Hace 24 añosLa industria ha sufrido en los últimos tiempos un de terioro que obliga a consi derar las perspectivas del sector para el largo plazo. Según las últimas cifras de la Contraloría General de la República, el sector indus trial tuvo, en el primer se mestre de 2002, una caída del 12% en relación con el período precedente. Pero, más allá de los resultados de la coyuntura, la industria enfrenta problemas serios de competitividad que para muchas firmas se traduce en reducciones de la pro ducción y el empleo, falta de inversión y, en algunos casos, traslados de plantas hacia otros países. En este escenario sólo cabe la ins trumentación de políticas que estimulen mejoras en la productividad industrial y en su capacidad exportadora. Entre ellas se cuentan las políticas de orden general como las tecnológicas o las destinadas a reducir los cos tos laborales, financieros y de los servicios. En el mar co de la celebración de las elecciones en el Sindicato de Industriales, es oportuno hoy señalar que aunque las posiciones presentadas por ambas nóminas son diame tralmente diferentes, es obli gante que una vez supera da la contienda gremial lleguen a un punto medio común con el propósito de preservar la unidad entre los industriales y exportado res, pero teniendo en cuen ta que el objetivo último de cualquier asociación debe ser contribuir a ampliar la capacidad de producir y ge nerar empleo.
Hace 24 añosLa designación de Winston Spadafora como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ha sido criticada por muchas razones. La principal de ellas es su relación especial con la presidenta de la República, lo que, según sus adversarios, le quita independencia en los asuntos en los cuales el Organo Ejecutivo pudiera tener interés. Ahora le corresponde actuar como ponente en el recurso de nulidad que ha interpuesto la Defensoría del Pueblo contra el decreto ejecutivo que reglamentó la ley de libre acceso a la información pública, ignorando su letra y su espíritu. Es una verdadera vergüenza que esa ley, aprobada en la Asamblea Legislativa, sin consideraciones partidistas, que fue sancionada y promulgada por la presidenta de la República y elogiada por muchas organizaciones nacionales e internacionales que defienden la libertad y los derechos humanos, termine anulada, inconstitucional e ilegalmente por un decreto reglamentario, jerárquicamente inferior a una ley de la República. Es la ocasión ideal para que el magistrado ponente demuestre su independencia, haga justicia y restaure el derecho. Haciéndolo, ganará el reconocimiento ciudadano y el respeto nacional e internacional. De lo contrario, el comentario, dentro y fuera del país, será My name is Panama.
Hace 25 añosLa ley de libre acceso a la información pública no ha tenido, en muchos casos, los efectos que se esperaban. Hay una especie de reticencia en la burocracia oficial a romper con la tradición de secretismo de todos los gobiernos. Algunos argumentan que la ley debe ser reglamentada antes de ser aplicada y otros piden prórrogas porque consideran el tiempo insuficiente para ubicar y suministrar las informaciones solicitadas. Salvo algunas dependencias oficiales que sí cumplen con lo dispuesto por la ley, las demás o no proporcionan las informaciones o las suministran tardíamente. Ante tan lamentable situación, sería oportuno que la presidenta de la República ordene a los integrantes de su gobierno, cumplir estrictamente con los términos de la ley por ella sancionada, sin recurrir a subterfugios de naturaleza alguna. Con el mismo criterio deben actuar los tribunales superiores y el pleno de la Corte Suprema de Justicia en la tramitación y decisión de los recursos de hábeas data y, llegado el caso, en la imposición de las sanciones por desacato previstas en la ley. Solo de esa manera los funcionarios cumplirán con las responsabilidades que la ley les impone. Dura lex, sed lex.
Hace 25 añosEstá por concluir la mesa del Diálogo Nacional por el Seguro Social. La iniciativa ha tenido el mérito de poner en primer plano los nubarrones que se avecinan por el enorme hoyo actuarial de uno de los cuatro programas de la institución, el IVM (Invalidez, Vejez y Muerte). En torno a los otros tres programas -Riesgos Profesionales, Enfermedad y Maternidad, y Administración y Gestión-, los sectores participantes han llegado a acuerdos. Sobre el programa IVM, no obstante, lo que existen son notables desacuerdos. El núcleo del problema es el dinero. No solo existe un déficit que sobrepasa los 2.000 millones de dólares, sino que faltan los fondos para sufragar a largo plazo las pensiones. Además, si no se hace nada, en menos de dos décadas, colapsará el sistema de seguridad social, hoy con 60 años, con 600.000 cotizantes y que constituye todo un símbolo en el país. Las próximas semanas serán cruciales para la institución. Su futuro y el del país están en juego. Es indispensable, por tanto, que de ese diálogo surjan propuestas que revitalicen el sistema y que desactiven una peligrosa bomba de tiempo.
Hace 25 añosPor alguna misteriosa razón, hay personas que continúan rezagadas en el pasado. Se aprendieron las lecciones de la UNESCO durante la década de los años setenta del siglo pasado, sobre estupideces tales como el nuevo orden informativo, la soberanía de la información, las idoneidades y las colegiaturas obligatorias. Todo eso cambió tras el colapso de la llamada Cortina de Hierro, pero hay algunos que no quieren o no pueden entenderlo. La UNESCO hasta se siente avergonzada de las recomendaciones que antes hizo, y con razón. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ha censurado el anteproyecto de ley de prensa, calificándolo de “discriminatorio y restrictivo de la libertad de expresión”, porque es un “claro retroceso en materia de libertad de prensa”. Con diáfana claridad, la SIP advierte que “en lugar de... cumplir con las promesas... de eliminar los aspectos restrictivos en la ley panameña, la Asamblea Legislativa ha encaminado ahora sus esfuerzos a revivir temas que ya había derogado, por considerar que limitaban la libertad de prensa y que intrínsecamente promueven la censura y la autocensura”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en varias ocasiones, en el sentido de que tales restricciones violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que, por cierto, ha sido suscrita y ratificada por Panamá.
