Organizaciones de la sociedad civil que integran el Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), junto con más de 60 agrupaciones comunitarias, científicas, sociales y ambientales, denunciaron este miércoles 12 de noviembre “el uso del sistema judicial panameño como herramienta de persecución contra grupos que defienden el patrimonio natural del país”.
Según un comunicado, “se han presentado dos querellas penales contra el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y la Fundación ADOPTA Bosque, debido a sus esfuerzos por concienciar sobre el impacto que el proyecto Puerto Barú tendría en el área protegida de manglares en David, provincia de Chiriquí”.
Las organizaciones basan su postura en reportes científicos independientes que concluyen que los impactos ambientales del proyecto no fueron evaluados adecuadamente y que la región de Puerto Armuelles sería una ubicación más apropiada para su desarrollo.
El Comité Panameño de la UICN calificó las querellas como “un intento de litigio estratégico contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés)”.
Este tipo de demandas, explicaron, “busca intimidar y silenciar a quienes defienden derechos humanos o ambientales mediante el abuso del sistema judicial”.
Hacemos un llamado de atención a las autoridades para que acaten la Ley y el Derecho internacional (Acuerdo de Escazú) en la protección de los Defensores Ambientales que luchan día a día por nuestro derecho a un Ambiente Sano #AntiSLAPP https://t.co/od8PlFzdBX
— ADOPTA Bosque (@adoptabosque) November 12, 2025
El movimiento ambientalista pidió al Ministerio Público que se desestime las querellas por considerarlas infundadas y proteger el espacio cívico que permite la defensa de los ecosistemas.
Además, exigieron que el Estado cumpla con el Acuerdo de Escazú, ratificado por Panamá mediante la Ley 125 de 2020, que obliga a garantizar un entorno seguro para las personas defensoras del ambiente.
“Sin ecosistemas sanos no hay población sana ni economía sostenible”, recordaron las organizaciones, subrayando que la conservación ambiental solo será efectiva si se respeta y protege la labor de quienes la impulsan.
Detalles del proyecto
Según la promotora, el Puerto Barú —una iniciativa de inversión estadounidense valorada en 250 millones de dólares— se perfila como el primer puerto multipropósito en el área, con aspiraciones de convertirse en un referente de desarrollo sostenible y eficiencia portuaria.
En enero de este año, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, se refirió al proyecto de Puerto Barú en David y señaló que solo podrá realizarse bajo la implementación de rigurosas medidas ambientales.
“Sabemos que es un proyecto importante para Chiriquí, mismo que fue aprobado en la administración anterior, y que por su naturaleza solo podrá llevarse adelante siempre y cuando cumpla con estrictas medidas ambientales”, afirmó Navarro, quien destacó que estas normativas serán definidas en colaboración con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), las autoridades locales y la empresa desarrolladora.
En julio de 2025, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia decidió no admitir la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Puerto Barú.
