Hace 18 añosPanamá dará un gran paso en materia de derechos humanos cuando sean eliminados de forma definitiva las figuras conocidas como juez nocturno y los corregidores, quienes fueron los instrumentos predilectos de la tiranía dictatorial para cometer múltiples abusos contra el pueblo panameño. Así, muchos opositores fueron huéspedes de las cárceles militares solo por desafiar el gobierno de la cúpula castrense, que mantuvo de rehén a los panameños por espacio de más de 20 años.
Hace 18 añosFue un diálogo que duró más de año y medio, con tropiezos y obstáculos, pero finalmente hay un resultado. La Mesa de Salud ha entregado al Consejo de Concertación Nacional un proyecto de ley que busca integrar el sistema de atención de los pacientes del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social.
Hace 18 añosFue un diálogo que duró más de año y medio, con tropiezos y obstáculos, pero finalmente hay un resultado. La Mesa de Salud ha entregado al Consejo de Concertación Nacional un proyecto de ley que busca integrar el sistema de atención de los pacientes del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social.
Hace 18 añosSe confirmó la sospecha: el Presidente se hizo cómplice al sancionar la hoy Ley 29 que introdujo un artículo para que subsistan las resoluciones del Ministerio de Vivienda sobre el cambio de uso de suelos en áreas revertidas. Y así, en una ley que rebaja los impuestos a los que menos ganan, los diputados –con el beneplácito de Martín Torrijos- introdujeron el artilugio legal que borra de un plumazo los obstáculos que alguna vez tuvieron los propietarios de proyectos inmobiliarios e industrias para concretar sus planes.
Hace 18 añosSe confirmó la sospecha: el Presidente se hizo cómplice al sancionar la hoy Ley 29 que introdujo un artículo para que subsistan las resoluciones del Ministerio de Vivienda sobre el cambio de uso de suelos en áreas revertidas. Y así, en una ley que rebaja los impuestos a los que menos ganan, los diputados –con el beneplácito de Martín Torrijos- introdujeron el artilugio legal que borra de un plumazo los obstáculos que alguna vez tuvieron los propietarios de proyectos inmobiliarios e industrias para concretar sus planes.
Hace 18 añosEn Panamá hay muchas razones para protestar. Lo que contraría es la forma en que algunos lo hacen. Si ponen cámaras de vigilancia en el Instituto Nacional, todos los ciudadanos tenemos que pagar por ello porque a un grupo de estudiantes no le gusta ser filmado.
Hace 18 añosEn Panamá hay muchas razones para protestar. Lo que contraría es la forma en que algunos lo hacen. Si ponen cámaras de vigilancia en el Instituto Nacional, todos los ciudadanos tenemos que pagar por ello porque a un grupo de estudiantes no le gusta ser filmado.
Hace 18 añosA solo un año de concluir la gestión del actual gobierno, iniciar discusiones sobre la conveniencia o inconveniencia de adicionar una Sala a la Corte Suprema no parece oportuno, por decir lo menos. Independientemente de la validez de las defensas esgrimidas para la creación de un tribunal especializado, ante la realidad actual que se vive en Panamá, tenemos que sumarnos a las voces de crítica que reclaman que el Gobierno se ocupe de otros temas: una canasta básica incosteable, servicios públicos deficientes y gravosos, politiquería y campaña gubernamental desmedida e impunidad rampante con una corrupción descarada.
Hace 18 añosA solo un año de concluir la gestión del actual gobierno, iniciar discusiones sobre la conveniencia o inconveniencia de adicionar una Sala a la Corte Suprema no parece oportuno, por decir lo menos. Independientemente de la validez de las defensas esgrimidas para la creación de un tribunal especializado, ante la realidad actual que se vive en Panamá, tenemos que sumarnos a las voces de crítica que reclaman que el Gobierno se ocupe de otros temas: una canasta básica incosteable, servicios públicos deficientes y gravosos, politiquería y campaña gubernamental desmedida e impunidad rampante con una corrupción descarada.
Hace 18 años¿Al final, quién defiende los intereses del Estado? ICA pretende plantarnos unas islas artificiales sobre la bahía, negocio millonario que vuelve a disparar toda clase de dudas en torno a las grandes obras del Estado. No solo queda la Nación sometida a cláusulas gravosas, sino que estamos huérfanos de información y fiscalización sobre lo pactado. ¿Cómo es posible que en más de una década no se haya llevado a cabo una auditoría sobre los ingresos reportados por la concesión? La ciudadanía ni siquiera conoce el monto que ICA ha recobrado en peajes ni por el desarrollo inmobiliario de Punta Pacífica, para ahora pretender más rellenos. Quizás los llamados de transparencia que entonces se hicieron hubieran servido de algo. Pero la misma premura y hermetismo se repite ahora con la cinta costera, utilizando idéntica excusa a la de los corredores –que son necesarios para la solución vial de la ciudad- con pactos alcanzados a la sombra, y planos fuera del alcance de los medios. ¿Quién defiende los intereses del Estado?
