Hace 25 añosLa inmunidad legislativa –parlamentaria en los países que tienen esa forma de gobierno– surgió durante la lucha por desafiar las monarquías absolutas que reinaban en Europa. Era un esfuerzo por impedir los abusos de autoridad que podrían imposibilitar la concurrencia de uno o más legisladores o parlamentarios –según el caso– a una sesión en la cual se aprobarían o improbarían medidas trascendentes para los asuntos públicos. La inmunidad nunca fue concebida para colocar a los legisladores o parlamentarios por encima de la ley, como se ha querido interpretar en Panamá. Pero los legisladores panameños, que tanto defienden su abusiva inmunidad, no han advertido que la retorcida Constitución vigente se contradice cuando establece la inmunidad legislativa y también avala la revocatoria partidista del mandato. En otras palabras, el legislador es inmune ante los poderes del Estado, pero debe someterse a los dictados de su partido. ¿Dónde queda su inmunidad? Es por ello que muchas veces, desde este mismo espacio, se ha expresado –y ahora se reitera– que en Panamá, en lugar de una democracia, lo que existe es una partidocracia: el poder de los partidos.
Hace 25 añosLa Asamblea Legislativa considera el anteproyecto de ley que pretende regular el ejercicio del periodismo en la república de Panamá. El texto propuesto insiste en mantener un régimen de idoneidades para el ejercicio del periodismo, con algunas variantes en relación al establecido por la Ley 67 de 1978. Craso error, que ignora por completo lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Panamá. Ocurre que, según ese convenio, “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Se trata, pues, de un derecho humano que no depende de idoneidades ni autorizaciones de naturaleza alguna. Así lo reitera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, al considerar que “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas”. En lugar de que el anteproyecto sea un avance, constituye un claro retroceso que en nada ayuda al periodismo y poco honor le hace a la Asamblea.
Hace 25 añosEntre los temas pendientes de discusión en el Diálogo por la Reactivación de la Economía, está la conveniencia de vender o no las acciones de las que el Estado es tenedor en las empresas privatizadas. Los recursos que provengan de la venta, aumentarían el Fondo Fiduciario para el Desarrollo y contribuirían a la reactivación económica, pero independientemente de las consideraciones financieras, se resolvería de una vez por todas el conflicto de intereses entre el Ente Regulador de los Servicios Públicos y las empresas que debe fiscalizar. El Ente Regulador se creó para la protección de los usuarios, pero los intereses del Estado en las empresas reguladas, en cierto modo inhiben la amplitud de la regulación, o por lo menos así se percibe. No se trata solo de evitar el conflicto de intereses; hay que ir más allá para evitar incluso la apariencia de conflicto de intereses, a fin de darle transparencia y credibilidad a las actuaciones del Ente Regulador. Lo mejor es pues, que el Estado venda sus acciones en las empresas que prestan servicios públicos. Solo queda exhortar a los participantes en el Diálogo para la Reactivación de la Economía a que consideren estas y muchas otras razones que hacen aconsejable la venta.
Hace 25 añosEs significativo que se hayan logrado algunos frutos del Diálogo Nacional por la Reactivación Económica. El acuerdo parcial alcanzado debe conllevar hacia la necesaria reanimación de la maltrecha economía. En los últimos años, en forma gradual, el desempeño económico panameño registra una tendencia hacia la baja, a tal punto que en 2001 crecimos solo el 0,3%. Prácticamente nada. Impulsados por el afán de revertir este periodo de vacas flacas, distintos sectores políticos, económicos y sociales, muchos de ellos con posiciones encontradas, han sacado tiempo durante casi seis meses en busca de avenencias sobre una lista amplia de asuntos económicos, encabezada por el endeudamiento exterior y el uso de recursos obtenidos de las privatizaciones y de las áreas revertidas. Es preciso que los próximos pasos derivados del Diálogo se den con celeridad para crear un clima de confianza que fomente la reactivación económica. Esa confianza, por cierto, será efectiva en la medida en la que transparencia rodee el uso de esos y otros fondos públicos.
Hace 25 añosLa designación de Eduardo Bertoni como relator especial para la Libertad de Expresión llena el vacío que se produjo cuando Santiago Canton, antiguo relator, fue designado secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los antecedentes de Bertoni, como abogado dedicado a la defensa de los derechos humanos y autor de varias publicaciones sobre la libertad de expresión, no dejan duda alguna de que hará su mejor esfuerzo por defenderla. La Organización de Estados Americanos cuenta con varios organismos especializados en la divulgación y protección de los derechos humanos, así como valiosas declaraciones y convenios hemisféricos sobre la tutela de estos mismos derechos. Hay que iniciar un proceso sostenido y serio para vertebrar esos organismos, de modo articulado y efectivo, que potencie esfuerzos por defender y proteger los derechos reconocidos en el sistema interamericano. Eso es necesario, pero no suficiente. Hay que darle un “diente financiero” a la Comisión, de manera que los países que la propia Comisión estime que violan los derechos humanos no sean elegibles para recibir préstamos de las instituciones internacionales de crédito, hasta que no establezcan un claro patrón de respeto a los derechos humanos. Con un sistema semejante, las declaraciones y convenios sobre derechos humanos dejarán de ser quimeras para convertirse en realidades.
