La principal política pública del Estado panameño es su presupuesto general. Usualmente, el presupuesto se aprueba meses o semanas antes del inicio del nuevo año calendario, con la intención de que el año fiscal coincida con él. Esta ha sido una práctica de las finanzas públicas panameñas que no está determinada por la Constitución Política del país. Sin embargo, dicha práctica ha tenido un costo importante: la falta de alineación entre la construcción y mantenimiento de obras del Estado con la temporada seca, la más apta para este tipo de labores.
Aunque el presupuesto general del Estado entra en vigencia el 1 de enero de cada año, las instituciones deben esperar semanas o meses para que “entre en línea”. Como resultado, durante los cuatro primeros meses del año —cuando el clima es más favorable para la construcción de obras e infraestructuras— el presupuesto no está realmente activo para este tipo de inversiones. Esto produce una enorme ineficiencia por el rezago en la acción del Estado.
El anteproyecto de ley 178
El diputado de la coalición Vamos, Jorge Bloise, presentó el anteproyecto de ley 178, “Por el cual se adiciona un artículo a la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, y se dictan medidas para el nuevo período de vigencia fiscal”, que esencialmente establecería un año fiscal diferenciado para el Ministerio de Educación: iniciaría el 1 de octubre y concluiría el 30 de septiembre del año siguiente. Este año fiscal educativo sería idéntico al que utiliza la Autoridad del Canal de Panamá. El anteproyecto fue prohijado el pasado 10 de septiembre por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional.
La propuesta del diputado Bloise se justifica en tres motivos fundamentales. El primero es el clima, que favorece las reparaciones y tareas de infraestructura educativa. El segundo, que este ciclo presupuestario facilitaría la realización de concursos y contrataciones de educadores y personal administrativo, garantizando el buen funcionamiento del sistema desde el primer día del año escolar. Finalmente, una tercera razón de gran peso es la necesidad de asegurar a los estudiantes de escuelas oficiales una adecuada alimentación, indispensable para su nutrición y rendimiento académico. En la actualidad, los retrasos en las contrataciones para este servicio condenan a muchos a rendimientos mediocres y a problemas de salud.
Una improvisación
El economista Felipe Argote considera que: “... puede ser una idea, pero en el marco de una estrategia, de un plan, y si dentro de ese plan aparece que hay que cambiar el período del ministerio...”
Desde esta perspectiva, Argote apunta: “... no hay ninguna razón para que me digan que se ha ejecutado el 7% del presupuesto de inversiones [del Ministerio de Educación] solo porque empieza tarde, porque en el mismo período otro ministerio o la Asamblea va por encima del 50% a mitad del año de inversiones”.
Otro ejemplo señalado por el economista es el de las pensiones de la Caja de Seguro Social: “... ahora mira, hay un diputado, una diputada que quiere mandar la plata a la fibra óptica para ayudar a los jubilados que ganan muy poco; el director del Seguro dice que en dos años se acaba la plata del programa de Enfermedad y Maternidad y nunca lo dijeron. Y, por otro lado, otro diputado propone eliminar las jubilaciones especiales. Todo esto debió discutirse en el marco de una estrategia de seguro social, de un plan de seguro social, pero todo se improvisa. Esto sería una improvisación más.”
El experimento
El contenido del anteproyecto 178 puede verse bajo otra luz. Aunque es probable que genere cierta complejidad en el manejo presupuestario por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, también ofrece un experimento interesante para aumentar la eficiencia y la eficacia del gasto público, lo que a su vez se traduciría en mayor crecimiento económico y en un aumento de la legitimidad de las políticas del Estado.
Este anteproyecto abre la puerta a una iniciativa cuya consecuencia lógica debería ser articular el presupuesto general del Estado con una programación distinta a la del año calendario. Un presupuesto estructurado de esta forma estaría más alineado con los ciclos sociales y los ritmos climáticos del país. Aunque es cierto que existe un problema de ineficiencia en la gestión estatal, también es claro que se están perdiendo los mejores meses para realizar obras y desarrollar el mantenimiento de la infraestructura pública.
