en salud, las adecuaciones académicas y el acompañamiento psicosocial correspondientes.
No obstante, indicó que en varios de estos casos se determinó que los embarazos fueron producto de relaciones con adultos, por lo que las situaciones fueron remitidas al Ministerio Público y siguieron el curso investigativo correspondiente, fuera del ámbito de competencia del Meduca.
El Meduca explicó que cada vez que se detecta un embarazo en una estudiante se activan los protocolos interinstitucionales, que incluyen la intervención de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), el Ministerio Público y los juzgados de niñez y adolescencia.
Ordás recordó que cualquier docente, padre de familia, personal administrativo o ciudadano que tenga conocimiento o sospecha de una situación que vulnere los derechos de un menor está legalmente facultado para presentar una denuncia, conforme a las leyes 285 y 289, relacionadas con la prevención de la violencia y la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Finalmente, la funcionaria subrayó que, más allá de las cifras, el enfoque del Meduca está centrado en la prevención primaria, la detección temprana y el acompañamiento continuo. “Puede tratarse de uno o de cien casos, pero nuestro objetivo es que ninguna niña o adolescente enfrente sola una situación de violencia o un embarazo no deseado”, concluyó.
Más allá de las cifras y los expedientes remitidos, las autoridades reconocen que cada caso representa una historia marcada por vulnerabilidades que se originan fuera del aula, pero que impactan directamente en la trayectoria educativa de niñas y adolescentes. De allí, subrayan, la importancia de intervenir a tiempo para evitar que la violencia y el embarazo temprano sigan truncando proyectos de vida.
