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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 10 añosEn 2016, unos 4 mil incendios de masas vegetales han afectado al país. Desde la reserva forestal de La Yeguada, hasta la laguna de Matusagaratí, incluyendo las faldas del volcán Barú y las costas de Veracruz. Los bomberos no tienen la capacidad de combatir un promedio de 50 eventos diarios, y al Ministerio de Ambiente se le hace cada vez más difícil proteger nuestro aire, conservar los suelos, y resguardar las capas freáticas de aguas subterráneas que se pierden por la devastación forestal. La especulación de tierras, la expansión ganadera, la voracidad de la actividad maderera ilegal, y hasta el simple sadismo, se han combinado para producir un infame verano que nos castiga con enfermedades, aire contaminado, un número desconocido de especies muertas, y ecosistemas cada vez más empobrecidos por una irresponsable acción humana. Este estado de situación demuestra la vocación ecocida y autodestructiva que esta sociedad conlleva. Es indispensable que las autoridades creadas para salvaguardar el medio ambiente puedan cumplir con su función y cuenten para lograrlo con los recursos necesarios. Ello no bastará, si no tomamos conciencia de nuestro papel ciudadano como protectores de un ambiente sano y sostenible. Después lamentarnos, habrá perdido sentido.

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Hace 10 añosA la Corte Suprema de Justicia le tomó casi 15 años resolver una demanda planteada por la Contraloría a fin de que declarara nulo el contrato de concesión del servicio de faros y boyas de la desaparecida Autoridad Portuaria Nacional, cuyos beneficiarios finales eran los mismos funcionarios que gestaron la concesión. Después de tanto tiempo, este fallo viene a reparar un daño y le permite al Estado recaudar caudales que de otra manera habrían terminado en las cuentas bancarias de los dueños de la empresa Ports Engieneering & Consultants Corp. (PECC), cuyos accionistas en Panamá gozan de la más absoluta y escandalosa impunidad. Los que no corrieron con tanta suerte fueron los supuestos “inversionistas” estadounidenses que dieron la cara –y bolsillos– para encubrir el despojo del que fue víctima el Estado. Ambos fueron condenados en Estados Unidos, tras declararse culpables de haber violado el Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero). Fue la mayor condena –87 meses de prisión– impuesta hasta entonces por un caso de esta naturaleza. Buena noticia el fallo, pero sigue faltando llevar a la justicia a los responsables locales.

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Hace 10 añosLa auditoría parcial a los organismos que depositaron fondos a la Fundación Universidad de Panamá (Fudep) ha revelado un conjunto de prácticas irregulares en compras, pagos y contrataciones. La Contraloría General de la República reconoce que las autoridades universitarias no cooperaron con las pesquisas, por lo que solo se pudo enfocar en lo ocurrido entre los años 2011 y 2014, a pesar de que la Fudep existe desde 1995. No hay excusa para lo ocurrido, el comportamiento errático y de paños tibios del propio contralor, que indicó inicialmente que había completa colaboración para luego comunicar que no la hubo, deja el sinsabor de si realmente existió la voluntad de llegar hasta el fondo en este asunto. Este es el peor mensaje que puede enviar la institución encargada de tutelar el uso de los fondos del Estado. Si la Fudep representó un desafío políticamente sensible para la Contraloría, ¿qué se puede esperar de las investigaciones sobre Odebrecht? La tarea de proteger el patrimonio de todos requiere que no haya acciones de medias tintas, ni complicidades institucionales. Es un derecho fundamental de los panameños conocer la verdad sobre la gestión de los bienes del Estado.

