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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 10 añosLa deuda pública panameña sigue creciendo a un ritmo considerable. En 2009, el país debía, aproximadamente, 10 mil millones de dólares. Cinco años más tarde, el monto es casi el doble. ¿Dónde está esa deuda? Se puede ver una parte en las cintas costeras, en hospitales y en el Metro. La gran mayoría de los proyectos realizados son cuestionables, y otros son considerados totalmente descabellados. Otro legado del lustro anterior fue la creación de una categoría de entidades públicas cuyas deudas no serían incluidas como parte de la contabilidad estatal: Tocumen, S.A., la Empresa Nacional de Autopistas y la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., que están usualmente fuera del estimado de las obligaciones de nuestro Estado. Además, las cifras oficiales no contemplan los adeudos del Canal de Panamá, que por Constitución se mantienen separados. Esta “deuda sombra” indica muy claramente que Panamá vive más allá de sus medios, sin priorizar responsablemente las inversiones públicas y, por supuesto, sin reservar fondos para el futuro. Cada centavo adicional de deuda es dinero que se le roba a las generaciones venideras. El incontrolable endeudamiento de hoy llevará a la brutal austeridad de mañana.

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Hace 10 añosDe loable pueden ser calificadas las acciones que adelanta el Gobierno en pro de trabajadores de las empresas que recientemente fueron incluidas en la Lista Clinton. Pero esa preocupación por un grupo específico de empresas debe ser manejada con prudencia, pues los mensajes que inevitablemente envía pueden ser malinterpretados, por muy buenas intenciones que la motiven, como por ejemplo dar la impresión de que el Gobierno quiere obviar decisiones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ni este ni ningún otro gobierno ha enfrentado una situación similar, por lo que todo lo que haga el actual sentará precedentes y, por ser un problema inédito, se desconocen las consecuencias de las decisiones que se tomen ahora. Esa incertidumbre que genera la inclusión de las empresas en una lista negra empieza a tener repercusiones para el Gobierno, como la emisión de bonos realizada por Tocumen, S.A., en la que la relación del Grupo Waked con el Estado provocó una merma que puso en peligro la emisión total. Si en algo debe estar trabajando el Gobierno es en medir el alcance del problema para todo el país, para el sistema bancario, para la economía, para sus ciudadanos y no concentrarse en un solo aspecto.

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Hace 10 añosLa Universidad de Panamá (UP) debería beneficiar a toda la sociedad con su oferta educativa, investigativa y de extensión. En cambio, después de 19 años de gobierno unipersonal la Casa de Méndez Pereira, no solo ha disminuido la población estudiantil, de casi 76 mil en el año 2001, a unos 50 mil en la actualidad, sino que también su valiosísimo patrimonio de tierras se ha reducido por desidia y por transacciones de cuestionable beneficio para la institución. En una época dorada, los panameños creyeron y confiaron tanto en la Universidad que ciudadanos y gobiernos por igual le donaron tierras con la esperanza de fortalecer su capacidad de brindarle instrucción a todos los hijos de esta patria. La UP se enfrenta a un horizonte incierto y nublado por el oportunismo académico de quienes deberían defenderla, y por la indiferencia de múltiples instituciones y autoridades que debieron evitar la barbarie administrativa. Ese sistema de complicidades debe acabarse para que volvamos a tener la casa de estudios que realmente nos lleve hacia la luz.

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Hace 10 años

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Hace 10 añosCon la Ley 24 de 1992 se estableció un régimen de incentivos a la industria forestal por 25 años, que está por expirar. Este marco normativo definió la actividad forestal en forma simple: la extracción de madera proveniente de plantaciones. La actividad forestal puede ser mucho más que la tala y la reforestación con especies maderables. Un árbol es un hábitat para otras especies, ayuda a retener los suelos, regula los microclimas y favorece la conservación del agua. La gravísima destrucción de valiosos ecosistemas del país y el desafío del cambio climático reclaman un nuevo esquema estratégico de manejo forestal que recompense la reforestación, pero que incentive la conservación de bosques en tierras privadas y pagos por servicios ambientales a quienes garantizan agua sana, aire limpio y suelos ricos en nutrientes. Un bosque primario con sus decenas de especies por hectárea, jamás podrá ser sustituido con una plantación forestal de una sola especie, que de todas formas está destinada a ser talada. El debate de la renovación de los incentivos forestales es la mejor oportunidad para construir una política de bosques y conservación de suelos y agua que convierta a Panamá en una vitrina ambiental para el mundo.

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Hace 10 añosEl desafío inmediato producto de los escándalos vinculados con la plataforma de servicios financieros y de la inclusión en la Lista Clinton de un poderoso grupo empresarial panameño, es una ocasión para ejercer un liderazgo serio, reflexivo y directo. No es el momento para la politiquería criolla, ni para caer en jugarretas electoreras. La gravedad de los hechos compromete la seguridad económica del país, causando consecuencias reputacionales para una plaza de negocios ya tachada por algunos de permisiva. Una reforma encaminada a sanear nuestro sistema judicial y financiero, es el camino para garantizar la confianza que como país debemos mantener ante la ciudadanía y la comunidad internacional. En la lucha contra la corrupción y la falta de transparencia es inevitable realizar ajustes en instituciones clave. Sin embargo, la responsabilidad no es exclusiva del Estado, es hora de rechazar la filosofía del que juega más vivo siempre gana. Aprovechemos el mal momento para sentar bases sólidas y vivir en una sociedad en la que la transparencia y el trabajo decente sean los ganadores.