Hace 25 añosPara investigar y juzgar las más graves violaciones al derecho internacional humanitario –el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad–, la comunidad internacional propuso, mediante el Estatuto de Roma de 1998, la creación del Tribunal Penal Internacional. El Tribunal iniciará sus funciones una vez el Estatuto sea aprobado por 60 Estados, y con la ratificación de Panamá, formalizada ayer en la sede de la ONU en Nueva York, faltan solo cuatro adhesiones para llegar a la cifra requerida. Panamá contribuye así a impulsar la vigencia de este mecanismo multilateral, encargado de reprimir y castigar la perpetración de atrocidades que hieren violentamente la conciencia de la humanidad, como la esclavitud y el exterminio de grupos étnicos o religiosos. La culminación de nuestro proceso de adhesión al Estatuto, que se inició en julio de 1998 y terminó ayer, constituye un gran logro de la política exterior panameña, que en esta ocasión ha interpretado adecuadamente el deseo de justicia en la ciudadanía. Al suscribir, aprobar, sancionar y promulgar el Estatuto, nuestras autoridades han manifestado un firme compromiso contra la impunidad y en favor de los más altos valores humanos. Mucho convendría a la Nación que adoptaran esa misma postura frente a la grave crisis de credibilidad y moralidad que nos agobia.
Hace 25 añosEl país está sumido en una preocupante crisis de credibilidad. El deterioro de la imagen de los políticos y las instituciones ante los ojos de la ciudadanía se ha acentuado en los dos últimos meses, desde que el legislador Afú mostró y guardó frente a las cámaras los legendarios fajos de billetes. Así es el cuadro político nacional, a pesar de las compresas que de un lado y otro se pretende poner a la situación. Los índices de opinión pública reflejan cómo se ha incrementado la preocupación frente a la corrupción. Ni el trabajo de la Comisión Presidencial Anticorrupción, cuya creación sirvió de válvula de escape ante las denuncias, ha conseguido aplacar el malestar social. Y poco o nada se conoce sobre la aplicación de sus 50 recomendaciones. Empeora, asimismo, la impresión que se tiene sobre la administración de justicia. Paradojas peligrosas vivimos: el mismo procurador que investiga a miembros del Legislativo puede ser enjuiciado por los parlamentarios. Dentro de este ambiente, está por concluir la negociación para usar el Fondo Fiduciario. La crisis de credibilidad hace prever el rechazo, aún en la hipótesis de que se conceda el oro y el moro. Los sicólogos hablan de disonancia cognoscitiva para referirse a aquella incongruencia en que la fe domina a la razón. Panamá padece este desequilibrio.
Hace 25 añosLa diplomacia es una de las profesiones más nobles. Quien la ejerce, en esencia, representa los intereses del Estado natal ante el concierto de naciones. Desde los inicios de esta semana la diplomacia reina en la ciudad mexicana de Monterrey, donde se reunirán 50 jefes de Estado y delegaciones de muchos otros países en la Conferencia sobre Financiación al Desarrollo, auspiciada por las Naciones Unidas. Esta cita tiene la finalidad de procurar los fondos necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio antes del 2015. De antemano se sabe que ni la pesada deuda ni la pobreza que persisten en los países en desarrollo se acabarán de un plumazo. Monterrey, no obstante, es el mejor escenario de oportunidades de proyectos que pueden servir para afrontar los graves problemas sociales que padece nuestro país. El jefe de la diplomacia panameña, a diferencia de los representantes de muchas otras naciones, ha optado por ser protagonista en estos días de un evento que no se corresponde con sus funciones de servicio del Estado en sus relaciones internacionales: la cabalgata en conmemoración de los 400 años de la ciudad de David. Confiamos en que esa desatención a sus responsabilidades no corra por cuenta del erario público.
Hace 25 añosEn una época de bochornosos escándalos, llama la atención que, curiosamente, diálogo sea una de las palabras más empleadas. Distintos sectores políticos, económicos y sociales, con posiciones encontradas, sacan tiempo para reunirse horas y horas en la búsqueda de avenencias sobre asuntos del máximo interés nacional. Destacan las mesas del diálogo por la educación, la Caja de Seguro Social y la reactivación económica. Es meritorio que esas mesas de diálogo se hayan preservado, a pesar de las turbulencias características de este momento, en el que es mínima la credibilidad de que gozan los dirigentes y las principales instituciones del Estado. No obstante el esfuerzo, sectores participantes en esas iniciativas están cayendo en un perjudicial dialoguismo, como si solo platicaran -con palabras, dichos y discursos- con los mismos de su grupo, y sin atender a los legítimos intereses de la nación. El diálogo por la Caja, que debía encontrar fórmulas para afrontar el déficit actuarial, se encuentra empantanado. Existen amagos similares en relación con el uso del Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Responsabilidad es lo que exige la nación a sus dirigentes. Y no dialoguismo ni política del avestruz.
Hace 25 añosDos pistoleros, cuyas edades no superan los veinte años, acallaron en Colombia una voz que se había alzado con firmeza contra el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares. A quemarropa acribillaron a monseñor Duarte, arzobispo de Cali, en el atrio de la parroquia del Buen Pastor, cuando salía del templo después de haber oficiado misa. Monseñor Duarte se ha convertido en el más alto jerarca eclesiástico que es víctima de una lucha interna en la hermana nación en la que se contabilizan más de 40.000 muertos. Y es el símbolo del desprecio a la vida humana y de la descomposición social que reina en el vecino país. Dentro del grave panorama, se registra un vacío de institucionalidad. La Arquidiócesis de Cali ha denunciado que, horas antes del asesinato, había solicitado a la Policía que reforzase la seguridad personal del prelado de 63 años. Nada se hizo. La cobardía de quienes mandaron a segar su vida contrasta con la valentía y sinceridad que caracterizó al sacerdote, muy comprometido con comunidades pobres y paupérrimas del departamento del Valle del Cauca. Su voz era incómoda para distintos sectores. En vísperas de las recientes elecciones parlamentarias, recomendó a sus feligreses que no votasen por candidatos financiados por el dinero maldito de la droga. Por lo visto, cuando se trata de la violencia en el vecino país, no estamos curados de espanto. La víctima hoy es un arzobispo católico. ¡Pobre Colombia!
