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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 10 añosLas declaraciones del magistrado del Tribunal Electoral Eduardo Valdés Escoffery de que avalarán la reforma del artículo 409 del Código Electoral, para eliminar cualquier norma que consienta el cierre de medios, deben ser recibidas con complacencia por los panameños. Esta norma, heredada del gobierno militar, permite cerrar medios de comunicación sin audiencia ni juzgamiento alguno. Junto a ciertos planteamientos de la propuesta de reformas electorales, el resultado que se le presentaba al país era un horizonte de censura, arbitrariedad e incertidumbre en materia de publicidad, libertad de expresión y de información. Esto abría la puerta para que las elecciones pasaran de ser una fiesta de la democracia a un cementerio de libertades. La Asamblea Nacional tiene ahora la responsabilidad de ser consecuente con estos principios, y devolverle la calma a la opinión pública. La defensa de la libertad de expresión prima, especialmente en tiempos electorales, por lo que las deliberaciones de la reforma política deben centrarse en garantizar la transparencia del proceso electoral. Nunca la censura será conveniente para la democracia.

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Hace 10 añosFinancial Pacific (FP) vuelve al ruedo judicial. Después de meses de inacción generada por el laberinto de blindajes institucionales y evasivas judiciales, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha autorizado al magistrado Hernán De León a que continúe con las investigaciones de este caso. En la búsqueda de la verdad material, el magistrado fiscal seguramente solicitará colaboración de las autoridades canadienses para verificar la manipulación de mercados con el uso de información privilegiada sobre las actividades de la mina Petaquilla, presuntamente en beneficio del diputado y sus allegados. Lo propio corresponde a la investigación adelantada por la Procuradora. Hemos de reconocer la amplia existencia de pruebas documentales, testimonios de personas vinculadas a FP y a la Superintendencia del Mercado de Valores, que justifican la acción de la justicia. No podemos olvidar la misteriosa desaparición de Vernon Ramos ni permitir que la Corte Suprema de Justicia ni el Ministerio Público sumerjan una causa de tal magnitud en su ya habitual marasmo.

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Hace 10 añosComienza el año escolar con renovadas esperanzas de que los jóvenes reciban una educación de calidad. Desafortunadamente, ya sea por nuestra burocracia, falta de planificación o por cualquier otro motivo, al menos 44 escuelas estarán cerradas hoy mientras el resto dará la batalla por la superación. El Estado y los padres de familia hacen un gran esfuerzo para que este año sea mejor que el resto: innovación, recursos, capacitación de educadores e infraestructuras. En fin, ganarle la carrera a la ignorancia, ese gran problema que es de los mayores que afrontan nuestros estudiantes, incluso, si van a clases. La prueba de ello es que Panamá sigue rezagado en los test de conocimientos. Hace décadas que esperamos que la educación se ajuste a las nuevas tendencias; que el año escolar comience sin los tropiezos de siempre: escuelas en mal estado, sin mobiliario, sin docentes. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuántos fracasados hay en el sistema y, encima, se premia el fracaso con becas. La educación panameña marcha a pasos tan lentos que nos quedamos en el siglo pasado. Y es una lástima para un país con tan alto potencial, pero que no puede crecer más por el pesado lastre del desconocimiento.

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Hace 10 añosLa Corte Suprema de Justicia (CSJ) insiste en desalentarnos a los panameños. Según los artículos 155 y 206 numeral 3, de la Constitución Política, los diputados solo pueden ser juzgados por el pleno de la CSJ. Por esta razón, el Tribunal Electoral (TE) le ha remitido los expedientes penales vinculados a un diputado principal y a su suplente, por la presunta comisión de un delito electoral. Asombra que siete de los nueve magistrados de la CSJ hayan decidido, el 30 de diciembre de 2015, que el máximo tribunal no es el competente para este caso, y que el TE debe resolverlo. No sería descabellado suponer que si el órgano electoral condena a los diputados, la CSJ declare nulo el juzgamiento, otorgándole un nuevo blindaje a los parlamentarios. Solo los magistrados Oydén Ortega y Jerónimo Mejía objetaron semejante barbarie. El resto de sus colegas se burla de la carta magna y nos abruma con su cinismo y su compromiso de garantizar la impunidad de la clase política. Esa es la realidad que muestra quien debe ser la guardiana de la Constitución. Solo queda cuestionarnos: ¿Existe alguien en Panamá que proteja nuestros derechos y libertades?

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Hace 10 añosEl Tribunal Electoral (TE) ha sido en el último cuarto de siglo la columna vertebral de la democracia panameña. Como toda creación humana, la normativa electoral necesita ser actualizada con la realidad del mundo en que vivimos. Sin embargo, el proyecto de ley 292, en consideración por la Asamblea Nacional, transforma al TE en un leviatán omnímodo que controlará a los partidos políticos, a los medios de comunicación y a la libertad de expresión en nuestro país. La experiencia latinoamericana ha demostrado con creces que ese no es el mejor camino para la democracia, porque silenciando a los medios se pervierte a la autoridad. Pareciera que lo que se pretende es la creación de un poder absoluto, disfrazando a un lobo con piel de oveja. El artículo 409 del Código Electoral vigente le permite al TE cerrar medios sin el debido proceso. A los ciudadanos debe alarmarnos que este ripio dictatorial siga vigente y que a quienes les corresponde defender la democracia les parezca natural la censura y la restricción de las libertades.