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Hace 10 añosLa fijación de nuestros gobernantes en relación a Odebrecht, supera toda imaginación. Aunque los $99 millones del proyecto alcaldicio para la construcción de aceras, que están a punto de adjudicarle, parezcan insignificantes ante los más de $9 mil millones en contratos que ya llevan acumulados en nuestro país. No deja de sorprender que a las autoridades panameñas parezca no importarles que los recursos públicos sigan yendo a parar a los insaciables bolsillos de la empresa constructora más grande y corrupta de América Latina. Odebrecht ya ha perdido el grado de inversión y una de las calificadoras más prestigiosas afirma que la empresa enfrenta implicaciones negativas para su liquidez. Si a ello le sumamos que en estos momentos Marcelo Odebrecht, quien ya fue condenado a 19 años por corrupción, está intentando lograr un acuerdo para evitar nuevas condenas, es inaudito que aquí sigan otorgándoles millonarios contratos. Por supuesto, nos quieren obligar a pensar que las incesantes adjudicaciones nada tienen que ver con la existencia de una estructura sistematizada de sobornos revelada por los fiscales de Brasil; al parecer, tampoco debemos suponer que tienen relación con la demora en las modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas, desfigurada en la pasada administración, con las consecuencias que todos conocemos. Señores gobernantes, recuerden que ustedes son los responsables del buen o mal uso de los fondos del Estado. Odebrecht es un emporio moribundo, ¿hasta cuándo van a poner en riesgo nuestros recursos? La inminente adjudicación de otro contrato millonario, ahora con la Alcaldía, tiene a los ciudadanos vigilantes.

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Hace 10 añosEl gobierno del llamado “socialismo del siglo XXI” de Rafael Correa en Ecuador empieza su último año con un balance negativo. No cabe duda que en materia de educación y de salud, los dos flancos más débiles de las democracias latinoamericanas, el Gobierno de Ecuador tuvo importantes avances. Sin embargo, el aumento del endeudamiento, los numerosos conflictos con campesinos e indígenas para favorecer la intensificación del extractivismo, y la disminución desmesurada de las libertades públicas, en particular las libertades de expresión e información, colocan al régimen de Correa en la escala más alta del autoritarismo latinoamericano. Como era de esperarse, la autonomía del poder judicial y del poder legislativo son inexistentes, y las decisiones significativas de estos órganos del Estado son tomadas por el poder ejecutivo en forma abierta y descarada. El legado de Correa es el de un país dividido, institucionalmente débil, y socialmente cargado de necesidades postergadas por la incapacidad de su gobierno de dialogar con todos los sectores. El socialismo del siglo XXI terminó pareciéndose al caudillismo del siglo XIX.

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Hace 10 añosPanamá ha venido postergando la reforma penitenciaria por más de 13 años. El hacinamiento, la falta de servicios médicos y psicológicos, la carencia de una política de reinserción y la ausencia de una carrera penitenciaria son los eslabones más débiles de un sistema caduco y desfasado. Con una población penitenciaria de 17 mil 137 personas, el sistema no soporta la continuación de la desidia y la falta de atención por parte de las autoridades. La reforma que promueve el Ministerio de Gobierno está orientada a recuperar el tiempo perdido en el que un sistema de justicia ineficiente ha sido agravado hasta el límite. La ola de criminalidad que sacude el país no produce mucha simpatía hacia los privados, incluyendo aquellos que están injustamente detenidos. La reforma es urgente para así lograr transformar los 22 centros de reclusión del país en puentes hacia una convivencia social positiva, dejando de lado las dantescas mazmorras que son en la actualidad. La reforma es el único camino hacia una sociedad más justa. ¡Esperemos sea apoyada y no politizada!

