El secuestro de cuentas bancarias y bienes a las organizaciones Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Adopta Bosque Panamá se convirtió en el origen de una carta formal enviada al defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, en la que decenas de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos advierten sobre una creciente tendencia de acoso judicial contra el activismo ambiental en el país.
La misiva surge tras las medidas ordenadas por el Juzgado Quinto Liquidador Civil, en el marco de una demanda presentada por la empresa Ocean Pacific Financial Service Corp. Para las organizaciones firmantes, estas acciones no pueden interpretarse como un trámite procesal ordinario, sino como una forma de hostigamiento judicial que amenaza directamente la sostenibilidad del trabajo ambiental y comunitario que realizan CIAM y Adopta Bosque.
Según el documento, el secuestro de bienes tiene un impacto inmediato y profundo en la operatividad de ambas organizaciones. Les impide pagar salarios, ejecutar proyectos en curso y cubrir gastos básicos de funcionamiento, lo que —afirman— busca asfixiar económicamente su labor de incidencia y generar un mensaje disuasivo hacia otras organizaciones de la sociedad civil que fiscalizan proyectos con impacto ambiental o denuncian posibles irregularidades.
“El secuestro de cuentas no se percibe como una medida neutral, sino como un mecanismo para silenciar voces críticas”, advierte la carta, que alerta sobre el efecto paralizante que este tipo de procesos puede tener en el conjunto del movimiento ambiental y de derechos humanos en Panamá.
El documento subraya que lo ocurrido con CIAM y Adopta Bosque no es un hecho aislado. Por el contrario, recuerda antecedentes de demandas millonarias, secuestros civiles, denuncias penales e incluso detenciones contra personas defensoras y comunidades que se han opuesto a proyectos extractivos o de alto impacto ambiental. Casos como estos, sostienen los firmantes, evidencian un patrón de criminalización del activismo que se ha ido normalizando en el país.
El reclamo central
A partir del caso de CIAM y Adopta Bosque, la carta plantea un reclamo central: que la Defensoría del Pueblo retome el impulso de un anteproyecto de ley y la adopción de protocolos de protección integral para defensores de derechos humanos y periodistas. Se trata de un proceso que ya había sido iniciado en años anteriores, incluso con la creación de una relatoría especializada y mesas técnicas, pero que nunca llegó a concretarse en un marco legal efectivo.
Las organizaciones recuerdan que Panamá mantiene compromisos internacionales vigentes, en particular bajo el Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a garantizar un entorno seguro y propicio para quienes defienden derechos ambientales, así como a prevenir, investigar y sancionar amenazas e intimidaciones. “El caso de CIAM y Adopta Bosque demuestra que esas garantías no se están cumpliendo”, advierte la misiva.
Entre las peticiones incluidas en la carta también figura la reactivación de una mesa interinstitucional, con participación del Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Asamblea Nacional, así como la elaboración de un diagnóstico nacional actualizado que permita identificar los riesgos que enfrentan defensores y líderes comunitarios en todo el país.
Las organizaciones firmantes confían en que la Defensoría del Pueblo asuma un rol activo frente a este escenario y advierten que, de no tomarse medidas, Panamá corre el riesgo de consolidar un entorno cada vez más adverso para la defensa de derechos humanos y la protección del ambiente.