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Hace 10 añosPor su geografía, Panamá ha sido un país con muy pocos desastres naturales y no ha tenido mayores incidentes que reclamen una respuesta generalizada de las autoridades para enfrentar catástrofes. Debido a esto, la sociedad panameña se caracteriza por la carencia de preparación y de recursos para responder a emergencias de toda clase. El simulacro, realizado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Fuerza de Tarea Conjunta que involucra a cuerpos de seguridad del país, es un buen inicio para crear una cultura de prevención y de capacidad de respuesta frente a los peores sucesos imaginables, causados por la naturaleza o la mano del hombre. Con un propósito similar, la iniciativa impulsada por la Caja de Seguro Social de contratar el arrendamiento de 107 ambulancias, mediante un proceso novedoso para el Estado –el leasing, pero muy utilizado en la empresa privada– y que garantiza, incluso, el mantenimiento del equipo –algo en lo que el Estado ha demostrado ser terriblemente ineficiente–, constituye una respuesta que bajo las condiciones óptimas de transparencia e integridad puede resolver un problema significativo en los servicios de salud del país. Prevenir es siempre mejor que lamentar.

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Hace 10 añosLas equivocaciones y malas actuaciones de los funcionarios que representen a un Estado tienen todo tipo de consecuencias negativas para el país, muchas de las cuales no podrán ser subsanadas, a pesar de los mejores intentos. Ese no fue el caso de la relación de Panamá con el grupo empresarial italiano Finmeccanica. Después de meses de negociaciones, el Gobierno ha sido capaz de llegar a un acuerdo con el que el país se ahorra más de 100 millones de dólares, y se evita así años de costosos litigios y arbitrajes, cuyos resultados bien pudieron ser desfavorables para el erario público. Aunque a primera vista, este resultado debería ser causa de celebración, en su lugar, debe llevarnos a una profunda reflexión sobre una cuestión muy simple, pero esencial en los asuntos de Estado: la lealtad al país que se representa, o lo que es más claro, el patriotismo de los hombres y mujeres que administran la cosa pública. Esa falta de amor a Panamá y la ausencia del sentido de patria, que caracterizaron el lustro que transcurrió entre 2009 y 2014, fueron el ingrediente principal de una mal llamada telenovela, que esperamos esté en sus capítulos finales. Esta negociación no absuelve a los que planearon y perpetraron el latrocinio, esa es otra historia cuyo final está pendiente.

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Hace 10 añosEl escándalo de corrupción política y lavado de dinero de Petrobras y Odebrecht ha arrastrado a otro símbolo de nuestra época: el gurú de las campañas electorales Joao Santana. Las acusaciones contra el publicista y su esposa son sumamente serias, y demuestran la importancia de hacer públicas todas las donaciones a los partidos políticos y a los candidatos. No hay sociedad que pueda sobrevivir a las campañas sucias, a la manipulación y a la máquina de rumores que caracterizan a los procesos electorales actuales. El caso de Santana es una fábula que debe servir para alertar a la opinión pública acerca de la importancia de la transparencia, las veedurías y el control social sobre todos los actores que integran nuestra fauna política, incluyendo al Tribunal Electoral. El Ministerio Público debe romper el tabú e investigar si es necesario a todas las figuras del gobierno pasado que puedan tener vinculación con lo denunciado en Brasil, y que ahora pone bajo sospecha a casi todas las campañas electorales latinoamericanas de los últimos tiempos. Ahora más que nunca, necesitamos limpiar la política en Panamá.

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Hace 10 añosEl campo, nuestro sector primario, ese que nos garantizaba la seguridad alimentaria, está hecho un desastre. Aunque ya lo deja ver claramente el último índice de desempeño ambiental que prepararon las universidades de Yale y Columbia para el año 2016, basta mirar nuestra producción nacional para darnos cuenta de que este sector –otrora pujante– va de mal en peor. No solo hay menos tierras cultivadas, sino que la población rural –que antes tenía sustento en esta actividad– ahora está bajo presión, porque la falta de oportunidades de trabajo en el campo la obliga a migrar hacia la capital, agravando aún más los problemas de esta urbe. La administración de Ricardo Martinelli, tal como lo registra el índice –en el que Panamá pasó de ocupar los primeros lugares durante 8 años (de 2006 a 2014) a la posición 145 en 2016–, casi acaba con este sector y por ahora no se vislumbra mejoría importante. Hará falta más que buenas intenciones para lograr que salga del hueco en el que está. El productor en general está pasando problemas, y cuando estos se agraven, todos nosotros pagaremos el precio, pues no hay comida más cara que la que no se tiene.

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Hace 10 añosLa adicción al alcohol es el enemigo invisible que cada día destruye más a familias y a la sociedad panameña. Las estadísticas son duras. Panamá tiene el segundo consumo per cápita más alto de licor de la región centroamericana. La incómoda verdad de que es más barato comprar una bebida alcohólica que adquirir el volumen equivalente en leche para los niños revela la existencia de un subsidio sombra al sufrimiento, al empobrecimiento y a la violencia en nuestro país. El consumo generalizado de alcohol en toda fiesta, celebración o feriado se ha convertido en el disparador de fenómenos como la violencia doméstica, los embarazos no deseados, los accidentes de tránsito, el ausentismo laboral y tantas otras afectaciones que impactan de manera negativa a nuestra población. No hay soluciones fáciles a este problema, sin embargo, el primer paso, al igual que en toda terapia de recuperación, es reconocer la realidad y aceptar que estamos enfrentando una crisis de alcoholismo de grandes proporciones que le roba las posibilidades de desarrollo y bienestar al país. Es nuestra responsabilidad, como sociedad, enfrentar el problema y propiciar una solución.

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