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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 10 añosDespués de 10 años, y múltiples intentos fallidos de hacer justicia, hoy se intentará, nuevamente, realizar la audiencia por el envenenamiento masivo causado por el dietilenglicol. Panamá mantiene una enorme deuda moral y económica con los sobrevivientes y familiares de aquellos anónimos panameños que murieron por la voracidad de los contratistas dispuestos a todo para ganarse una licitación y la ineptitud de la burocracia insensible de una institución llamada a velar por la salud de sus asociados, la Caja de Seguro Social (CSS). Es una vergüenza que en otros países el caso panameño sea utilizado como experiencia modelo de un error catastrófico en materia de gestión de insumos para la salud pública. Ni la CSS ni el sistema de justicia han sido reformados, a pesar de tres diferentes administraciones, para que semejante canallada no se repita. Aun cuando hoy se realiza, finalmente, la audiencia y en los próximos meses se condene a los culpables de esta atrocidad, jamás se reparará el daño y el sufrimiento causado. Esa es la lección que deben aprender los servidores públicos y los tribunales de justicia. Prohibido olvidar.

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Hace 10 añosLa justicia comunitaria de paz es una propuesta necesaria para nuestro país. Su implementación desarrollaría la solución de controversias con el uso de mecanismos alternos de resolución de conflictos. En otros países se prefiere que las personas resuelvan equitativamente sus disputas sin dañar sus familias ni afectar sus trabajos o negocios. En Panamá, la justicia administrativa lleva años estancada con los corregidores y jueces nocturnos de policía, quienes solo entienden su función como imponer multas y enviar inquilinos a las prisiones. Los padres de la patria no han dado su respaldo a esta iniciativa, porque pretenden aprovechar estos puestos para nombramientos políticos. Esto es darle la espalda al país en los grandes temas de la justicia. Nuestro sistema judicial ha de adaptarse a las necesidades de la sociedad, y los diputados deben asumir su rol y debatir este tema con la debida seriedad. Esa es su responsabilidad.

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Hace 10 añosSuiza solía ser el país con el secreto bancario más estricto y el refugio más seguro de los fondos de los corruptos. El combate al lavado de dinero -incluyendo aquel que se pretende esconder a través de figuras financieras internacionales- ha hecho que muchos países, incluyendo Panamá, hayan reformado sus legislaciones a fin de que la corrupción encuentre cada vez menos espacio en sus sistemas bancarios. Suiza ha dado una gran lección al mundo, al devolver voluntariamente a Brasil unos 190 millones de dólares producto de los sobornos y comisiones del escándalo de Petrobras. Las autoridades investigativas helvéticas tienen congelados algo más de 800 millones de dólares en cuentas pertenecientes a políticos, empresarios y testaferros identificados por la Operación Lava Jato. Para Panamá la lección es clara, la lucha contra la corrupción y la cooperación con el resto del mundo fortalecerá a nuestro sistema financiero. Queda en evidencia, una vez más, que la honestidad sí es la mejor política.

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Hace 10 añosEl modelo de negocios de la Zona Libre de Colón (ZLC) está en crisis. Los desafíos no son coyunturales, ni se reducen a la situación económica de los países vecinos o al aumento del valor del dólar. Los grandes cambios en el comercio mundial y los avances en materia de logística le han restado competitividad y mercado a la ZLC. Por casi 70 años, la propuesta ha sido la misma, y a pesar de la disminución en ventas, la reducción de las planillas y el enorme inventario que acarrea la zona franca, se quiere insistir en las mismas prácticas empresariales. Colón Puerto Libre es una buena iniciativa que complementa a la ZLC, pero es urgente implementar estrategias de alto valor agregado, como pueden ser las de comercio electrónico, la generación de nuevos productos financieros o el desarrollo de industrias de tecnologías de la información y comunicación, que potencien lo que Panamá tiene y lo que Colón puede ofrecer. Ningún cambio es fácil, y ninguna transición es cómoda, pero este es un momento favorable para innovar por el bien del país. Lo hicimos en 1948, cuando se creó la Zona Libre, y lo podemos hacer ahora.

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Hace 10 añosEs un enigma envuelto en un misterio. Aparentemente, todo lo referente a las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, con respecto a los casos de Ricardo Martinelli, siempre tienen un elemento de suspenso que causa una serie de especulaciones que abruman a la sociedad panameña. ¿Se pidió realmente la extradición del expresidente autoexiliado? Lo único que sabemos a ciencia cierta es la existencia de una carta al director de la Policía Nacional proveniente del magistrado Jerónimo Mejía, en la que imparte instrucciones para la detención del exmandatario. ¿Correrá esta orden con la misma suerte que los pedidos a la Interpol sobre otros personajes de alto perfil? Nada está claro. El exceso de opacidad y la ausencia de una comunicación clara y directa con los ciudadanos por parte del Órgano Judicial, nos confunde a todos y hace que seamos presas fáciles del pesimismo y del cinismo. El Estado de derecho pierde cuando se deja de creer en las autoridades que administran la justicia. Aquí ya se ha perdido demasiado, es tiempo de claridad y transparencia, sobre todo en los casos más importantes, pues todo el pueblo espera que se haga justicia ejemplar.

