Hace 25 añosEl proceso penal contra Slobodan Milosevic, ex presidente de Yugoslavia, por haber ordenado asesinatos en masa, torturas y deportaciones en los años noventa, será probablemente el último juicio de esta especie. La Corte Internacional de Justicia de La Haya se limita a juzgar a los Estados y carece de competencia para sancionar a los individuos.Tanto en el caso del exterminio de los judíos en Alemania, como en el más reciente de los horrendos actos cometidos contra la población civil en Ruanda y en los Balcanes durante la década pasada, el Consejo de Seguridad creó tribunales especiales para juzgar a este tipo de criminales. El 17 de julio de 1998 se firmó el Tratado de Roma, que crea una Corte Penal Internacional de carácter permanente, y que tendrá como función enjuiciar a los individuos que cometan delitos de lesa humanidad, que, por cualquier razón, no sean o no puedan ser juzgados por el derecho interno. Para que este tratado entre en vigencia se requiere de la ratificación de 60 Estados y actualmente 52 han cumplido este requisito. Sin justicia no hay paz en el mundo, y la comunidad de naciones requiere de instituciones permanentes para lidiar con jefes de Estado que, como Milosevic, han utilizado el poder para organizar el asesinato de sus adversarios. La asamblea bien pudiera hacer avanzar la causa de la justicia en el mundo y someter el instrumento a ratificación en las próximas sesiones.
Hace 25 añosEl Carnaval es la fiesta popular del adiós a la carne, que precede al comienzo del periodo religioso de la cuaresma. Desfilan reinas, princesas, bufones, diablos y lanzallamas, y no faltan máscaras, comparsas, bailes, bullicio y coplas. Son abundantes el alcohol, el derroche, el exceso, la irresponsabilidad, la inmoralidad y el desenfreno. Si bien su carácter es pagano, la fiesta se centra en figuras alegóricas que tienen su origen en las procesiones religiosas. El efímero jolgorio no pocas veces ocurre a las puertas de los templos católicos. La antropología podrá explicar estos contrasentidos. En un gesto de encantada fascinación por esta manifestación, el escritor europeo Stefan Zweig, en su huida del delirio brutal del nazifascismo, recaló, en pleno Carnaval, en el alegre delirio de Río de Janeiro, que es hoy la capital de la mayor fiesta al aire libre. Y es que los brasileños, especialmente los cariocas, se toman muy en serio este “adiós a la carne”. Los panameños también. Habría que preguntarse qué cosas guardan en común aquellos pueblos que a lo largo de varios días se entregan por entero a la embriaguez, la alegría y el desenfreno pagano. Se trata del desfogue dionisíaco de una sociedad en precario contrato social con sus estructuras en el resto del año. Cambiaría radicalmente nuestra historia si lo positivo del furor carnestolendo -el entusiasmo, el esfuerzo y la celosa organización- se aplicaran en la construcción cotidiana de nuestro país.
Hace 25 añosSegún la más reciente encuesta de Dichter & Neira, aproximadamente 2 de cada 3 panameños piensan que hubo legisladores que recibieron sobornos para que aprobaran el contrato entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo, y que recibieron pagos para que votaran a favor de la ratificación de Spadafora y Cigarruista, nominados por el Ejecutivo para el cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pocas veces la historia republicana ha visto un escándalo de semejantes dimensiones, pues el espectáculo menoscaba la legitimidad de los tres órganos del Estado y coloca una grave interrogante sobre los métodos operativos y los propósitos reales de la dirigencia de varios partidos políticos. Las gravísimas acusaciones que han dado origen a esta extendida percepción del público deberán, por supuesto, investigarse en toda su profundidad. Un proceso imparcial debe servir para determinar las responsabilidades de los acusados, porque esta es la única manera de restaurar la credibilidad perdida. Pero para que haya imparcialidad en un proceso penal de este tipo, los ciudadanos deben estar vigilantes, porque solo ellos pueden defender la democracia de los actos aberrantes que comete el poder público. Para ello, habrá que fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y ejercer implacablemente la libertad de prensa. Una vez más, se trata de la lucha por la democracia.
Hace 25 añosDesde hace muchos años, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se ha pronunciado en contra de las restricciones a la información pública, porque considera –con razón– que los periodistas y cualquier persona tienen derecho a saber qué hace el Gobierno, cuándo lo hace, por qué lo hace y cuánto les cuesta a los contribuyentes. La reciente aprobación, sanción y promulgación de la ley panameña sobre transparencia en la gestión pública, ha sido acogida por el presidente de la SIP con “satisfacción cautelosa”. A qué obedece la cautela. Es sencillo: Panamá tiene muy malos antecedentes en estas materias. Muchos gobiernos en dictadura y en democracia hicieron formales promesas de eliminar la legislación restrictiva de la libertad de expresión y el derecho a la información, y todavía están vigentes más de un centenar de normas que restringen el derecho a la libre expresión. Por mucho tiempo ha prevalecido en Panamá una cultura de secretismo, porque los funcionarios consideran que los asuntos públicos son parte de su patrimonio privado. La ley, en general, es buena, pero su aplicación práctica, dada la idiosincrasia de la burocracia gubernamental, está por verse. De allí la cautela de la SIP, por lo cual el organismo y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, así como otros organismos que defienden los derechos humanos, deben supervisar muy de cerca el cumplimiento de la nueva ley.
