Hace 24 añosPara ser recordada como una de las democracias estables y modernas del siglo XXI, Panamá debe resolver una compleja gama de problemas. Y por cierto, en la agenda de quienes gobiernen el país durante los próximos años, la búsqueda de decencia y honestidad en aquellos que legislan y representan al pueblo ocupará un lugar privilegiado junto a la desocupación, la educación, la inseguridad y la salud. No escapa de la realidad nacional, tal como lo demuestra la percepción de los panameños, que el Organo Legislativo refleja el nivel de corrupción más alto, junto con el de los partidos políticos y el Poder Judicial. Esta mala imagen de los órganos del Estado, del que no escapa el Ejecutivo, se funda en el alto grado de sospecha pública -por cierto, justificada-, de que el Legislativo y el Judicial parecen más los brazos del Ejecutivo que órganos independientes. Además, los escándalos suscitados a inicio de este año relacionados con los sobornos y tráfico de influencia para la aprobación de dos magistrados de la Corte, todavía pesan en la balanza de la opinión pública, lo que significa que hasta que esto no se aclare y se determinen los verdaderos culpables, la situación de desconfianza se agudizará aún más. La poca credibilidad de las autoridades y el débil compromiso que han demostrado frente a valores constitucionales básicos ayudan muy poco en la tarea de la reconstrucción de la democracia.
