Entre 2020 y 2025, los estudiantes panameños del sector oficial han perdido casi 550 días de clases presenciales, la interrupción educativa más larga registrada en el país y una de las más graves en el mundo.
Esta situación afecta a aproximadamente 800,000 jóvenes y trae consecuencias muy serias para su futuro académico, laboral y social, según un reciente estudio Sexenio perdido: Efectos económicos y sociales de las interrupciones educativas consecutivas en Panamá elaborado por la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa) y Jóvenes Unidos por la Educación.
Fudespa es una organización sin fines de lucro dedicada a promover el desarrollo social y educativo en Panamá, apoyando proyectos que buscan mejorar la calidad de vida y las oportunidades de la población.
Por su parte, Jóvenes Unidos por la Educación es un grupo de jóvenes activistas y expertos en educación comprometidos en impulsar cambios reales en el sistema educativo, para asegurar que las nuevas generaciones tengan acceso a una educación de calidad y puedan enfrentar con éxito los retos del futuro.
El estudio revela que la pandemia de covid-19 y otras dificultades sociales y económicas han provocado una pérdida acumulada de entre 490 y 550 días lectivos presenciales.
Esto significa que, en promedio, un estudiante panameño ha pasado casi tres años sin asistir regularmente a clases presenciales, lo que constituye una de las interrupciones más prolongadas documentadas a nivel global. El impacto se siente en todos los niveles, desde preescolar hasta secundaria.
Una de las consecuencias más alarmantes es que esta pérdida de días de clase tiene una correlación muy fuerte con el aumento de la informalidad laboral entre los jóvenes.
Según el estudio, existe una relación estadística significativa que indica que mientras más días de clases se pierden, más jóvenes terminan trabajando en empleos informales, es decir, sin contratos formales, prestaciones sociales ni seguridad laboral. De hecho, el 60% de los trabajos disponibles para los jóvenes son informales, lo que refleja una precarización grave del empleo juvenil.
Otro grupo preocupante es el de los llamados “ninis”, jóvenes que ni estudian ni trabajan. El estudio muestra que la interrupción educativa ha aumentado considerablemente el número de jóvenes en esta situación, quienes se ven excluidos tanto del sistema educativo como del mercado laboral, quedando en un limbo social que puede afectar negativamente su desarrollo personal y profesional a largo plazo.
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La situación es especialmente crítica para las mujeres jóvenes. Las tasas de desempleo femenino juvenil en 2024 alcanzan el 23.4%, mucho más alta que la tasa masculina, que es de 13.7%. Además, las mujeres representan un 33% de la población “Nini”, casi el doble que los hombres, quienes constituyen el 18%. Esto confirma que las interrupciones educativas han profundizado las desigualdades de género preexistentes, afectando más severamente a las jóvenes.
Los expertos advierten que, sin intervenciones rápidas y efectivas, las generaciones afectadas podrían experimentar una reducción permanente en sus ingresos de entre el 21% y el 28% durante toda su vida laboral. Esta pérdida no solo impacta en el bienestar individual de estos jóvenes, sino que también afecta la movilidad social y el desarrollo económico del país, limitando las oportunidades de crecimiento y progreso para toda la sociedad.
Para enfrentar esta crisis, Fudespa y Jóvenes Unidos por la Educación proponen una serie de recomendaciones que buscan atender los problemas urgentes detectados en el estudio.
La primera es la creación e implementación de un Plan Nacional de Recuperación Educativa, que incluya programas intensivos de nivelación académica y recuperación de contenidos fundamentales para que los estudiantes puedan ponerse al día y fortalecer sus aprendizajes.
Dentro de este plan, se recomienda continuar y ampliar el Programa de Recuperación Integral y Socioemocional de Aprendizajes (PRISA), que desde 2022 está disponible en el sistema educativo panameño. Este programa ofrece recursos pedagógicos para docentes, estrategias de formación y propuestas de innovación para escuelas, con el objetivo de acelerar la recuperación de aprendizajes y atender también las necesidades socioemocionales de los estudiantes, afectadas por el largo período de interrupción.
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Asimismo, se sugiere mantener y fortalecer el Programa ATAL (Aprendamos Todos A Leer), que se enfoca en mejorar la lectura y la comprensión lectora desde preescolar hasta noveno grado, áreas básicas para el éxito académico y la inserción laboral.
El estudio también destaca la necesidad de rediseñar los programas de inserción laboral juvenil, como “Aprender Haciendo”, para que sean más efectivos y puedan atender a un número mayor de jóvenes, con especial énfasis en las mujeres, quienes han sido las más afectadas.
Además, se proponen políticas específicas para fomentar la formalización del empleo juvenil, incluyendo incentivos fiscales para las empresas que contraten jóvenes de forma formal, lo que ayudaría a reducir la informalidad y mejorar las condiciones laborales.
Finalmente, Fudespa y Jóvenes Unidos por la Educación insisten en que se debe garantizar el cumplimiento efectivo de la inversión del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, y aplicar con rigor las políticas públicas orientadas a la equidad, calidad, gestión e inversión educativa, como lo establecen iniciativas nacionales y regionales que buscan asegurar una educación digna y con igualdad de oportunidades para todos.
Panamá enfrenta un desafío urgente: recuperar el tiempo perdido en educación para proteger el futuro de miles de jóvenes y evitar que la crisis educativa se convierta en una crisis social y económica mayor.
Aquí el estudio completo:
