Hace 25 añosAbrumadoramente, la población demanda que los 71 legisladores de la República renuncien a la norma de la inmunidad para que el Ministerio Público profundice en la investigación, fundamental para la salud del país, sobre las denuncias de la compra de votos para la aprobación de dos magistrados de la Corte Suprema y el contrato-ley del CEMIS. La demanda se desprende de la más reciente encuesta “El Pulso de la Nación”, preparada por la reputada firma Dichter & Neira para La Prensa. La figura de la inmunidad, en su origen, pretendía la legítima afirmación en los parlamentos de los derechos de las minorías y de las oposiciones en sus enfrentamientos con las mayorías y los oficialismos. En el camino, los responsables de hacer las leyes le fueron poniendo más arandelas a esa norma para multiplicar las prebendas, partidas circuitales y vehículos exonerados, por ejemplo, de los que se han revestido. Lamentablemente, por conveniencia, se confunden dos términos que suenan parecido, inmunidad e impunidad, pero cuyos significados son diferentes. La inmunidad es la exención de ciertos cargos o penas y la impunidad es la falta de castigo. La inmunidad no es un valor absoluto ni un chaleco para la impunidad. Las denuncias de soborno son graves y el país abriga esperanza en la investigación. Cuando la figura de la inmunidad en todo el mundo se restringe y está en desaparición, conviene que todos los legisladores den paso a la conciencia de responsabilidad y se despojen de esa prerrogativa para contribuir a esclarecer lo que tanto ofende al país.
Hace 25 añosLa recién sancionada ley de libre acceso a la información pública se ha puesto a prueba, y la experiencia no es satisfactoria. Algunos servidores públicos han evadido sus responsabilidades de suministrar la información solicitada, aduciendo que la ley necesita ser reglamentada antes de aplicarse. ¿De dónde surgió tan peregrina tesis? Las leyes deben ser reglamentadas solo cuando la propia ley lo establece, y este no es el caso. Para muestra, un botón. El pasado 28 de enero, Lorenzo Abrego, periodista de La Prensa, solicitó por escrito a la Contraloría General de la República una lista actualizada de los automóviles exonerados a los legisladores, con especificación de la marca, modelo, año de fabricación, su costo y el monto de la exoneración concedida. Treinta días calendario después venció el término que establece la ley para suministrar la información solicitada, o sea que debió divulgarse, a más tardar, el 28 de febrero. No ocurrió así, y al inquirir el interesado sobre la razón de que no se accediera a su solicitud, se le informó que hacía falta reglamentar la ley, cuando ella no lo requiere. Es una burla a la ley, a la Asamblea Legislativa que la aprobó y a la presidenta de la República que la sancionó. ¡Es increíble! En abril de 1994, cuando no existía la ley de libre acceso a la información pública, la Contraloría General de la República suministró y La Prensa publicó un listado completo con la misma información que ahora se pidió. Lo que hace falta es interponer un recurso de habeas data para determinar, de una vez por todas, si la opacidad de los funcionarios puede más que la transparencia de la ley.
Hace 25 añosEl procurador general de la Nación ha hecho lo que el país esperaba. No cabe otra actitud ante la decisión de los legisladores oficialistas de no renunciar a su inmunidad para que el Ministerio Público pueda efectuar las investigaciones necesarias con el fin de aclarar las denuncias de corrupción en la compra de votos para la aprobación del nombramiento de dos magistrados y la del contrato-ley del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS). Según los voceros del oficialismo, sus legisladores no renuncian a su inmunidad, a menos que el procurador no acuse individualmente a determinados legisladores de hechos ilícitos. Evidentemente es imposible hacerlo, por la sencilla razón de que no ha completado la investigación. Puede tener indicios y sospechas, pero no puede pedírsele al Ministerio Público que perfeccione una vista fiscal antes de terminar una investigación. Eso lo sabe hasta un estudiante de primero o segundo año de derecho, y en la bancada oficialista hay algunos abogados que hace tiempo se graduaron. Por último, complace la severa advertencia del procurador: si no se despojan ahora de su inmunidad, esperará hasta el final de la actual legislatura, cuando por efecto del receso la pierdan, porque así, sin impedimento constitucional alguno, podrá comprobar la verdad que la opinión pública reclama y la comunidad internacional necesita para evaluar mejor la justicia panameña.
Hace 25 añosLa Ley para la Transparencia en la gestión pública es, sin lugar a dudas, un avance significativo para lograr que los funcionarios se hagan responsables y rindan cuenta de sus actos a la ciudadanía a cuyo servicio deben sus cargos. Los medios de comunicación social, en ejercicio de su función informativa, son los primeros llamados a utilizar esta singular herramienta. En el uso de este derecho tienen el deber de distinguir entre la información de interés público y la que solo tiende a alimentar el morbo de los lectores. Así, no pareciera cumplir ningún propósito publicar indiscriminadamente la lista de los salarios de los funcionarios de una entidad, pero sí lo tendría divulgar los devengados por los parientes y amigos del jefe de la institución o por quienes, sin prestar ningún servicio, aparecen, no obstante, en la planilla. Sí tiene importancia conocer a los periodistas, columnistas y comentaristas de la prensa, radio o televisión contratados por una entidad pública, no porque ello sea malo, sino porque sus lectores, radioescuchas o televidentes tienen el derecho a disponer de esta información para hacerse su propio juicio en cuanto al valor que deben asignarle a sus noticias, comentarios y opiniones. Los medios, mucho menos los periodistas, pueden arrogarse el derecho a exponer y criticar sin conceder el recíproco de ser expuestos o criticados. De otra manera, difícilmente imperaría la libertad de información y de opinión.
Hace 25 añosLas constituyentes surgen cuando el deterioro institucional las hace necesarias. Siempre suponen riesgos, porque no hay ninguna garantía de que los resultados sean buenos. Sin embargo, en una situación de tan grave crisis en los tres órganos del Estado y la notoria falta de credibilidad en las autoridades, se hace necesaria una verdadera renovación institucional en la república de Panamá. ¿Cómo hacerla? Lamentablemente, el artículo 308 de la Constitución deja pocas alternativas y todas requieren del concurso favorable de la Asamblea Legislativa, que es precisamente uno de los órganos más cuestionados por la opinión pública. Es obvio que los legisladores no se privarán voluntariamente de sus privilegios, prerrogativas y beneficios. Eso solo podría hacerlo una Asamblea Constituyente, electa de modo similar a la de 1945, que le dio al país la mejor Constitución de su vida republicana. Tal vez la manera menos traumática de lograrla sea la modificación del artículo 308 de la Constitución actual, para que establezca un mecanismo de convocatoria de una Constituyente, con el fin de evitar que se den soluciones de hecho que podrían tener impredecibles consecuencias políticas, económicas y sociales. Es hora de pensar seriamente en el futuro institucional de la República.
Hace 25 añosLa calidad de la democracia es en buena parte el resultado de lo que ocurre a lo interno de los partidos. No es suficiente que la sociedad civil se despliegue positivamente, y que los ciudadanos puedan ejercer, y ejerzan, la libertad de expresión junto a las otras libertades. Si a los partidos los anima la idea de construir un mundo mejor, a través de la justicia y el derecho, el activismo democrático será vigoroso. Pero si los partidos enferman, la salud de la democracia también decae. Es por eso que la renuncia voluntaria de los legisladores del PRD a su inmunidad es un acto que merece el reconocimiento ciudadano como un paso acertado en la lucha contra la corrupción. No se trata de un sacrificio, se trata de permitir que el Ministerio Público pueda llegar al fondo de las investigaciones. Ningún partido como tal puede tener un interés legítimo en que la pesquisa no avance. Por eso, llama profundamente la atención la actitud asumida por los legisladores afines al gobierno, que, con algunas pocas excepciones, se resisten a renunciar a su inmunidad. Por la transparencia que urge en el contexto de un acentuado déficit de credibilidad en las instituciones públicas como el que vivimos, sugerimos a la bancada oficialista que recapacite y adopte la actitud que espera de ellos el país.
Hace 25 añosBien hicieron el Gobierno Nacional, los gremios empresariales y la dirigencia laboral sentándose alrededor de una mesa, buscando consenso en torno a medidas para reactivar la economía. No obstante, algunos interlocutores parecieran no tener claro que no se trata de una mesa de negociaciones en la que se plantean exigencias clientelistas excesivas para, después del toma y daca, obtener concesiones mínimas, sino que se trata de un diálogo en el que solo debe prevalecer el interés nacional. Tampoco parecieran tener claro que, por lo menos en asuntos de Estado, consenso no significa unanimidad ni mucho menos poder de veto. Bien hace todo gobernante en auscultar la opinión de sus gobernados y tratar de convencerlos de su propia opinión y al final tratar de equilibrar ambas. Lo que no debe hacer un gobierno es dejar de cumplir el deber para el cual se le eligió, cual es gobernar en beneficio de la nación. Por ende, quizás al Ejecutivo no le quede otra que dar por concluido el diálogo, que bastante ha demorado ya, presentando pronto a la consideración de la Asamblea Legislativa los proyectos de ley sobre el uso del Fondo Fiduciario y activos del área revertida y los límites al endeudamiento público, que reúnen ya la aquiescencia, sino de todos, por lo menos de la inmensa mayoría, no solo de quienes estuvieron conversando sino de la ciudadanía en general.
Hace 25 añosBien hicieron el Gobierno Nacional, los gremios empresariales y la dirigencia laboral sentándose alrededor de una mesa, buscando consenso en torno a medidas para reactivar la economía. No obstante, algunos interlocutores parecieran no tener claro que no se trata de una mesa de negociaciones en la que se plantean exigencias clientelistas excesivas para, después del toma y daca, obtener concesiones mínimas, sino que se trata de un diálogo en el que solo debe prevalecer el interés nacional. Tampoco parecieran tener claro que, por lo menos en asuntos de Estado, consenso no significa unanimidad ni mucho menos poder de veto. Bien hace todo gobernante en auscultar la opinión de sus gobernados y tratar de convencerlos de su propia opinión y al final tratar de equilibrar ambas. Lo que no debe hacer un gobierno es dejar de cumplir el deber para el cual se le eligió, cual es gobernar en beneficio de la nación. Por ende, quizás al Ejecutivo no le quede otra que dar por concluido el diálogo, que bastante ha demorado ya, presentando pronto a la consideración de la Asamblea Legislativa los proyectos de ley sobre el uso del Fondo Fiduciario y activos del área revertida y los límites al endeudamiento público, que reúnen ya la aquiescencia, sino de todos, por lo menos de la inmensa mayoría, no solo de quienes estuvieron conversando sino de la ciudadanía en general.
Hace 25 añosLa comisión presidencial, para combatir la corrupción, ha presentado un informe con recomendaciones específicas. Hay algunas que solo pueden lograrse a largo plazo, como aquellas que requieren de una reforma constitucional; otras, a mediano plazo, porque necesitan cambios en la legislación para aplicarlas, pero también hay algunas que podrían ser de aplicación inmediata, si es que de veras existe la voluntad política para convertirlas en realidad. Las recomendaciones están bien pensadas y atienden a problemas reales en la administración pública, pero su efectividad depende del concurso de los tres órganos del Estado. Es difícil, pero no imposible, la ejecución y debida aplicación de las medidas propuestas, si es que realmente se pretende sanear las instituciones de la República. Por supuesto, no faltarán quienes critiquen las recomendaciones, sin proponer otras mejores, pero a palabras necias oídos sordos. La comisión fue nombrada, ha hecho su trabajo preliminar, y quien debe convertirse en promotora de la ejecución de sus recomendaciones es la presidenta de la República. Muy triste sería que nada se hiciera.