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Hace 10 añosLa crisis de la justicia en Panamá tiene manifestaciones evidentes de ser una mala comedia. Por ejemplo, en la causa al exministro de Desarrollo Social, el juez decimoquinto penal rechazó de plano un incidente de la defensa que pedía la nulidad del sumario, porque el Ministerio Público había excedido el término establecido para completar su investigación. En contraste, el juez quinto penal del mismo circuito judicial, en el caso del exministro de Seguridad, encontró mérito en la argumentación rechazada por su colega, para dictaminar la nulidad parcial del sumario por el caso de los radares. Esto es una evidencia contundente de lo que se ha denunciado en cuanto a la actuación de algunos jueces y magistrados. El sistema penal acusatorio y la carrera judicial son un buen inicio para evitar estas contradicciones en la administración de justicia y reducir la corrupción. Es imperativo poner un alto a la impunidad, que no es otra cosa que el privilegio que disfrutan algunos, en detrimento del derecho de todos.

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Hace 10 añosSan Miguelito es un distrito con muchas esperanzas y un gran potencial. Por varias generaciones se le han escatimado recursos para darle una oportunidad a su juventud, entregándola a los vicios, a la criminalidad, al olvido y a condiciones de vida plagadas de tristeza. Con la reapertura del Complejo Deportivo del sector de Santa Marta, en el corregimiento Torrijos Carter, se hace viable una alianza entre el Gobierno Central –a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad Pública– y el municipio de San Miguelito para dotar a la comunidad, principalmente a sus estudiantes, de un espacio sano y seguro para hacer deportes y actividades al aire libre. La violencia y las pandillas han capturado los espacios públicos y han sembrado el miedo en la población. Si las fuerzas vivas del distrito, las autoridades locales y el Gobierno Central mantienen su compromiso permanente con este complejo, la ciudadanía entera se verá beneficiada con una mejor convivencia, más atletas y futuras generaciones enriquecidas con las vivencias felices que el deporte y la recreación pueden producir. Esta es la mejor estrategia para quitarle el sustento a las bandas, y recuperar las zonas calientes a la legalidad, libre de armas y de drogas. San Miguelito se merece esa oportunidad.

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Hace 10 añosEl pasado año, la comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional fue capaz de darnos una gran esperanza con la investigación y juzgamiento del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia. Después de semejante expresión de institucionalidad, esperábamos que el trabajo de los padres de la Patria en materia de justicia continuara al mismo ritmo. En su lugar, los diputados de todas las bancadas han dado muestras de desinterés hacia la delicada tarea de sanear a nuestro máximo tribunal de justicia. La excesiva demora en tramitar las denuncias contra los magistrados, genera en la opinión pública la incómoda sospecha de que existe un pacto de no agresión entre el poder judicial y el poder legislativo. Panamá no podrá desarrollarse mientras tenga una justicia corrupta, cargada de conflictos de intereses, y sometida a los designios de la política clientelista y del mejor postor. La responsabilidad por un mejor país recae ahora sobre la comisión de Credenciales del Órgano Legislativo. No olvidemos sus nombres y rostros, porque ellos han determinado la clase de país que somos, y de esta forma han ahogado las aspiraciones de todos los panameños.

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Hace 10 añosNingún país se desarrolla sin planificación. Esta tarea requiere de estadísticas confiables. El errático comportamiento de los gobiernos recientes en la gestión de los datos estadísticos ha perjudicado la toma de importantes decisiones. La opacidad, la desidia, y el recelo entre instituciones, por ejemplo entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, han generado un conjunto de cifras nacionales mediocres, incompletas e inciertas. Panamá sigue ignorando con exactitud la cantidad de menores embarazadas, el alcance del fracaso escolar, el número real de enfermos de distintas patologías y hasta el nivel de criminalidad que enfrenta la población. Esta situación se complicó con el terrible Censo de 2010, cuyos defectos dejaron al Estado una base de datos inexacta, que sigue causando problemas para definir los servicios públicos que requiere la sociedad. Las estadísticas nacionales necesitan urgentemente de mayor atención y mejores recursos para poder estar al nivel que nos merecemos los panameños. Aquello que no se mide, no se puede corregir; y lo que se esconde, nos hace daño a todos.

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Hace 10 añosEl proyecto de ley 305, que modifica al maltrecho régimen de contrataciones públicas, es insuficiente para prevenir un nuevo saqueo al erario. Ingenuamente, la propuesta establece como causal de exclusión de postores, la condena en Panamá del presidente o de un alto directivo de una transnacional. Esto es risible, no solo por el comportamiento de nuestro sistema de justicia, sino porque ignora la realidad de que en casos de corrupción internacional, muchas corporaciones y sus ejecutivos hacen acuerdos con las autoridades a cambio de evitar condenas. Con toda la experiencia acumulada de fiscales, contralores y de los especialistas internacionales, sería justo suponer que la nueva legislación fuera más sofisticada, evitando la participación de contratistas dudosos, restringiendo la concentración de obras gubernamentales en manos de una sola empresa o consorcio, y obligando a pactos de integridad que rompan el círculo vicioso del sobrecosto y la coima. Una nueva Ley de Contrataciones debe liberarnos de la cultura de la trampa, y lamentablemente, el proyecto 305 está muy lejos de cumplir esa tarea.

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