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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por Hoy 2002/03/04

Hace 24 añosLas constituyentes surgen cuando el deterioro institucional las hace necesarias. Siempre suponen riesgos, porque no hay ninguna garantía de que los resultados sean buenos. Sin embargo, en una situación de tan grave crisis en los tres órganos del Estado y la notoria falta de credibilidad en las autoridades, se hace necesaria una verdadera renovación institucional en la república de Panamá. ¿Cómo hacerla? Lamentablemente, el artículo 308 de la Constitución deja pocas alternativas y todas requieren del concurso favorable de la Asamblea Legislativa, que es precisamente uno de los órganos más cuestionados por la opinión pública. Es obvio que los legisladores no se privarán voluntariamente de sus privilegios, prerrogativas y beneficios. Eso solo podría hacerlo una Asamblea Constituyente, electa de modo similar a la de 1945, que le dio al país la mejor Constitución de su vida republicana. Tal vez la manera menos traumática de lograrla sea la modificación del artículo 308 de la Constitución actual, para que establezca un mecanismo de convocatoria de una Constituyente, con el fin de evitar que se den soluciones de hecho que podrían tener impredecibles consecuencias políticas, económicas y sociales. Es hora de pensar seriamente en el futuro institucional de la República.

Hoy por Hoy 2002/03/03

Hace 24 años

Hoy por Hoy 2002/03/02

Hace 24 añosLa calidad de la democracia es en buena parte el resultado de lo que ocurre a lo interno de los partidos. No es suficiente que la sociedad civil se despliegue positivamente, y que los ciudadanos puedan ejercer, y ejerzan, la libertad de expresión junto a las otras libertades. Si a los partidos los anima la idea de construir un mundo mejor, a través de la justicia y el derecho, el activismo democrático será vigoroso. Pero si los partidos enferman, la salud de la democracia también decae. Es por eso que la renuncia voluntaria de los legisladores del PRD a su inmunidad es un acto que merece el reconocimiento ciudadano como un paso acertado en la lucha contra la corrupción. No se trata de un sacrificio, se trata de permitir que el Ministerio Público pueda llegar al fondo de las investigaciones. Ningún partido como tal puede tener un interés legítimo en que la pesquisa no avance. Por eso, llama profundamente la atención la actitud asumida por los legisladores afines al gobierno, que, con algunas pocas excepciones, se resisten a renunciar a su inmunidad. Por la transparencia que urge en el contexto de un acentuado déficit de credibilidad en las instituciones públicas como el que vivimos, sugerimos a la bancada oficialista que recapacite y adopte la actitud que espera de ellos el país.

Hoy por Hoy 2002/03/01

Hace 24 añosBien hicieron el Gobierno Nacional, los gremios empresariales y la dirigencia laboral sentándose alrededor de una mesa, buscando consenso en torno a medidas para reactivar la economía. No obstante, algunos interlocutores parecieran no tener claro que no se trata de una mesa de negociaciones en la que se plantean exigencias clientelistas excesivas para, después del toma y daca, obtener concesiones mínimas, sino que se trata de un diálogo en el que solo debe prevalecer el interés nacional. Tampoco parecieran tener claro que, por lo menos en asuntos de Estado, consenso no significa unanimidad ni mucho menos poder de veto. Bien hace todo gobernante en auscultar la opinión de sus gobernados y tratar de convencerlos de su propia opinión y al final tratar de equilibrar ambas. Lo que no debe hacer un gobierno es dejar de cumplir el deber para el cual se le eligió, cual es gobernar en beneficio de la nación. Por ende, quizás al Ejecutivo no le quede otra que dar por concluido el diálogo, que bastante ha demorado ya, presentando pronto a la consideración de la Asamblea Legislativa los proyectos de ley sobre el uso del Fondo Fiduciario y activos del área revertida y los límites al endeudamiento público, que reúnen ya la aquiescencia, sino de todos, por lo menos de la inmensa mayoría, no solo de quienes estuvieron conversando sino de la ciudadanía en general.

Hoy por Hoy 2002/03/01

Hoy por Hoy 2002/02/28

Hace 24 añosLa comisión presidencial, para combatir la corrupción, ha presentado un informe con recomendaciones específicas. Hay algunas que solo pueden lograrse a largo plazo, como aquellas que requieren de una reforma constitucional; otras, a mediano plazo, porque necesitan cambios en la legislación para aplicarlas, pero también hay algunas que podrían ser de aplicación inmediata, si es que de veras existe la voluntad política para convertirlas en realidad. Las recomendaciones están bien pensadas y atienden a problemas reales en la administración pública, pero su efectividad depende del concurso de los tres órganos del Estado. Es difícil, pero no imposible, la ejecución y debida aplicación de las medidas propuestas, si es que realmente se pretende sanear las instituciones de la República. Por supuesto, no faltarán quienes critiquen las recomendaciones, sin proponer otras mejores, pero a palabras necias oídos sordos. La comisión fue nombrada, ha hecho su trabajo preliminar, y quien debe convertirse en promotora de la ejecución de sus recomendaciones es la presidenta de la República. Muy triste sería que nada se hiciera.

