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TEMA: Hoy por Hoy

Hace 24 añosEl proceso penal contra Slobodan Milosevic, ex presidente de Yugoslavia, por haber ordenado asesinatos en masa, torturas y deportaciones en los años noventa, será probablemente el último juicio de esta especie. La Corte Internacional de Justicia de La Haya se limita a juzgar a los Estados y carece de competencia para sancionar a los individuos.Tanto en el caso del exterminio de los judíos en Alemania, como en el más reciente de los horrendos actos cometidos contra la población civil en Ruanda y en los Balcanes durante la década pasada, el Consejo de Seguridad creó tribunales especiales para juzgar a este tipo de criminales. El 17 de julio de 1998 se firmó el Tratado de Roma, que crea una Corte Penal Internacional de carácter permanente, y que tendrá como función enjuiciar a los individuos que cometan delitos de lesa humanidad, que, por cualquier razón, no sean o no puedan ser juzgados por el derecho interno. Para que este tratado entre en vigencia se requiere de la ratificación de 60 Estados y actualmente 52 han cumplido este requisito. Sin justicia no hay paz en el mundo, y la comunidad de naciones requiere de instituciones permanentes para lidiar con jefes de Estado que, como Milosevic, han utilizado el poder para organizar el asesinato de sus adversarios. La asamblea bien pudiera hacer avanzar la causa de la justicia en el mundo y someter el instrumento a ratificación en las próximas sesiones.

Hoy por Hoy 2002/02/12

Hace 24 añosEl Carnaval es la fiesta popular del adiós a la carne, que precede al comienzo del periodo religioso de la cuaresma. Desfilan reinas, princesas, bufones, diablos y lanzallamas, y no faltan máscaras, comparsas, bailes, bullicio y coplas. Son abundantes el alcohol, el derroche, el exceso, la irresponsabilidad, la inmoralidad y el desenfreno. Si bien su carácter es pagano, la fiesta se centra en figuras alegóricas que tienen su origen en las procesiones religiosas. El efímero jolgorio no pocas veces ocurre a las puertas de los templos católicos. La antropología podrá explicar estos contrasentidos. En un gesto de encantada fascinación por esta manifestación, el escritor europeo Stefan Zweig, en su huida del delirio brutal del nazifascismo, recaló, en pleno Carnaval, en el alegre delirio de Río de Janeiro, que es hoy la capital de la mayor fiesta al aire libre. Y es que los brasileños, especialmente los cariocas, se toman muy en serio este “adiós a la carne”. Los panameños también. Habría que preguntarse qué cosas guardan en común aquellos pueblos que a lo largo de varios días se entregan por entero a la embriaguez, la alegría y el desenfreno pagano. Se trata del desfogue dionisíaco de una sociedad en precario contrato social con sus estructuras en el resto del año. Cambiaría radicalmente nuestra historia si lo positivo del furor carnestolendo -el entusiasmo, el esfuerzo y la celosa organización- se aplicaran en la construcción cotidiana de nuestro país.

Hoy por Hoy 2002/02/11

Hace 24 años

Hoy por Hoy 2002/02/10

Hace 24 años

Hoy por Hoy 2002/02/09

Hace 24 añosSegún la más reciente encuesta de Dichter & Neira, aproximadamente 2 de cada 3 panameños piensan que hubo legisladores que recibieron sobornos para que aprobaran el contrato entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo, y que recibieron pagos para que votaran a favor de la ratificación de Spadafora y Cigarruista, nominados por el Ejecutivo para el cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pocas veces la historia republicana ha visto un escándalo de semejantes dimensiones, pues el espectáculo menoscaba la legitimidad de los tres órganos del Estado y coloca una grave interrogante sobre los métodos operativos y los propósitos reales de la dirigencia de varios partidos políticos. Las gravísimas acusaciones que han dado origen a esta extendida percepción del público deberán, por supuesto, investigarse en toda su profundidad. Un proceso imparcial debe servir para determinar las responsabilidades de los acusados, porque esta es la única manera de restaurar la credibilidad perdida. Pero para que haya imparcialidad en un proceso penal de este tipo, los ciudadanos deben estar vigilantes, porque solo ellos pueden defender la democracia de los actos aberrantes que comete el poder público. Para ello, habrá que fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y ejercer implacablemente la libertad de prensa. Una vez más, se trata de la lucha por la democracia.

