La decisión de la Contraloría General de la República de reducir de forma drástica el límite para la delegación de refrendo en el Municipio de San Miguelito provocó la reacción del exdiputado Juan Diego Vásquez, quien acusó al órgano fiscalizador de aplicar un trato selectivo y de utilizar los mecanismos de control financiero como una herramienta de presión política contra autoridades locales que no son afines.
Vásquez cuestionó la medida, que reduce de $50,000 a apenas $1,000 el monto máximo que pueden refrendar los coordinadores, jefes y supervisores de fiscalización de la Contraloría en San Miguelito. Según el exdiputado, la decisión no responde a criterios técnicos ni administrativos, sino que constituye una acción dirigida exclusivamente contra este distrito y, en particular, contra la alcaldesa Irma Hernández, con quien el contralor Anel Flores mantiene un enfrentamiento público desde hace semanas.
“Quieren destruir a San Miguelito y a su alcaldesa”, planteó Vásquez en su cuenta de Instagram. En su pronunciamiento, el exdiputado cuestionó que la Contraloría haya optado por una restricción de este calibre en San Miguelito, mientras que otros municipios señalados por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos continúan operando sin limitaciones similares.
Como ejemplo, Vásquez mencionó los casos de Chame y San Carlos, municipios que —según ha denunciado de forma reiterada— habrían recibido recursos que no debieron haber recibido y que posteriormente fueron transformados en donativos y subsidios. En esos expedientes, señaló, la Contraloría se limitó a anunciar auditorías, sin imponer medidas que afectaran directamente la operatividad administrativa de las alcaldías.
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“Esas alcaldías siguen funcionando perfectamente bien, pero el contralor ahora decidió actuar en San Miguelito sin ningún motivo aparente”, sostuvo el exdiputado, quien considera que la reducción del límite de refrendo no tiene precedentes recientes y genera un impacto directo en la capacidad de gestión del municipio.
Para Vásquez, la decisión está directamente relacionada con la postura asumida por la alcaldesa Hernández frente al conflicto por el servicio de recolección de basura y con su negativa a ceder ante presiones e intereses económicos. En ese sentido, calificó la medida como una represalia institucional contra una administración municipal que, según su versión, ha frenado negocios irregulares y ha incomodado a actores con poder político y económico.
“Este es el ejemplo más claro del trato desigual a los amigos chen chen y a los enemigos plomo”, afirmó Vásquez, aludiendo a una supuesta utilización política de los mecanismos de control fiscal para favorecer a aliados y castigar a adversarios.
Medida de la Contraloría en San Miguelito
La reducción del límite de refrendo fue formalizada mediante la Resolución No. 150-DNFG del 16 de enero de 2026, firmada por el contralor Anel Flores y publicada en la Gaceta Oficial el martes 20 de enero. A partir de esta disposición, cualquier documento municipal que supere los $1,000 deberá ser remitido a la sede central de la Contraloría para su refrendo, eliminando la posibilidad de que estos trámites se resuelvan a nivel distrital.
Funcionarios municipales y críticos de la medida han advertido que este cambio podría ralentizar de manera significativa el pago a proveedores, la firma de contratos, la ejecución de proyectos comunitarios y la prestación de servicios básicos, en un distrito que es uno de los más poblados y con mayores demandas sociales del país.
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A la reducción del límite de refrendo se suma otra decisión que ha generado preocupación: las planillas municipales dejarán de procesarse en la sede distrital de la Contraloría y pasarán a la oficina central. Según sectores municipales, esta medida incrementará los tiempos de tramitación y concentrará aún más los controles administrativos en la capital, afectando la operatividad diaria del municipio.
Hasta el momento, la Contraloría General de la República no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre las razones técnicas o administrativas que motivaron la reducción del límite de refrendo únicamente en San Miguelito. Tampoco ha respondido de forma directa a los señalamientos de trato discriminatorio y de uso político del control fiscal planteados por Vásquez.
El pronunciamiento del exdiputado se produce en medio de un conflicto más amplio entre la alcaldía de San Miguelito y el Gobierno Central, originado por el vencimiento del contrato de la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), que durante 25 años prestó el servicio de recolección de basura en el distrito. Tras la expiración del contrato, el Ministerio de Salud y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) anunciaron que esta última asumiría el servicio, pese a que aún estaba pendiente el refrendo de la Contraloría, lo que generó un choque institucional con la alcaldesa Hernández.
En ese contexto de confrontación, la reducción del límite de refrendo es vista por Vásquez y otros actores políticos como una nueva escalada en un conflicto que ha dejado de ser meramente administrativo y que, según advierten, amenaza con profundizar la crisis política y de servicios públicos que enfrenta San Miguelito.