Hace 25 añosDentro de la agitada actualidad internacional un hecho ha pasado casi inadvertido: la dimisión en pleno del Gobierno holandés y la del comandante en jefe del Ejército. El motivo: su responsabilidad moral por la inoperancia y la pasividad militar holandesa durante la caída, el 11 de julio de 1995, de la localidad bosnia de Srebrenica. La toma del enclave por las fuerzas serbio-bosnias y las masacres que le siguieron costaron la vida a más de 7 mil 500 hombres de religión musulmana, lo que indignó a la comunidad internacional. Por la matanza hay varios acusados de genocidio, entre ellos Milosevic y antiguos líderes serbio-bosnios. La responsabilidad del Gobierno de La Haya es de otra naturaleza. Un demoledor informe oficial elaborado por el Instituto de Documentación de la Guerra, de Holanda, acusó al Gobierno de La Haya de no haber calculado las consecuencias del envío de soldados inexpertos a una “misión imposible”, lo que, al final, los hizo presa de la pasividad. Si bien dentro de pocas semanas habrá elecciones generales en Holanda, la dimisión es un buen ejemplo de cómo deben asumir su responsabilidad quienes dirigen los destinos de los pueblos. Nuestro derrotero como país sería promisorio si en cada acción, sea despojándose de una inmunidad o de otro privilegio, nuestros líderes aprenden y aplican algo de vergüenza política.
Hace 25 añosCuando el Ejecutivo decidió designar la Comisión de la Verdad, algunos la censuraron por considerar que crearía peligrosos antagonismos políticos, y la mayoría manifestó su escepticismo sobre los resultados que obtendría. Pero la comisión entregó su informe, en el que detalla evidencias de 110 casos de asesinatos y desapariciones, a pesar de las restricciones financieras y de otro orden a las que se vio sujeta. Ha hecho una gran labor que requiere el reconocimiento ciudadano, pero de nada servirá si no se le da oportuno seguimiento, en particular en lo referente a los resultados de los exámenes de ADN aún pendientes. Ahora es cuestión de que la administración de justicia haga lo que le compete. El Ministerio Público tendrá que instruir los sumarios, perfeccionar las investigaciones y emitir las vistas fiscales recomendando el llamamiento a juicio en los casos que lo ameritan. Los tribunales tendrán que decidir en cada caso lo que sea procedente, y también dirimir la enorme cantidad de excepciones de prescripción que, sin duda, se alegarán, a pesar del hecho obvio de que durante por lo menos más de dos décadas era imposible que prosperara una acción penal, por la sencilla razón de que tanto el Ministerio Público como el Organo Judicial estaban sometidos, primero a la Guardia Nacional y después a las Fuerzas de Defensa. Es un reto a la justicia.
Hace 25 añosLa muerte de Ramiro de León Carpio es una gran pérdida para la causa de los derechos humanos en el hemisferio. Como procurador de los derechos humanos, o defensor del pueblo, como se le denomina en otros lugares, se ganó el respeto de los guatemaltecos y el reconocimiento de la mayoría de los políticos, lo que permitió superar la crisis creada por Jorge Serrano Elías, quien pretendió perpetuarse en el poder al estilo de Alberto Fujimori. Ramiro de León Carpio fue designado presidente de Guatemala, lo que constituyó un hecho trascendente que los defensores de los derechos humanos no deben olvidar jamás. Muy triste sería el destino de Guatemala si Jorge Serrano Elías se hubiese salido con la suya. La división política era tan grande, que solo la figura de Ramiro de León Carpio se convirtió en centro de convergencia para superar la crisis. Hace alrededor de un año estuvo en Panamá, en un foro organizado por el Centro Latinoamericano de Periodismo, acompañado por distinguidos ex presidentes latinoamericanos y, como siempre, su mensaje fue democrático, porque la democracia es un derecho humano esencial. Lo hemos perdido, pero conservaremos su ejemplo para imitarlo siempre. Fue un hombre excepcional.
Hace 25 añosPara cualquier observador de la situación colombiana en los últimos meses, es evidente que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han cambiado de estrategia después de que el ejército las desalojó del santuario que se les concedió en la zona desmilitarizada. Ahora las FARC pretenden, y lo han demostrado, hacer cuanto esté a su alcance para sabotear el proceso electoral colombiano. El asesinato de funcionarios electos y nombrados, los secuestros a candidatos y el reciente atentado contra el candidato presidencial Alvaro Uribe Vélez no dejan lugar a duda alguna. Lo que quieren es viciar las elecciones por intimidación o, si les es posible, evitarlas del todo. De ese modo el actual gobierno perdería legitimidad por haber expirado su mandato, sin que hubiesen sido electos sus sucesores. Por eso es de vital importancia que los organismos de seguridad colombianos ofrezcan la máxima protección posible a los candidatos, aunque ello implique restringir un poco la libertad de sus actividades electorales. Por supuesto, eso requiere de una clara coordinación entre los candidatos y las autoridades, para que después no surjan los reclamos a los que tanto acuden los perdedores. Después de todo, lo que está en juego es la democracia en Colombia, y eso deben entenderlo todos los que se consideran demócratas.to
