Residentes de la comunidad de Tabernilla, en el área de Balboa, habían advertido sobre olores persistentes a combustible y posibles riesgos asociados a las operaciones de empresas dedicadas al manejo de hidrocarburos en la zona, desde hace varios meses. Incluso, el 16 de octubre de 2025, enviaron una carta al Ministerio de Ambiente (Miambiente) en la que solicitaron una evaluación urgente de la calidad del aire en sectores como Tabernilla, David Delgado y La Boca.
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Tras el incendio de tres camiones cisterna ocurrido este lunes 6 de abril en las cercanías del puente de las Américas —hecho que provocó el cierre de la vía por al menos 24 horas— los moradores reiteraron su llamado de atención a las autoridades. El fuego alcanzó parte de la infraestructura del puente, generando preocupación entre las comunidades aledañas por el riesgo que representó el siniestro.
El incidente se registró en terrenos concesionados a Panama Oil Terminals, S.A. (POTSA), empresa que posteriormente señaló como responsable a Environmental Solutions Development, Inc., a la que presuntamente había subarrendado un área dentro de su concesión. Esta compañía se dedica al manejo de desechos y servicios de fumigación dentro y fuera de recintos portuarios.
Rey Furtado, vocero de la comunidad de Tabernilla, asegura que lo ocurrido era un riesgo que ya había sido advertido. “Hace meses recogimos firmas y solicitamos inspecciones porque sentíamos olores a combustible. Aquí los camiones circulan a altas horas por áreas residenciales sin control”, afirmó. Agregó que la situación pudo haber sido más grave si las condiciones del viento hubieran llevado el humo hacia las viviendas cercanas.
En la misiva enviada a Miambiente en octubre de 2025, los residentes manifestaron que “desde hace semanas se perciben olores fuertes a combustible”, aunque desconocían si estos provenían de maquinaria del proyecto del cuarto puente o de empresas que almacenan hidrocarburos en el área, donde existen tuberías y tanques expuestos.
Xavier Díaz, residente con más de 40 años en Tabernilla y cuya vivienda se ubica cerca de POTSA, aseguró que los olores han sido constantes desde la instalación de la empresa. “Los fines de semana es frecuente sentir el olor, incluso al caminar por los alrededores. Esto no es nuevo, por eso no me sorprendió lo ocurrido”, expresó. También denunció el tránsito de camiones cisterna durante horas de la madrugada, hecho que, añade, afecta el descanso de los vecinos.
Los moradores coinciden en que existe una falta de regulación y de comunicación con la comunidad, pese a que las empresas que allí operan trabajan con materiales peligrosos. Según indicaron, nunca se establecieron medidas claras, como los horarios de circulación para los equipos, ni protocolos de seguridad visibles que minimicen los riesgos en las zonas residenciales cercanas.
Asimismo, cuestionan que algunas autoridades hayan indicado que no existían reportes previos sobre fallas de seguridad. “Esto es una lección para el país. No se pueden manejar estos materiales sin controles estrictos ni supervisión constante”, advirtió Furtado.
Ante este panorama, los residentes solicitaron que se haga una revisión de las concesiones otorgadas a este tipo de empresas, que se refuercen las inspecciones y que los residentes sean incluidos en la toma de decisiones. Consideran que lo ocurrido evidencia la urgencia de garantizar condiciones seguras para comunidades que conviven con actividades de alto riesgo.
AMP suspende concesión
Tras el incendio registrado este 6 de abril, el director general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, anunció la suspensión o cancelación de la concesión del recinto portuario afectado. La decisión responde tanto al siniestro como a incumplimientos previos del concesionario.
Roquebert explicó que la medida busca “garantizar una investigación eficaz y sin ningún tipo de pendientes”, en coordinación con el Ministerio Público. Además, indicó que el recinto ya mantenía reclamos por deudas, lo que resultaba perjudicial para la institución.
El funcionario mencionó que la actual administración —que inició en julio de 2024— no había recibido cuestionamientos relacionados con fallas de seguridad en la operación. Sin embargo, tras lo ocurrido, se ordenó la suspensión de todas las actividades en el área hasta que concluyan las investigaciones.
Los residentes de Tabernilla insisten en que sí habían presentado advertencias previas ante las entidades lo que, a su juicio, evidencia fallas en la atención oportuna de sus denuncias.
