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En la Asamblea Nacional empezaron este lunes, 13 de octubre, las consultas para lograr un consenso en torno al proyecto de ley No.61, por el cual se adoptan políticas públicas de educación integral, atención y promoción de la salud.
El diputado de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, Crispiano Adames, dijo que las consultas continuarán durante esta semana, sin que tenga fecha su terminación. La idea es lograr un consenso, remarcó.
Las organizaciones que participaron en las consultas de hoy son la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia, Funda Género, Coalición Panameña de Educación Integral en Sexualidad, entre otras.
El proyecto reconoce el derecho a decidir sobre la descendencia y a recibir información científica. Además, establece las obligaciones del Estado con las víctimas de violencia sexual.
En el video que acompaña esta nota se encuentran las declaraciones completas de Adames sobre este tema.
El diputado Pedro Miguel González, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y quien es el fiscal en la investigación por la denuncia presentada contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, presentó una orden de aprehensión provisional de algunas propiedades del magistrado.
El recurso fue presentado el 10 de octubre pasado, en el Registro Público. En el mismo, se solicita que el apartamento No. 16 del P.H. Santorini, perteneciente a la finca 455589, propiedad de Corporación ALPIL, S.A., y el apartamento 26-B del P.H. Ocean Sky, de la finca No. 95734, propiedad de la Corporación Celestial, S.A., sean "sacados del comercio y puestos a disposición de este despacho, en calidad de aprehensión".
Según González, con ello se busca asegurar los bienes del magistrado hasta tanto culmine el proceso. Los inmuebles estarían bajo las órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas, como lo establece la ley, agregó.
El pasado miércoles 8 de octubre la Asamblea Nacional admitió una denuncia que interpuso el Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia contra Moncada Luna por supuesto enriquecimiento injustificado.
La denuncia surgió luego de que La Prensa publicara una noticia el pasado 30 de septiembre en donde se informó que Moncada Luna, siendo magistrado, compró dos apartamentos en San Francisco valorados en $1.7 millón, los cuales ya están cancelados.
“La tarea que tenemos es investigar y es lo que hemos empezado a hacer”, dijo González. Añadió que los testigos de este caso en su momento serán citados y entrevistados “para recabar la información que requiere la Fiscalía”.
Por su parte, Sidney Sittón, abogado de Moncada Luna, no pudo presentar los recursos legales que había anunciado ante la Asamblea Nacional, ya que los documentos no estaban autenticados.
Se espera que en la tarde de hoy acuda a la Corte Suprema de Justicia para presentar otras acciones legales.
SITTÓN PRESENTA AMPARO
En horas de la tarde, efectivamente el abogado Sidney Sittón llegó a la Asamblea. Anunció que mañana martes presentará un amparo de garantías constitucionales contra la orden de aprehensión dictada por González.
Explicó que esta resolución que presentó González “no está motivada porque apenas inició investigaciones el viernes”.
Agregó que el fiscal designado por la Asamblea “no tiene pruebas ni mucho menos una posible vinculación entre esas pruebas y la persona investigada” en este caso Moncada Luna.
“Es por ello que no pudo sustentar esa resolución. En horas de la mañana el Registro Público le llamó para que pudiera explicar la situación respecto a esa aprehensión provisional”, dijo Sittón.
Según el jurista, la la solicitud “está huérfana de motivación”. Anunció, además, que el miércoles volverá a presentar una advertencia de inconstitucionalidad contra el proceso que la Asamblea Nacional adelanta contra el magistrado.
(Con datos de Gustavo A. Aparicio O.)
