El Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida (Cofadesavi) solicitó a las autoridades de salud la reactivación de la Comisión de Seguimiento, con el fin de garantizar los derechos sociales, económicos y de salud de las personas afectadas por el envenenamiento con dietilenglicol.
Han transcurrido 19 años desde la tragedia del dietilenglicol, que marcó la vida de cientos de personas de todo el país; y Cofadesavi asegura que aún hay al menos 1,083 personas que no han podido ser certificadas como afectadas, situación que hace que su calidad de vida se deteriore cada vez más, por falta de atención.
Esta agrupación, liderada por Gabriel Pascual, participó el pasado 19 de agosto de una reunión en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, donde planteó la necesidad urgente de modificar la Ley 13 de 2010, que establece una instancia de seguimiento de los derechos de las víctimas de la intoxicación masiva con dietilenglicol. La ley también reconoce una pensión vitalicia especial, que fue modificada posteriormente en la Ley 12 de 2015.
La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, presidida por el diputado Edwin Vergara, otorgó cortesía de sala al Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida (Dietilenglicol), para plantear los problemas que aquejan a las víctimas. pic.twitter.com/PTAf8cg4Fl
— Asamblea Nacional (@asambleapa) August 19, 2025
Pascual explicó que, pese al tiempo transcurrido, las víctimas continúan enfrentando dificultades para acceder a pensiones, medicamentos, atención médica y estabilidad laboral. “Esa penuria y ese viacrucis no han terminado. Las víctimas y su entorno familiar siguen sufriendo consecuencias sociales y económicas”, afirmó.
Uno de los aspectos que más preocupa es la situación de las víctimas en el ámbito laboral. Muchos sobrevivientes jóvenes enfrentan discriminación debido a enfermedades derivadas (diabetes, problemas renales, entre otras), mientras que otros han decidido ocultar sus diagnósticos para poder optar por un empleo.
Durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, Pascual anunció que el comité presentará un anteproyecto de ley para modificar la normativa actual y garantizar una atención integral a las víctimas. La propuesta, una vez presentada, deberá ser discutida en una mesa técnica junto con la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Salud (Minsa), la Defensoría del Pueblo y representantes de los afectados.
“Queremos cerrar este ciclo con justicia. No se trata de interpretación, sino de aplicar la ley como corresponde”, subrayó.
El dirigente cuestionó el trabajo de la Comisión Evaluadora de Salud y señaló que esta instancia ha interpretado de forma errónea la ley, negando certificaciones y pensiones a víctimas ya reconocidas.
“No están aplicando los criterios que establece la Ley 12 de 2015 y el Decreto 704 de 2013. La ley señala un solo criterio, pero la Comisión Evaluadora insiste en que son dos. Al final, eso constituye una violación de derechos”, afirmó el representante de Cofadesavi.
Pascual indicó que el problema no solo ocurre con las certificaciones. Y dio un ejemplo: si una víctima ya certificada y que recibe pensión fallece, sus familiares también pierden ese derecho. Aseguró que ya hay unos 10 casos de este tipo que han sido presentados ante el Minsa, a través del viceministerio, solicitando que se revise la situación.
Recordó además que en junio de 2025 la Corte Suprema de Justicia falló a favor de una víctima, ordenando al Minsa realizar pruebas toxicológicas antes de negar certificaciones. Sin embargo, según Pascual, estas pruebas nunca se han practicado.
Afectados piden ser reconocidos
Mayra Castillo, docente jubilada afectada por el envenenamiento, relató en la Comisión de Trabajo, con la voz entrecortada, las dificultades que enfrentan para conseguir atención médica. “Vengo en representación de todos los pacientes afectados. A mí me rechazaron la certificación, a pesar de tener toda la documentación”, relató en la Asamblea.
Otra de las víctimas, Delsy María Bethancourt, dijo que fue afectada en 2004. “Tengo 20 años esperando justicia. Era una mujer que caminaba con tacones; ahora uso andadera y botas especiales”.
Bethancourt pidió justicia para todos los pacientes que no han sido certificados. Considera que obtener ese reconocimiento como víctima le permitiría acceder a una mejor atención, a una pensión y a los medicamentos que necesita.
Datos del Comité de Familiares de Víctimas indican que 900 personas reciben pensión, mientras que 1,500 víctimas están certificadas (no todas reciben pensión). En tanto, 1,083 casos permanecen en espera de certificación.
En total, se estima que alrededor de 3,000 personas están dentro del proceso de reconocimiento oficial. No obstante, entre 2004 y 2006 se distribuyeron 220,000 envases contaminados y se emitieron 110,000 recetas, lo que indica que podrían existir miles de afectados que aún no figuran en los registros.
Minsa responde
El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, aclaró que las autoridades deben acogerse y cumplir con lo que dicta la ley. “Seguiremos revisando y aplicando lo que indica la normativa para atender esta situación”, afirmó.
Zambrano indicó que elevará al Minsa la solicitud de reactivar la Comisión de Seguimiento y continuar con las reevaluaciones de los casos pendientes. “Siempre tendrán nuestras puertas abiertas en el Minsa. Todos los que se han acercado en busca de atención han sido recibidos”, añadió.
Por su parte, Itzel Smith, funcionaria del Minsa, explicó que existen dos instancias: la Comisión de Seguimiento, creada en la Ley 10 de 2001, donde participan varias instituciones del Estado, y la Comisión Evaluadora, establecida en la Ley 12 del 7 de abril de 2015, compuesta por médicos especialistas de la CSS, el Minsa y representantes del MEF.
El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, indicó que la Comisión de Seguimiento, juramentada en 2022, cumplirá en octubre dos años sin reunirse. Esta comisión está integrada por el Minsa, la CSS, el MEF, el Ministerio de la Presidencia y la Asamblea Nacional.
Leblanc destacó que esta inactividad ha debilitado la respuesta interinstitucional del Gobierno a las voces de las víctimas. “Además, el Centro de Toxicología no cuenta con los insumos necesarios para brindar las atenciones para las que fue creado”, subrayó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional, Edwin Vergara, se comprometió a dar seguimiento a las víctimas del dietilenglicol. “Será nuestra responsabilidad acompañarlos y esperamos que este año esta comisión pueda darle fin al tema, para tranquilidad de los afectados”.
