Hace 17 añosLos deslizamientos de tierra ocurridos en cerro Quemado tras la construcción del último tramo del Corredor Norte –bajo esta administración– evidencian la actitud negligente de nuestras autoridades en materia de controles e inspecciones. La constructora Pycsa hizo lo que mejor convenía a sus propios intereses mercantilistas, mientras que alguien en el Ministerio de Obras Públicas cerraba los ojos cuando la empresa socavaba las faldas del cerro que hoy se desmorona brutalmente con las lluvias propias de la época.
Hace 17 añosLos deslizamientos de tierra ocurridos en cerro Quemado tras la construcción del último tramo del Corredor Norte –bajo esta administración– evidencian la actitud negligente de nuestras autoridades en materia de controles e inspecciones. La constructora Pycsa hizo lo que mejor convenía a sus propios intereses mercantilistas, mientras que alguien en el Ministerio de Obras Públicas cerraba los ojos cuando la empresa socavaba las faldas del cerro que hoy se desmorona brutalmente con las lluvias propias de la época.
Hace 17 añosEn octubre de 2003, la Corte Suprema ordenó archivar el caso Cemis alegando una serie de irregularidades en el manejo del expediente –todas de forma y no de fondo– y con ello, uno de los mayores escándalos políticos se dejó de investigar. Así, prestantes figuras del PRD se beneficiaron. Recordemos que el entonces legislador Carlos Afú –dinero en mano– acusó a sus pares del PRD, así como a autoridades de su partido de haber recibido sobornos en favor del proyecto de ley que daba vida al Cemis.
Hace 17 añosEn octubre de 2003, la Corte Suprema ordenó archivar el caso Cemis alegando una serie de irregularidades en el manejo del expediente –todas de forma y no de fondo– y con ello, uno de los mayores escándalos políticos se dejó de investigar. Así, prestantes figuras del PRD se beneficiaron. Recordemos que el entonces legislador Carlos Afú –dinero en mano– acusó a sus pares del PRD, así como a autoridades de su partido de haber recibido sobornos en favor del proyecto de ley que daba vida al Cemis.
Hace 17 añosSi hay un denominador común en esta administración, es la improvisación. Las obras se hacen a la carrera, no forman parte de un plan u ordenamiento que le dé consistencia a la infraestructura estatal. Es así como millones de dólares en estudios, contrataciones, materiales y tiempo se pierden por simple desidia. La reparación de las escuelas se hace tan aprisa que no se convoca a licitación; la falta de planificación nos enlatará en tranques interminables porque la cinta costera termina en un cuello de botella, pues un puente vehicular que pudo solucionar este problema desapareció del proyecto. De la misma forma, se crean leyes que nadie se ocupa de que se cumplan, como las “restauraciones” en el Casco Antiguo. Ni siquiera se encargan de que las cañerías estén despejadas antes de que lleguen las lluvias o que las constructoras paguen por el daño que causan a servidumbres públicas, bienes del Municipio y del Estado. Por ello se atreven a pedir, sin el menor atisbo de vergüenza, que se suspenda la norma que las obliga a pagar por ello. En resumen, se ha institucionalizado el caos.
Hace 17 añosSi hay un denominador común en esta administración, es la improvisación. Las obras se hacen a la carrera, no forman parte de un plan u ordenamiento que le dé consistencia a la infraestructura estatal. Es así como millones de dólares en estudios, contrataciones, materiales y tiempo se pierden por simple desidia. La reparación de las escuelas se hace tan aprisa que no se convoca a licitación; la falta de planificación nos enlatará en tranques interminables porque la cinta costera termina en un cuello de botella, pues un puente vehicular que pudo solucionar este problema desapareció del proyecto. De la misma forma, se crean leyes que nadie se ocupa de que se cumplan, como las “restauraciones” en el Casco Antiguo. Ni siquiera se encargan de que las cañerías estén despejadas antes de que lleguen las lluvias o que las constructoras paguen por el daño que causan a servidumbres públicas, bienes del Municipio y del Estado. Por ello se atreven a pedir, sin el menor atisbo de vergüenza, que se suspenda la norma que las obliga a pagar por ello. En resumen, se ha institucionalizado el caos.
Hace 17 añosDespués de mutuas recriminaciones, la Procuradora y el Contralor de la República “limaron” ayer asperezas y ahora se presentan ante los ciudadanos como dos funcionarios que trabajan en armónica relación. La jefa del Ministerio Público ya no echa de menos al anterior contralor –su antiguo aliado estratégico– y al parecer tampoco recuerda que dijo que no había pruebas sobre casos de corrupción que supuestamente la Contraloría había entregado a las fiscalías del ramo.
Hace 17 añosDespués de mutuas recriminaciones, la Procuradora y el Contralor de la República “limaron” ayer asperezas y ahora se presentan ante los ciudadanos como dos funcionarios que trabajan en armónica relación. La jefa del Ministerio Público ya no echa de menos al anterior contralor –su antiguo aliado estratégico– y al parecer tampoco recuerda que dijo que no había pruebas sobre casos de corrupción que supuestamente la Contraloría había entregado a las fiscalías del ramo.
Hace 17 añosUno de los primeros actos de gobierno de Martín Torrijos en 2004 –al llegar a la Presidencia– fue eliminar un reglamento que creó la administración de Mireya Moscoso que castraba la Ley de Transparencia, haciéndola inservible. Pero el Presidente también hizo lo propio cuando unilateralmente decidió impedir, obstaculizar o retrasar la divulgación de información concerniente al manejo de las finanzas públicas. De esta forma, para los panameños tener acceso o recibir información oportuna resulta una hazaña casi imposible. Y cuando nos enteramos, es tarde para elevar la voz de alarma por el manejo de nuestros impuestos. Una lástima que la política de este gobierno, en materia de transparencia, no lo ha diferenciado mucho del que lo antecedió. El reto ahora es para la administración Martinelli.
Hace 17 añosUno de los primeros actos de gobierno de Martín Torrijos en 2004 –al llegar a la Presidencia– fue eliminar un reglamento que creó la administración de Mireya Moscoso que castraba la Ley de Transparencia, haciéndola inservible. Pero el Presidente también hizo lo propio cuando unilateralmente decidió impedir, obstaculizar o retrasar la divulgación de información concerniente al manejo de las finanzas públicas. De esta forma, para los panameños tener acceso o recibir información oportuna resulta una hazaña casi imposible. Y cuando nos enteramos, es tarde para elevar la voz de alarma por el manejo de nuestros impuestos. Una lástima que la política de este gobierno, en materia de transparencia, no lo ha diferenciado mucho del que lo antecedió. El reto ahora es para la administración Martinelli.
