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El pleno de la Asamblea Nacional ratificó, la tarde de este martes 7 de octubre, a los nuevos miembros de la directiva de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), así como al administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.
Más temprano, la Comisión de Credenciales de la Asamblea había dado el visto bueno a estos nombramientos en la ENA y al de Irvin Alberto Halman Brid en la Autoridad para la Innovación.
Fernando Sosa Arango, José Roberto Quijano Durán, Leopoldo Juan Arosemena Herrera, por parte del Ejecutivo; Gilberto Mallol, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, y Zelideth Maritza Rosales Matos, en representación del sector de los trabajadores, fueron los directivos ratificados por los diputados.
La citada comisión no se consideró la ratificación del representante de la Cámara Panameña de la Construcción, Hernán Bern Pitti, porque no asistió al acto. ENA fue constituida en el 2011 como una sociedad anónima, cuyo único accionista es el Estado panameño.
Sus principales activos son los corredores Norte y Sur. Los nuevos directores reemplazan a Jaime José Ford Castro, Ricardo Francolini Arosemena, Rolando Alberto Shahani, Anastacio Ruiz De León y Rigoberto Effio Morais, todos designados en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
(Con datos de Gustavo A. Aparicio O.)
El Colegio Nacional de Abogados (CNA) solicitó la inmediata separación del cargo del magistrado Alejandro Moncada Luna y el secuestro penal de los dos millonarios apartamentos en Coco del Mar que “inusitadamente” adquirió el funcionario desde su designación en el cargo, hace cuatro años y medio.
Así consta en la denuncia criminal que el CNA presentó, esta mañana, contra Moncada Luna por la posible comisión del delito de enriquecimiento injustificado y corrupción de funcionarios.
La denuncia fue recibida en la Secretaría General de la Asamblea Nacional, que debe dar traslado de la misma a la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales.
El CNA solicita que, una vez admitida la queja y formulados los cargos, se dicte la separación del cargo y el impedimento de salida del país a Moncada Luna, el secuestro de sus bienes y el emplazamiento al Ministerio Público para que, a su vez, investigue a María del Pilar Fernández de Moncada Luna –exfuncionaria de la Presidencia en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014)– por su participación en los supuestos ilícitos.
“Existen motivos graves y fundados que nos hacen inferir que el magistrado Moncada Luna pueda destruir y afectar medios de prueba ya que ejerce un cargo con mando y jurisdicción de fundamental importancia en la jerarquía jurídica del Estado”, alegan los denunciantes para sustentar la necesidad de separar al funcionario.
“Es importante que el denunciado Moncada Luna no detente poder alguno mientras se desarrolla la investigación y juzgamiento, de modo que no pueda alterar, ocultar o impedir los medios probatorios necesarios para que la verdad resplandezca”, agrega el escrito.
También se solicita copia de las declaraciones de renta de Moncada Luna de los cinco años anteriores a su designación, y que la Contraloría General de la República requiera una “actualización” de la declaración patrimonial del magistrado.
El CNA adjuntó copia de la declaración de bienes patrimoniales que suscribió Moncada Luna el 29 de diciembre de 2010, y en la que este dijo poseer únicamente un vehículo Toyota Land Cruiser del año 2005 y un reloj de oro marca Rolex, tipo “Presidente”.
Como domicilio, el magistrado anotó el apartamento 26 del edificio Ocean Sky, en Coco del Mar, pese a que la compra de dicho inmueble se cerró el 3 de marzo de 2011.
En la denuncia también se aporta copia de una declaración jurada de Ana Beatriz Bouche, exabogada de Moncada Luna, en la que ésta confirma las transacciones del magistrado y su esposa para adquirir los inmuebles.
El salario de un magistrado de la CSJ es de $10 mil mensuales, sin los respectivos descuentos que dicta la ley. María del Pilar, por su parte, como funcionaria de la Presidencia, recibía $4 mil al mes. “La totalidad de sus recursos o ingresos legítimos, ni siquiera en conjunto y sin descuentos fiscales legales, eran suficientes para adquirir, en tan corto tiempo [tres años] bienes de tal costo”, dice el CNA en su denuncia.
También se alega que los Moncada Luna habrían incrementado su patrimonio con el “auxilio” de las correspondientes promotoras inmobiliarias, en calidad de autores, cómplices o encubridores.
Según el Código Procesal Penal, la investigación deberá ser asumida por una subcomisión de garantías, integrada por tres de los nueve miembros de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea.