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Hace 10 añosComo es conocido, el proyecto de la Ciudad de la Salud carece de acceso al agua potable y al servicio de electricidad. Además, todavía se encuentra desconectado de vías y carreteras que faciliten el desplazamiento de sus pacientes y del personal que trabajaría en este complejo hospitalario. Ahora la Caja de Seguro Social ha tenido que contratar una empresa que la asesore sobre la clase de equipamiento clínico que debe ser adquirido para la operación óptima de los nuevos nosocomios. Esta situación parece un calco de la contratación de la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Allí se han tomado las decisiones gerenciales apropiadas para rescatar lo salvable del proyecto y hacerlo viable para servicio del país. La herencia de las obras públicas e iniciativas de Gobierno sin planificación seguirá con nosotros por décadas. Tocumen, S.A., demuestra claramente la hoja de ruta que deberían seguir todas las instituciones. Si los funcionarios no tienen compromiso con la transparencia y la buena gestión de los asuntos del Estado, seguiremos dilapidando recursos valiosos, en desmedro de todo el país.

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Hace 10 añosLa Asamblea Nacional aprobó la justicia de paz comunitaria. Los diputados cercenaron la naturaleza conciliatoria y arbitral del juez de paz, al asignarle la función de ordenar allanamientos derivados de las autoridades jurisdiccionales o municipales. Esa facultad solo se justifica si la intención es mantener las batidas y continuar con la historia de la errática aplicación de las normas administrativas. La intención de esta iniciativa era evitar la arbitrariedad para que funcionara un sistema de mediación. Ahora, el proyecto nos da un corregidor con más poder, y que no necesariamente tendrá entre sus fines la solución amistosa de las controversias vecinales, y podría convertirse en una nueva fuente de conflictos y frustraciones comunitarias. Si el proyecto es sancionado por el Ejecutivo, tal cual fue aprobado en tercer debate, en vez de fomentar la convivencia y la cohesión social, produciría el efecto contrario. La experiencia acumulada con las boletas de alejamiento y las cárceles llenas debería ser suficiente para confirmar que esa no es la ruta. El Presidente tiene la oportunidad de devolverle la viabilidad a la naciente institución del juez de paz.

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Hace 10 añosLa posibilidad de que la empresa Odebrecht llegue a un acuerdo de “delación premiada” para cooperar en las investigaciones de la operación Lava Jato pone en perspectiva la profundidad a la que han llegado los fiscales y la Policía federal en el descubrimiento de las prácticas sistemáticas de corrupción que ejecutó esta empresa en Brasil, algo que puede extenderse a los países donde el conglomerado brasileño participa en la construcción de obras públicas. No es casualidad que ahora quieran cooperar, ya que el descubrimiento de un departamento especial para pagar las coimas supone el desmoronamiento del castillo de naipes que albergaba la gastada versión de negar su participación en esquemas de corrupción. Por ello es oportuna la petición que ha hecho a la Contraloría General el procurador de la Administración de auditar las obras en las que esta participó en Panamá, pues resulta infantil pensar siquiera que en el gobierno más corrupto que hemos tenido en las últimas décadas, Odebrecht se haya comportado de forma distinta a como sistemáticamente lo hizo en Brasil y otras partes del mundo. Sin duda, un acuerdo de “delación premiada” pone a temblar a los que participaron y participan en la fiesta de la corrupción.

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Hace 10 añosSin duda, es una visita histórica. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a La Habana para concretar el acercamiento entre las dos naciones, aunque –hay que decirlo sin tapujos– aún hay profundos abismos que impedirán el completo restablecimiento de sus relaciones. El principal escollo, como era de esperarse, es el tema de los derechos humanos en el gobierno revolucionario. Cuba –por más que el presidente Raúl Castro intentó minimizar el tema ante los medios– tiene serios problemas en esta materia. No es solo el reclamo de Obama, sino el de organismos internacionales y de grupos organizados de la isla, incluso, de ciudadanos que han tenido que salir de Cuba para ejercer, sin represalias, la libertad de expresión y pensamiento. Quienes se han enfrentado al régimen han pagado –y aún sufren– las consecuencias en la cárcel. Si Castro no reconoce que su gobierno tiene una de las peores calificaciones en materia de respeto a los derechos humanos en el continente, jamás moverá un dedo para superar este escollo. Ya lo dijo la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional: sí hay presos políticos y ello incluye varias decenas de personas.

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