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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 10 añosCuando Lilian Tintori y Antonieta de López –esposa y madre del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López, respectivamente– fueron humilladas y ultrajadas por cancerberos de la prisión de Ramo Verde, se confirmó la maldad y los verdaderos valores del régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. No les importó que los dos pequeños hijos de López fueran testigos de la atrocidad. En las entrañas de todas las tiranías proliferan los pervertidos y sociópatas que disfrutan de torturar y someter a vejámenes a cualquier ser humano que esté bajo su control. Los ciudadanos libres de nuestra América debemos repudiar estas acciones medievales, que lamentablemente ocurren en nuestros países en alguna forma y escala, dejando en evidencia la deuda que tenemos en materia de derechos humanos. Este es el legado de la tradición policiaca con la que se gestionan todas aquellas instalaciones donde se depositan personas para ser transformadas en seres sin alma. Con su gallardía y decencia, Tintori nos ha devuelto a los latinoamericanos la dignidad. Ahora nos corresponde exigir que estos ultrajes se acaben, y jamás callar ante estos abusos.

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Hace 10 añosLos magistrados de la Corte Suprema de Justicia han demostrado con su comportamiento que viven en una burbuja de opacidad e irrespeto a la institucionalidad democrática del país. La denuncia contra el Presidente de la Corte, sobre su supuesta participación en el escándalo de los pinchazos, es la última cereza en el pastel de horror de lo que ocurre en ese órgano del Estado. Con independencia de si lo denunciado es un hecho o no, es evidente que el sistema judicial empieza a hacer implosión desde su misma cúspide, incapaz de soportar el enorme peso de los actos y actores corruptos que carcomen la administración pública. El festín de acusaciones mutuas revela lo podrido que hay en el que debería ser el árbitro supremo de la nación. Lo que está ocurriendo rebasa todo límite razonable y empieza a amenazar con hacer colapsar las bases del Estado de derecho. Urge una depuración en la Corte y la renuncia de los magistrados es lo que se impone bajo estas circunstancias, pues su carente credibilidad da paso a la sospecha: ¿sus fallos son en estricto derecho o sirven a sus propios intereses y/o a los de terceros? Esa es la duda que impera.

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Hace 10 añosLa Ley 15 del 26 de abril de 2012 establecía el cobro obligatorio de una tasa de 0.5% a todos los usuarios de los servicios de telecomunicación ofrecidos en el país. La finalidad de dicha norma era financiar el soterramiento de la maraña de cables eléctricos y de telecomunicaciones, principalmente en la zona bancaria de la ciudad de Panamá, y en otras dos áreas del interior del país. El pleno de la Corte Suprema de Justicia encontró que era inconstitucional disfrazar como impuesto nacional una tasa para beneficio de unos pocos. Y es que el principio del beneficio general debe primar sobre el provecho de algunos, por más legítimos que sean los proyectos y obras impulsadas por el Estado. En otras palabras, la inversión pública no es neutral ni indiferente a la realidad social en la que se da. Esto reclama más responsabilidad de parte de los gobernantes, y el rompimiento del tabú de que Panamá se acaba cada cinco años. Es imperioso que en proyectos de este tipo se planifiquen y se midan sus alcances, más que sus réditos a corto plazo. La falta de transparencia y las triquiñuelas le salen muy caras al país. Hay que ponerle un alto a tanta irresponsabilidad.

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Hace 10 añosLos grandes proyectos de infraestructura requieren de la experiencia de consorcios internacionales, avalados por su prestigio y reputación, que se sustentan a su vez en sus ejecutorías visibles. Panamá es un país cuyo crecimiento económico se ha convertido en un polo atractivo para estas empresas. En ocasiones, los jugadores de estas ligas se manejan con los hilos del poder político, la influencia y las ventajas, no siempre muy transparentes, que aprovechan cuando la ocasión así lo permite. Lamentablemente, el país tiene un historial no muy halagüeño con este tipo de proyectos, máxime si estos son bandera de los gobiernos de turno. Con la administración Martinelli, las venias, las componendas, y todo tipo de ‘aceites’ para favorecer a ciertas empresas extranjeras, resultaron en un gran fiasco y en la pérdida millonaria de dineros del Estado. Hoy hay señalamientos que apuntan a que no hemos superado esas malas prácticas, y que personeros oficiosos de países interesados en hacer negocios con Panamá, a toda costa, siguen influyendo en los funcionarios panameños en medio de una pasividad inaceptable, mientras que sus países son materia de escándalo y bochorno. ¿Qué esperamos para reaccionar y poner ya un alto a la corrupción?