Hoy por Hoy 2002/02/08

Hace 24 añosDesde hace muchos años, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se ha pronunciado en contra de las restricciones a la información pública, porque considera –con razón– que los periodistas y cualquier persona tienen derecho a saber qué hace el Gobierno, cuándo lo hace, por qué lo hace y cuánto les cuesta a los contribuyentes. La reciente aprobación, sanción y promulgación de la ley panameña sobre transparencia en la gestión pública, ha sido acogida por el presidente de la SIP con “satisfacción cautelosa”. A qué obedece la cautela. Es sencillo: Panamá tiene muy malos antecedentes en estas materias. Muchos gobiernos en dictadura y en democracia hicieron formales promesas de eliminar la legislación restrictiva de la libertad de expresión y el derecho a la información, y todavía están vigentes más de un centenar de normas que restringen el derecho a la libre expresión. Por mucho tiempo ha prevalecido en Panamá una cultura de secretismo, porque los funcionarios consideran que los asuntos públicos son parte de su patrimonio privado. La ley, en general, es buena, pero su aplicación práctica, dada la idiosincrasia de la burocracia gubernamental, está por verse. De allí la cautela de la SIP, por lo cual el organismo y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, así como otros organismos que defienden los derechos humanos, deben supervisar muy de cerca el cumplimiento de la nueva ley.

Hoy por Hoy 2002/02/07

Hace 24 añosEn declaraciones que solo pueden calificarse de imprudentes, el gerente de la Zona Libre de Colón ha dicho que el contrato ley que aprueba el Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS) tiene que cumplirse, porque es ley de la República. El argumento, teóricamente válido, es ridículo por las circunstancias que rodearon la aprobación del tristemente célebre contrato ley, pero además, el gerente debe saber perfectamente bien que hace muchos años la Asamblea aprobó y el Ejecutivo sancionó la ley de Colón, Puerto Libre. No se ejecutó, y tampoco se ha derogado. Las leyes en Panamá son una farsa selectiva: se las acata cuando conviene, y cuando no, se ignoran. La ley del CEMIS está cuestionada ahora, más que por su contenido, por los métodos que –según afirman– se utilizaron para aprobarla en la Asamblea Legislativa. Como muchos organismos profesionales, gremiales y cívicos han solicitado, los efectos de esa ley deben suspenderse hasta que terminen las investigaciones sobre la densa red de acusaciones recíprocas entre legisladores, funcionarios del Ejecutivo y miembros de la familia Rodin, principales promotores del proyecto. El método importa poco: la Asamblea puede hacerlo, y también podría disponerlo la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, si se interpone un recurso de nulidad por vicios del consentimiento. Peor sería dejar que se desarrollara el proyecto, para después decidir que lo hecho ha de terminar desecho.

Hoy por Hoy 2002/02/06

Hace 24 añosLos magistrados y, en general, todos los que administran justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, solo deben expresarse en sus fallos. Esa es la costumbre en la tradición jurídica sajona y la romana, porque de lo contrario podrían prejuzgarse asuntos que posteriormente deben resolverse en los tribunales, u opinar sobre cuestiones de naturaleza política, inmiscuyéndose en materias que le están vedadas. Ser magistrado o juez impone limitaciones obligantes, dada la delicada naturaleza de las funciones que ejercen. Por eso, muchos juristas, incluso el presidente del Colegio Nacional de Abogados, han criticado al magistrado Alberto Cigarruista, quien se presentó en La Villa de Los Santos para opinar sobre el proyecto de una terminal de transporte que se construye con una partida circuital del ex legislador. Ello es responsabilidad del suplente que lo reemplazó como legislador y, en modo alguno, tarea propia de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Tal vez lo mejor sea que el pleno de la Corte adopte un código de conducta aplicable a magistrados y jueces, que defina claramente cuáles son sus limitaciones en esta materia. Quien no las cumpla, debe ser sancionado, y si no las acepta, solo le queda un camino: renunciar, para así tener libertad para opinar sobre lo que le venga en gana.

Hoy por Hoy 2002/02/05

Hace 24 añosLa reciente ley de transparencia en la gestión pública permite descubrir muchos de los males que afectan la administración gubernamental. Todas las instituciones tendrán que divulgar, quieran o no, sus planillas, contratos, gastos de representación y cualesquiera otros beneficios que otorguen a los servidores públicos, lo que revelará un grave problema de arbitrariedad salarial. Hay personas que desempeñan las mismas funciones en distintas instituciones –y hasta en las mismas–, que reciben remuneraciones muy desiguales. Como lo deben saber todos los que estén medianamente versados en las normas básicas de administración de recursos humanos, esas desigualdades injustificadas crean resentimientos, reducen la eficiencia y terminan por convertirse en un verdadero lastre para la administración pública y, por supuesto, para cualquier pretendida carrera administrativa. En esa materia, y en muchas otras, hemos retrocedido, porque antes del golpe de Estado de 1968 existía la carrera administrativa y la ley general de sueldos. Los militares acabaron con ambas para decidir libre y arbitrariamente a quién nombraban, qué funciones ejercía y cuánto se le pagaba. Sea como sea, ya hemos tenido tres gobiernos democráticos, pero todavía no hay una ley general de sueldos, y la carrera administrativa es más teoría que realidad. La responsabilidad no es de la Asamblea Legislativa, porque aun cuando a ella le corresponde aprobarla, solo puede hacerlo a propuesta del Ejecutivo. ¿De quién es la culpa?

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