El hallazgo de un arma de fuego en poder de un estudiante del Instituto José Dolores Moscote generó la reacción del movimiento Jóvenes Unidos por la Educación, que solicitó al Ministerio de Educación (Meduca) y a las autoridades nacionales tratar este tipo de incidentes como una “emergencia nacional” e impulsar medidas permanentes para reforzar la seguridad en los centros educativos.
El grupo promueve desde 2024 el programa “Escuelas Seguras” como parte de su agenda de propuestas para fortalecer el sistema educativo panameño.
El incidente ocurrió este jueves 6 de agosto, cuando personal del plantel realizó una requisa preventiva a los estudiantes y encontró un arma de fuego dentro de la mochila de un menor.
Tras el hallazgo, las autoridades del colegio activaron el protocolo de seguridad y dieron aviso a la Policía de Niñez y Adolescencia para iniciar las investigaciones.
La organización Jóvenes Unidos por la Educación afirmó que, aunque la rápida actuación del personal del colegio y de la Policía de Niñez y Adolescencia evitó una tragedia, el caso evidencia la necesidad de adoptar políticas preventivas.
“Que todo haya salido bien esta vez no significa que estemos bien. Significa que tuvimos suerte. Y un país no puede construir la seguridad de sus escuelas sobre la suerte”, señaló el movimiento.
La organización sostuvo que ningún estudiante debería sentir temor al asistir a clases y advirtió que la escuela debe ser un espacio seguro para niños, niñas y adolescentes.
En ese sentido, reiteró la implementación del programa “Escuelas Seguras”, una iniciativa incluida en el documento “24 Propuestas para el 24”, presentado a los candidatos presidenciales en 2024. La propuesta plantea establecer estándares integrales de seguridad y calidad en los planteles educativos.
Entre las acciones planteadas figuran la instalación de cámaras de videovigilancia y el fortalecimiento de la vigilancia en puntos estratégicos de las escuelas, la realización de requisas preventivas y la incorporación de psicólogos y trabajadores sociales en cada plantel.
Asimismo, propone mejorar la infraestructura escolar mediante el acceso a agua potable, electricidad, internet y cercas perimetrales, además de fortalecer la participación de las familias en el acompañamiento de los estudiantes. Estas medidas forman parte del programa “Escuelas Seguras”, impulsado por el movimiento desde 2024.
El movimiento hizo un llamado al Meduca para que el caso ocurrido en el Instituto José Dolores Moscote no sea considerado un hecho aislado, sino una señal de alerta sobre los desafíos que enfrenta la seguridad en los centros educativos.
“Los jóvenes pedimos poder asistir al centro educativo sin temor y sin necesidad de preguntarnos si estamos arriesgando la vida cuando cruzamos el umbral de la escuela”, expresó la organización.
El menor fue puesto a disposición de la Policía de Niñez y Adolescencia, que lo trasladó ante las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. Por su parte, la directora del plantel, Saby Ortiz, confirmó que no se encontraron sustancias ilícitas ni hubo otros estudiantes involucrados en el incidente.
Padres de familia exigen escuelas seguras
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (Anpafa), Ariel Hughes, afirmó que el Estado panameño está fallando en garantizar escuelas seguras para la niñez y la juventud, al responder a los hechos de violencia de manera reactiva en lugar de prevenirlos.
Hughes sostuvo que el país necesita una política pública integral de seguridad educativa y propuso la creación de una Dirección Nacional de Seguridad Educativa que coordine acciones de prevención, atención psicosocial, gestión de riesgos y trabajo conjunto entre las instituciones del Estado y las familias.
El dirigente advirtió que, cuando la prevención es sustituida por la improvisación y la reacción, los principios de protección de la niñez quedan comprometidos y aumenta la vulnerabilidad de niños y adolescentes dentro de los centros educativos.
Asimismo, señaló que la seguridad educativa debe ir más allá de la vigilancia policial y convertirse en una política de Estado permanente, donde participen entidades como el Meduca, los organismos de seguridad, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, las familias y las comunidades.
“La violencia no puede convertirse en la nueva normalidad dentro ni fuera de las escuelas. Cada estudiante que abandona las aulas por miedo, violencia, exclusión o desesperanza representa una derrota colectiva que trasciende a una familia: es una pérdida para el sistema educativo, para el deporte, para la cultura, para la productividad y para el futuro de la nación. Un país que no protege a sus niños termina hipotecando su propio desarrollo”, concluyó.