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Hace 10 añosLas cifras son astronómicas. Se habla de decenas de millones de dólares. De proyectos que nunca vieron la luz o de otros sin duda importantes, pero cuyos costos no logran justificarse si se los compara a sus resultados. Se habla de redes de complicidad, de cuentas, de negocios que generaban más negocios, de gastos excesivos, de casas opulentas, propiedades, vehículos de lujo para provecho personal adquiridos a partir de dinero público. El ciudadano común lee y escucha las noticias sobre la corrupción que ha padecido el país desde hace muchos años y mira, indignado, esas cifras que la mayoría, trabajando sacrificada y honradamente, jamás alcanzará. Y mientras esa danza de millones desfila todos los días frente a ese ciudadano, proyectos urgentes como la nueva sede del Instituto Oncológico Nacional o la remodelación del Teatro Nacional no terminan de materializarse. Que la salud y la cultura importen tan poco señala un grave problema de las dirigencias políticas y muestra una seria miopía de quienes pueden y deben procurar mejorar las condiciones de vida de la gente. Ese orden de prioridades mezquino y venal debe cambiar de inmediato. El país demanda de sus líderes respuestas y respeto.

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Hace 10 añosEl dengue, la gripe aviar y el zika azotan el país. Con estos virus llega una pluralidad de enfermedades respiratorias y alergias. A esto se suman los 23 meses continuos de escasez de agua, superando los 18 meses que tiene la administración Varela. ¿Cuál es la prioridad nacional más inminente? La respuesta debería ser la de gestionar la crítica situación sanitaria para evitar que empeore, amenazando, incluso, el año escolar y la producción de alimentos. Sin embargo, en los próximos días el Consejo de Gabinete cavilará sobre culecos y las fuentes de agua a ser utilizadas para garantizar el negocio y la política de la fiesta. Hace 15 años, un gobierno arnulfista enfrentado a la amenaza del virus hanta suspendió los carnavales. ¿Por qué ese mismo ejemplo de responsabilidad no es aplicado ahora? El país no está para concursos de popularidad, sino para decisiones serias e importantes. Es hora de que entiendan los políticos que eso se llama gobernar.

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Hace 10 añosExiste una sensación de vértigo en la realidad nacional causada por la respuesta pasiva de la dirigencia política que nos gobierna, frente a la actual ola de escándalos de corrupción que afecta esta administración. Ante la falta de determinación que ha adoptado el presidente Varela, cabe preguntarse si sus expresiones son realmente intencionadas o producto de una falta de comprensión de la gravedad de la situación. Queda la duda de ello, luego de que el gobernante calificara la actual crisis en la administración de justicia como un “tema interno” de la Corte Suprema. Haberlo dicho antes, pero no. Todo lo contrario: en campaña nos vendió la idea de nuevos mecanismos para garantizar una justicia depurada. En cuanto al PAN, mejor ni hablar. Ahora resulta que –para el Presidente– la “división de materia” es un tema “que está en debate”. Pues eso no es lo que dice la Ley de Contrataciones Públicas vigente. Panamá tiene un sistema hiperpresidencialista, en el que el rol, estilo y método de quien gobierna define nuestra historia. El verdadero liderazgo proviene de escuchar a la opinión pública, aprender de los errores y ser capaz de enrumbar.