Hoy por Hoy 2002/02/27

Hace 24 añosLos tres gobiernos que sucedieron a la dictadura militar, prometieron al país, a la Sociedad Interamericana de Prensa, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría Para la Libertad de Expresión y a otros muchos organismos, que derogarían las leyes restrictivas de la libertad de expresión. Nombraron comisiones integradas por funcionarios y representantes de los medios de comunicación, pero nada concreto ocurrió. Por eso es muy oportuna la opinión de Marcos Castillo, al ser juramentado como presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Hay que derogar las “leyes mordaza”, despenalizar la calumnia e injuria y eliminar las normas que permiten condenar sin juicio previo. Se han obtenido logros importantes, como la derogatoria de la ley que creaba la Dirección de Medios de Comunicación, y la recientemente sancionada ley de transparencia en la gestión pública. Son pasos en la dirección correcta, pero no son suficientes. Los periodistas son víctimas del hostigamiento judicial, a través de frecuentes citaciones para declaraciones juradas o indagatorias que les hacen perder el tiempo que deberían dedicar a su trabajo. Por ello, los periodistas deben respaldar a Marcos Castillo y hacer causa común con lo que plantea, porque los objetivos que señala son importantísimos para el periodismo panameño a través de la radio, la televisión y de la prensa escrita.

Hoy por Hoy 2002/02/26

Hace 24 añosLa extraña decisión del Ministerio Publico al suspender las investigaciones sobre el supuesto soborno a legisladores para que votaran a favor de los dos magistrados designados por el Ejecutivo, y para aprobar el Centro Multimodal, Industrial y de Sevicios (CEMIS), es una especie de aberración jurídica. Cierto es que la inmunidad legislativa impide al Ministerio Público investigar a los legisladores supuestamente implicados en actos de corrupción, pero las investigaciones no se reducen a los legisladores. Hay muchos otros aspectos que podrían identificarse como hechos constitutivos de delitos que no involucran a nadie que goce del repugnante privilegio de la inmunidad. Allí están, por ejemplo, las denuncias que Lew Rodin ha presentado en contra de Martin Rodin, su hijo, y las que Peter Rodin ha hecho en contra de su propio hermano. Otro tanto ocurre con Stephen Jones, administrador del Consorcio San Lorenzo, quien es la persona que puede precisar a qué se debieron los cuantiosos retiros de dinero en efectivo que se registraron en las cuentas del Consorcio, según ha declarado Martin Rodin. Esas situaciones pueden y deben investigarse, independientemente de si los legisladores tengan o no la coraza protectora de la inmunidad o la impunidad, que para el caso es lo mismo. El Ministerio Público falta a su deber constitucional y legal al suspender las investigaciones, bajo el pretexto de la inmunidad legislativa, lo que compromete su credibilidad y le hace un flaco favor a la justicia..

Hoy por Hoy 2002/02/25

Hace 24 añosEn un país como Panamá, en el cual el analfabetismo moral es tan abundante, especialmente entre los servidores públicos, es muy refrescante y encomiable la actitud del presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena, quien renunció a su inmunidad por todo el término de su mandato e invitó, con poco éxito, a que sus colegas hicieran lo mismo. Rubén Arosemena no ha sido implicado en nada, no ha sido indagado, pero en una decisión que lo honra, renunció a su inmunidad. Muchos otros –la inmensa mayoría– han asumido la cómoda actitud de que sea el Ministerio Público, a priori, quien solicite, específicamente, cuáles legisladores deben despojarse de la inmunidad. Es obvio que el Ministerio Público no puede determinar, en la mayoría de los casos, la identidad de los legisladores, porque necesita previamente efectuar la investigación que la inmunidad impide. Los legisladores que se sientan libres de corrupción deben imitar a Rubén Arosemena, y quienes no lo hagan, no podrán disfrutar del amparo de la presunción de inocencia porque la opinión pública, que para cualquier político es el tribunal de última instancia, invertirá la carga de la prueba; si no renunciaron a la inmunidad, es porque tienen algo que esconder. Para ser honorables hay que tener honor, y si hay legisladores que no lo tienen, de nada les servirá el ridículo título protocolar con el cual se adornan.

Hoy por Hoy 2002/02/24

Hace 24 años

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