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Hace 10 añosLa ciudadanía está a la espera de noticias acerca de la orden de extradición del expresidente de la República Ricardo Martinelli. La Corte Suprema se ha comportado de forma ambigua y opaca, dando a entender que el trámite estaba en curso o que se estaban realizando gestiones preparatorias, lo cual parece no ser cierto. ¿Por qué usar estas tácticas dilatorias? Los magistrados deben entender que no solo le hablan a la sociedad por medio de sus fallos, como suele expresarse en el mundo jurídico, sino que también su silencio en temas tan sensibles y críticos puede ser ensordecedor. Existen explicaciones plausibles que justificarían el retraso en la ejecución de la solicitud de extradición, como por ejemplo, la más obvia: esperar hasta tener múltiples causas penales por las cuales solicitar la repatriación del diputado a fin de reducir las posibilidades de impunidad frente al máximo tribunal de justicia. Eso, empero, es mera especulación, pues la Corte no ha sido sincera ni con las autoridades ni con los denunciantes ni con las víctimas ni con la sociedad panameña. Esto es una enorme deslealtad procesal, al poner en la total oscuridad a los actores del proceso. La conclusión para la institucionalidad democrática no puede ser otra que el entendimiento de que nuestro poder judicial ni rinde cuentas ni explica sus actuaciones, y mucho menos se siente obligado a cumplir con su función de producir un bien para toda la nación: justicia. Necesitamos saber la verdad, y toda la verdad, sobre esa extradición, su retraso y el estado de sus casos. Y esa, no es información confidencial, nos atañe a todos.

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Hace 10 añosLos contratos de arrendamiento de tierras suscritos por la Universidad de Panamá (UP) se han manejado con tal opacidad, que es difícil creer que esta sea nuestra primera casa de estudios. Su rector ha dado inequívocas muestras de soberbia, al negar información sobre asuntos que son de innegable interés público. Es una ironía su actitud frente al ejemplo que debería dar, al ser su máxima autoridad, a los docentes, a los estudiantes y a la sociedad en general. Conceder contratos tan desfavorables para la casa de Octavio Méndez Pereira llama a la sospecha justificada, esa que parece no la tuvieron otros fiscalizadores al dejar que estos contratos nacieran a la vida jurídica, como lo fue la propia Contraloría. Los 19 años de gestión del rector han convertido a la UP en una empresa de bienes raíces, relegando la academia a la orfandad y el olvido. Ojalá alguien obligue al rector a responder por sus deliberadas omisiones, que perjudican aún más la maltrecha imagen de la UP.

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Hace 10 años¿Qué contemplaba realmente el Plan Médico Funcional de la Ciudad Hospitalaria? ¿Cuánto costará terminar esta obra y darle mantenimiento? Estos son los cuestionamientos que debían formar parte de la planificación para respaldar un megaproyecto como este. ¿Eran necesarias las ventas de tierras de la Universidad de Panamá para el cumplimiento de sus fines académicos y científicos? La opinión pública ignora los criterios y metas de esta política universitaria, que se ha venido implementando en las últimas décadas. Aquí se evidencia el verdadero trasfondo del debate que nunca se hizo sobre la Ley de Contrataciones Públicas: la ausencia de criterios para usar los fondos de todos los panameños. Faltó exigir la justificación para realizar un proyecto, efectuar un gasto o disponer de un bien propiedad de la nación. Los altos funcionarios actúan como señores medievales, que son dueños de ministerios, universidades o de todo el gobierno con libertad y sin responsabilidad por el despilfarro de la hacienda pública. Esa cultura es la máxima expresión de la corrupción. Lo que esperábamos que empezaría a cambiar a partir de 2014.

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Hace 10 añosCuando la humanidad parece estar mejor comunicada que nunca, las viejas costumbres de la opacidad continúan siendo un problema para los pueblos del mundo. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa –que se celebra hoy– los problemas con el libre acceso a la información no cesan, y en algunos países empeoran. No en vano la Unesco tiene como lema este año: “El acceso a la información y a las libertades fundamentales: ¡Es tu derecho!” En Panamá tenemos una Ley de Transparencia que ha sido pisoteada una y otra vez por los gobiernos, incluso ignorada por el rector de nuestra más alta casa de estudios, la Universidad de Panamá. Y en la pasada administración, no hubo funcionario que no se burlara de ella. Y como en Panamá, hay otros países donde se hace lo mismo: Ecuador, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras y Puerto Rico, entre otros. Pero hay naciones en las que ni siquiera hay leyes de acceso a la información, como Venezuela, Argentina, Bolivia y Costa Rica. Es toda una ironía que habiendo una apertura en materia de comunicaciones sin precedente alguno, los políticos de hoy aún pretendan vivir en el oscurantismo del medievo.

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