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Hace 11 añosLa Corte Suprema de Justicia nació el 21 de noviembre de 1903. Un decreto elaborado por Carlos A. Mendoza le dio forma y con el impulso de su primer presidente, Gil Ponce, el Órgano Judicial cobijó con legalidad a la nueva República, bajo el mandato claro de hacer viable el país con una justicia legítima y confiable. En sucesivas ocasiones, la Corte tuvo la estatura moral para rescatar el país de los atolladeros en que la politiquería doméstica lo sumía. Después de la dictadura militar, la Corte recogió los pedazos de institucionalidad judicial, y con ellos empezó a construir una esperanza. Varias administraciones de la Corte fortalecieron sucesivamente al Tribunal Electoral, protegiéndolo de las leguleyadas criollas. Sin embargo, la Corte ha sufrido un terrible deterioro, tanto en la calidad de sus fallos, como en la integridad de sus sentencias. Hoy la Corte carece de toda credibilidad. Por confesión de uno de los magistrados, se confirma la abierta injerencia de los poderes ejecutivos en los asuntos íntimos de la justicia. Aunque había esperanzas de que esto cambiara para mejor, los acontecimientos de las dos últimas semanas indican otra cosa. Los magistrados José Ayú Prado y Harry Díaz, si tienen alguna reserva moral de respeto hacia la patria, deben renunciar a la Corte inmediatamente para permitir que se inicie la renovación ética que la justicia panameña necesita. No puede haber marcha atrás después de todo lo que se ha divulgado. La justicia se ha convertido, ante los ojos de la ciudadanía, en un bazar, sometida a las pujas del mejor postor. Panamá y su Estado de derecho se merecen un nuevo comienzo. Hay que salvar el sistema penal acusatorio, erradicar la corrupción y combatir la mora judicial. En este sentido, el Ejecutivo aún tiene varias oportunidades por delante para designar abogados probos que estén a la altura de conformar un cuerpo colegiado capaz, honesto e independiente. En corto plazo se debe nombrar al sustituto de Alejandro Moncada Luna –hoy preso en El Renacer–, a tres suplentes que están pendientes, y a mediano plazo, los reemplazos de Oydén Ortega y Jerónimo Mejía. Presidente Varela, cúmplale al país, tiene entre manos una responsabilidad histórica. Señores magistrados Ayú Prado y Díaz, por su dignidad y cualquier ápice de decencia que les quede, renuncien y terminen con su bochornosa y trágica actuación.

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Hace 11 añosHoy la portada de este diario es un recordatorio de que la corrupción está vigente. La auditoría al Instituto de Mercadeo Agropecuario revela que se efectuaron pagos excesivos y las contrataciones dudosas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), hoy Dirección de Asistencia Social (DAS), ofenden el sentido común. Además, un grupo de altos funcionarios del Ministerio de Educación ha sido destituido por “pérdida de confianza”. Estos son los primeros indicios de que la cultura política oportunista, los compadrazgos, y el quid pro quo de contribuciones de campaña a cambio de favores y de contratos de gobierno son un cáncer que sigue afectando al Estado. La transparencia y la lucha contra la corrupción no son ropajes convenientes solo para perseguir a algunos funcionarios de gobiernos anteriores. La administración actual tiene que recuperar la confianza y la legitimidad ante los ojos de los ciudadanos, y comprometerse, a profundidad, con la transformación ética e institucional que Panamá necesita para erradicar la corrupción de su realidad política. No hay excusas ni pretextos válidos que justifiquen más impunidad o indiferencia frente a este grave flagelo, que amenaza las bases mismas del Estado de derecho y la lealtad a la democracia. Así de importante debe ser este reto para todos los panameños.

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Hace 11 añosEl Canal de Panamá es una empresa de todos los panameños. El principal activo del país y un símbolo de la historia y las luchas que conformaron la nación a lo largo de varias generaciones. Las preocupaciones en torno a la vía son legítimas para todos los ciudadanos, y entre estos, los diputados de la Asamblea Nacional, que como integrantes de ese órgano del Estado, tienen derecho a pedir cuentas de lo que ocurre allí y del uso de los dineros que produce, que constituyen, además, una de las principales entradas del Estado. Legítimo es el cuestionamiento por los constantes atrasos de la obra de la ampliación y el cumplimiento del contratista. Lo que es inaceptable es que ese debate legítimo se transforme en el triste espectáculo de la politiquería, de que este ejercicio de cuestionamiento se convierta en tarima para maniobras de luces cortas e intereses mezquinos, de descalificaciones, irrespeto y acusaciones sin pruebas. Panamá ha apostado en buena parte su futuro al Canal ampliado, por lo que aprovecharse de esta situación es reprochable.

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