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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por Hoy 2002/01/26

Hace 25 añosEl cobro de las cuotas del Seguro Social está lejos de ser uno de los grandes problemas que afectan a la Caja. En términos generales, se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que la inmensa mayoría de las empresas cumplen sus obligaciones con la Caja, tanto en lo que se refiere al pago de las cuotas patronales como a la transferencia de los fondos retenidos del salario de los trabajadores. La fidelidad de las empresas en aportar a la Caja los fondos que la ley prescribe, es más el resultado de un compromiso con el Seguro y la legalidad que de la satisfacción con los servicios que brinda la institución. La morosidad y las cuentas malas, que nadie niega que las haya, impactan negativamente las finanzas de la Caja, pero los porcentajes que dichos montos representan han sido y siguen siendo muy bajos. Es lógico que la administración del Seguro busque una manera eficiente de cobrar sus deudas, pero nadie debe cometer el error de creer que las medidas que se puedan adoptar a este respecto remediarán los males que enfrenta la institución. En un tema tan complejo, es recomendable no entretenerse en cuestiones subalternas y tomar el toro por lo cuernos de una vez por todas. El tiempo del diálogo, por más que quisiéramos, no es eterno. Y la respuesta que la sociedad y el gobierno deben acordar no parece estar pronta a aterrizar.

Hoy por Hoy 2002/01/25

Hace 25 añosEn Arraiján se encuentra el tramo panameño más conflictivo de la carretera Panamericana. El cierre de la vía, la presencia de la policía antidisturbios, la desesperación y el pleito son lugares comunes del área. Un día cierran los usuarios; otro, los propietarios de autobuses. El malestar es general y la regulación estatal no funciona. No falta el abuso de autoridad. Aún el país no ha olvidado el caso de un agente policial que detuvo un taxi y pidió a los ocupantes, hombre y mujer, que se besaran para verificar si en realidad constituían un matrimonio. Con un acentuado crecimiento demográfico, Arraiján es un microcosmos del caos del transporte urbano en buena parte de la región metropolitana. Es cierto que muchos vehículos, sobre todo taxis, carecen de los permisos respectivos para transportar pasajeros entre la capital y las urbanizaciones y barrios del distrito dormitorio de Arraiján. Se ha incrementado tanto la población en esa área que no son suficientes los autobuses ni es eficiente el servicio que prestan. Ni Kafka se lo imaginaría: cuando se registran las operaciones policiales, los usuarios se amontonan en torno a las paradas mientras los agentes obligan a los pasajeros a bajar de los llamados taxis-pirata. Se desborda entonces la ira de los usuarios, que llegan a destiempo a sus labores. ¿Es tan difícil para la Autoridad del Tránsito sentar a toda las partes y ponerle sentido común a esta historia?

Hoy por Hoy 2002/01/24

Hace 25 añosLa creación de una Comisión Presidencial para Combatir la Corrupción, integrada por personas de reconocida trayectoria profesional, es preocupante aunque el propósito sea bueno. Ocurre que obvias limitaciones constitucionales, particularmente en cuanto a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la de la Administración, imponen muy serios límites a lo que la comisión puede hacer. Fundamentalmente por esas razones, muchos consideran que el nombramiento de la comisión es una especie de cortina de humo para hacer ver que se intenta luchar contra la corrupción, cuando básicamente lo único que puede hacer es recomendar cambios en la legislación y las instituciones. Sería muy lamentable que las ilustres personalidades que forman parte de la comisión presidencial terminen frustradas y frustrando -aunque no lo quieran- la esperanza que su designación ha despertado en la mayor parte de los ciudadanos. El país sufre una crisis de dimensiones colosales y ninguna burla más será tolerada, porque todo tiene un límite y nos estamos acercando peligrosamente a él, lo que no conviene a nadie. Hay que resolver la crisis, y para contribuir a ese objetivo todos los legisladores deben imitar el ejemplo de su colega Rubén Arosemena, y renunciar a sus inmunidades para facilitar las investigaciones. También ayudaría que los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia aceptaran el consejo de dos ex presidentes de la República: renuncien.

Hoy por Hoy 2002/01/23

Hace 25 añosLa ley de libre acceso a la información pública, sancionada ayer por la presidenta de la República, es digna del reconocimiento ciudadano, especialmente en las circunstancias tan críticas que vive el país. El suministro de información de cualquier oficina gubernamental ha dejado de ser asunto discrecional del funcionario. Es un derecho que exige el solicitante y si se le niega, tiene la facultad legal de interponer un recurso de Hábeas data, para que los tribunales competentes le ordenen al funcionario el cumplimiento de la petición del interesado. Si se incumple la orden judicial, el funcionario será sancionado por desacato. Ahora es cuestión de ponerla en práctica y fiscalizar su estricto cumplimiento, especialmente por los más interesados en que se divulgue la información pública de interés general, que son los periodistas. La ley fue producto de distintos anteproyectos que se armonizaron en un texto único. Tal vez tenga deficiencias, pero en términos generales es una buena ley. Con el tiempo, la práctica indicará qué modificaciones o adiciones conviene introducirle para hacerla más efectiva. No es una ley que requiera de especialistas para entender su alcance; tiene el propósito de facultar a las personas, individual o profesionalmente interesadas, para que contribuyan a disipar la densa bruma que ensombrece muchos de los actos de gobierno de pasadas, presentes y futuras administraciones. Lo que el país necesita es transparencia en los actos gubernamentales y esta ley es un instrumento valioso para lograrla.

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