Después de 81 días de paro, cientos de docentes regresaron este lunes 14 de julio a las aulas, luego de que los gremios magisteriales firmaran un acuerdo con el Ministerio de Educación (Meduca). La protesta, que comenzó el 23 de abril en rechazo a la polémica Ley 462 —reforma al sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social—, se convirtió en uno de los conflictos más prolongados del sector educativo.
Pero más allá del regreso a clases, una de las mayores preocupaciones entre los educadores gira en torno a los procesos disciplinarios abiertos durante el paro, y lo que finalmente se logró acordar sobre este tema.
Durante un webinar realizado la noche del domingo, los dirigentes de los principales gremios reconocieron que muchos docentes enfrentan actualmente notificaciones disciplinarias o incluso han sido separados de sus cargos. Frente a esto, los gremios enfatizaron que el acuerdo firmado con Meduca establece lineamientos claros para proteger los derechos de los docentes que participaron en la huelga.
Notificaciones válidas: qué dicen los gremios
Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con la validez de las notificaciones recibidas por los docentes. Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), fue claro al señalar que ningún docente puede considerarse legalmente notificado si recibió comunicaciones únicamente por llamadas, mensajes de texto, WhatsApp o correo electrónico.
Según explicó, para que una notificación sea válida, debe cumplirse el siguiente procedimiento:
Realizar al menos dos visitas domiciliarias en días distintos, registradas en el expediente del docente.
En caso de no ubicar al educador, se debe colocar un edicto en la puerta de su residencia o del centro educativo.
Si el docente se niega a firmar la notificación en presencia de un testigo, entonces también se considera notificado legalmente.
Esto implica que muchos de los procesos abiertos podrían ser anulados si no cumplieron con este protocolo formal, explicó Ábrego.
Reconsideración y garantías
Uno de los puntos clave del acuerdo es que los docentes notificados formalmente tienen derecho a presentar un recurso de reconsideración ante sus directores escolares, quienes deben emitir una respuesta en un plazo máximo de cinco días hábiles. Además, los directores están obligados a justificar por escrito si deciden mantener abierto el expediente o archivarlo.
El veredicto está en manos de los directores, quienes, según lo señalado en junio pasado por el contralor general de la República, Anel Flores, no estaban reportando la asistencia de los educadores. “Muchos de estos directores apoyan la medida de paro y, como resultado, no han cumplido con su función administrativa”, afirmó en esa ocasión.
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Los gremios han reiterado que la participación en una huelga legal no debe ser interpretada como una falta de moral, ética o buena conducta. Por lo tanto, no puede usarse como base para sanciones disciplinarias injustificadas.
Finalmente, los dirigentes magisteriales reafirmaron su compromiso de ofrecer respaldo legal y gremial a todos los docentes que enfrenten procesos administrativos como consecuencia de su participación en el paro. Advirtieron que continuarán vigilantes para garantizar que no se impongan represalias ilegales o desproporcionadas.
“La lucha no ha terminado. El regreso a clases no puede significar impunidad para quienes quieran castigar a los docentes por ejercer un derecho legítimo”, afirmaron.
Por su parte Alberto Díaz, secretario general de la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá, anunció que las acciones legales serán presentadas ante diversas instituciones, entre ellas la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el Ministerio Público, la Procuraduría de la Administración y la Defensoría del Pueblo, acusando a los directores de abuso de autoridad y de violación de derechos laborales fundamentales.
“Cada agresión administrativa tendrá respuesta legal. No vamos a dejar a ninguno solo”, subrayó Díaz, quien insistió en que estas denuncias buscan frenar la arbitrariedad y restaurar el principio de legalidad dentro del sistema educativo.
Sobre el tema, Jaime Castillo, asesor legal del Meduca, explicó que los docentes que han recibido notificaciones formales sobre la apertura de procesos de investigación, los cuales aún no constituyen un pliego de cargos formal, y que tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa. “Lo que se les ha notificado a ellos es un acto institucional. Se les van a respetar todas las garantías, especialmente el derecho de defensa”.
A pesar del retorno parcial y desigual a las aulas, el tema disciplinario seguirá siendo uno de los focos de atención en las próximas semanas, mientras se aplican los mecanismos de reconsideración y se revisa la legalidad de las notificaciones emitidas durante el conflicto.
