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La directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, insistió este viernes, 13 de junio, que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe investigar las denuncias públicas que hizo –en marzo pasado– el exjuez penal Alexis Ballesteros.
Ballesteros denunció penalmente a los magistrados José Ayú Prado, Alejandro Moncada Luna, Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz, de coaccionarlo para emitir fallos contrarios en derecho, a fin de favorecer a allegados al presidente Ricardo Martinelli. También incluyó al administrador de la Autoridad de Turismo, Salomón Shamah.
La denuncia fue archivada esta semana por la Comisión de Credenciales de la Asamblea.
La CSJ abrió un proceso disciplinario de Sáenz y Mendieta, luego de que la Alianza Ciudadana Pro Justicia y Corporación La Prensa enviaron notas por separado, pidiendo explicaciones por los señalamientos de Ballesteros sobre posibles actos de corrupción judicial.
Sáenz y Mendieta –además de suplentes de los magistrados Harry Díaz y Hernán De León, respectivamente– son magistrados principales en el Segundo Tribunal Superior de Justicia y, por tanto, subalternos de la CSJ.
Castillo –que fue citada a rendir una declaración jurada sobre éste tema– está en contra del proceso disciplinario que adelanta la Corte, ya que las acusaciones de Ballesteros describen conductas penales que no son meras “faltas”.
“Sentíamos que esto no era necesario ni conveniente”, dijo Castillo, refiriéndose a la citación hecha por el magistrado ponente Harry Díaz.
Castillo enfatizó que Ballesteros denunció “conductas contrarias a la ética judicial”. Agregó que si bien la Asamblea Nacional ya archivó la denuncia que presentó Ballesteros, la Corte no debe hacer lo mismo. En otras palabras, que “no se archive como si nada hubiese pasado”, remarcó.
En tanto, el presidente de Corporación La Prensa y Editorial por la Democracia, Luis Navarro, acudió esta tarde a declarar a la Corte Suprema de Justicia en el proceso disciplinario contra los magistrados del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial (Sáenz y Mendieta).
Navarro acudió a declarar en compañía del abogado Jair Urriola y fue citado por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz.
(Con datos de Rubén Polanco y Manuel Vega Loo)
Rosendo Rivera –hasta hace unos meses abogado del gobernante Ricardo Martinelli– reafirmó hoy que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, cuando fungía como procurador, resolvió un cuestionario que la Fiscalía Séptima de Circuito le remitió al mandatario, tras una denuncia que éste interpuso contra la dirigente opositora Balbina Herrera por divulgar correos que había intercambiado con el italiano Valter Lavítola.
Rivera reveló que el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Salomón Shamah, lo llamó el 24 de junio de 2012 a sus oficinas para entregarle el cuestionario resuelto por Ayú Prado.
“Esto me molestó. Shamah me dijo que no tendríamos problemas, porque el cuestionario lo respondió el propio Procurador”, sostuvo Rivera, al tiempo que advirtió la gravedad de esta situación.
Según el abogado, no había necesidad de esta ‘injerencia’ porque el proceso seguido a Herrera estaba bien llevado y, en ese momento, no tenía la menor duda de que la dirigente del Partido Revolucionario Democrático sería llamada a juicio.
“Me comuniqué con el Presidente y sinceramente creo que él no sabía, pues a su alrededor hay personas que le gusta ganar gracia”, contó el abogado, tras asegurar que esta acción –sumadas a otras– le sirvieron a Ayú Prado para llegar a la Corte.
“Acordamos que no intervendrían más nunca en este caso”, indicó Rivera, quien aclaró que su testimonio no es político, sino que busca llamar la atención para que esto no se repita.
Asimismo, lamentó que los gremios y la propia ciudadanía hayan dejado solo al exjuez cuarto penal, Alexis Ballesteros, quien tuvo la valentía de denunciar actos de corrupción al más alto nivel del sistema judicial.
Justamente el 26 de marzo pasado Ballesteros denunció ante la Asamblea Nacional a cuatro magistrados de la Corte Suprema, entre ellos Ayú Prado, por presuntamente ejercer intimidación directa e injerencia para favorecer intereses del Órgano Ejecutivo. Además de Ayú Prado, se acusó a los magistrados Moncada Luna, Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta, y a Shamah.
En esa denuncia, Ballesteros comentó que cuando ejercía como juez undécimo penal, el magistrado Sáenz le indicó en presencia del entonces presidente de la CSJ, Alejandro Moncada Luna, que resolviera el proceso seguido a Herrera por divulgar correos electrónicos del presidente Martinelli, debido a que requerían del apoyo porque estaba involucrado el mandatario.
Argumentó que Sáenz, en presencia suya, llamó a Shamah para decirle que no había problemas con el caso de Herrera, y luego le indicó que el administrador de Turismo era el enlace directo con la persona a la que llamaban el Boss.
Ballesteros también denunció que en otro caso el magistrado Sáenz en presencia de Moncada Luna le pidió en abril de 2013, cuando aún estaba en el Juzgado Undécimo, que decretara de oficio la prescripción de un proceso por estafa contra el empresario Gabriel Btesh.
Más información mañana en la edición impresa de La Prensa.
