Hace 25 añosLa aviación es uno de los sectores más perjudicados como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El proceso de recesión mundial, el reacomodo de mercados y el temor a volar han mermado el negocio en todos los confines. En el ámbito nacional, la decisión oficial de trasladar el aeropuerto local -de Albrook a Howard- añade un pesado ingrediente de inestabilidad al golpeado sector. Si prospera la iniciativa del gobierno Moscoso, el Estado tendrá que desembolsar no menos de 20 millones para reacondicionar el área en Howard donde se instalaría el Marcos Gelabert, que entraría en la categoría de nómade. Hace menos de cuatro años el Estado gastó 13 millones de balboas en su traslado desde Paitilla a Albrook. ¿Acaso a cada gobierno le corresponde reubicar al mentado Gelabert? ¿Qué mensaje le damos a la aviación internacional sobre la operación y estabilidad de la nuestra? Hasta la propia Dirección de Aeronáutica Civil (DAC), dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, es hostil a la decisión oficial. El Gobierno insiste en construir en Albrook una ciudad gubernamental, en la que se prevé que el Estado resultará perjudicado. De momento las víctimas son la aviación local y el nómade Gelabert.
Hace 25 añosLa inminente terminación del contrato-ley que ampara el monopolio de Refinería Panamá suscita algunas reflexiones y genera nuevas preocupaciones. Para empezar, la empresa ha utilizado a su favor una demanda por casi cien millones de dólares que el Estado podría verse obligado a pagar por incumplimiento del contrato firmado en 1992, contrato que, dicho sea de paso, era excesivamente beneficioso y protector de los intereses de la empresa. Ahora Refinería, con nuevos dueños, busca convertirse en una zona libre de petróleo, esto es, una serie de beneficios que le permitirían catapultarse en el ámbito de la comercialización del oro negro a nivel mundial. Las preocupaciones se concentran en la habilidad que tenga el Estado panameño para negociar un nuevo contrato que sea justo, y no demasiado favorable a la empresa como fue el primero. Es de esperar que el Ejecutivo haga buena su palabra y logre que se paguen indemnizaciones aceptables, pues el 90 % de la fuerza laboral quedará cesante. También sería sumamente conveniente que los ministros de Estado se informen adecuadamente sobre asuntos tan delicados antes de hablarle a los medios y que no envíen mensajes contradictorios a la población. Después, cuando la opinión pública los considera ineficientes, se quejan.
Hace 25 añosEl eufemismo reverdece en el mundo político local, donde el juego de máscaras es algo que discurre con normalidad. En medio de ese juego y en un momento en que el disgusto ciudadano es generalizado, surge en el seno de la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley No. 127. La iniciativa se refiere a “incentivos para la modernización y mejoramiento del servicio de transporte colectivo en el área metropolitana”. Ese nombre que encandila encubre un nuevo impuesto, en este caso a los contribuyentes propietarios metropolitanos de vehículos. Según el anteproyecto, el Estado, con esa recaudación subsidiará, vía incentivos, a los empresarios del transporte urbano. Subsidio y paternalismo, dos fórmulas que han llevado a muchos fracasos en la historia republicana. La explotación del transporte urbano es un negocio que brinda un servicio público y con reglas modernas de gerencia está obligado a manejarse. Está demostrado que los usuarios no regatean, y por el contrario privilegian, el transporte público con eficiencia, comodidad y respeto. Si tiene tanto interés en contribuir con soluciones duraderas sobre la materia, la Asamblea debe proponer fórmulas estructurales que pasen por una buena administración de un negocio que de hecho es rentable. Además debe olvidarse de los nada originales subsidios, de las prácticas paternalistas y dejar de castigar a los contribuyentes.
Hace 25 añosCada vez que se menciona la palabra corrupción las autoridades saltan a negar la existencia de dichos actos en sus instituciones. No obstante, con cierta regularidad la Contraloría informa sobre sus investigaciones, lo que le permite a la ciudadanía atisbar cómo y dónde se cometen actos que se apartan de la legalidad, van en detrimento del patrimonio público, y terminan por beneficiar de modo ilegítimo los bolsillos de algunos individuos, sean funcionarios o particulares, y las más de las veces una perversa alianza de ambos. Esto es corrupción. No se necesita que los altos funcionarios del Estado los apadrinen, encubran, o siquiera los conozcan. Tampoco que podamos probar su complicidad. Basta con que se den estos actos, así sea en la inopia de los ministros, para que pueda afirmarse que hay corrupción en el Estado. El anuncio del contralor de que su despacho investiga la contratación de pólizas de seguro por bienes inexistentes, particularmente autos, apunta en esa dirección. Confirma también la tesis de que la corrupción florece en la medida en que el sector privado participa activamente en ella. Por eso, es necesario que todos entendamos que no es solo el Gobierno el que debe luchar contra la corrupción, -mucho menos una oficina pública. Todos tenemos la obligación de luchar para erradicar este mal, los individuos y las empresas, no menos que las autoridades.
Hace 25 añosEn política, la percepción de la opinión pública es una consideración absolutamente subjetiva. Quienes dicen lo que complace al gobernante, son los profetas de la opinión. Pero las encuestas, hechas con todo rigor científico, con las muestras adecuadas, entrevistadores debidamente entrenados y supervisados, dan resultados científicos y sustentables. No son profecías, se trata de investigaciones. Quienes quieran ignorarlas, contra ellas se estrellarán. En Panamá no había una cultura de encuestas, pero más de una década de sondeos de opinión serios y comparables, a través de Dichter & Neira, han reivindicado las encuestas, que ahora proliferan por doquier. Y, por cierto, la última encuesta, cuyos resultados publicamos ayer, es una señal alarmante para toda la clase política del país. La opinión pública no cree en las instituciones ni en la integridad de ninguno de los órganos del poder público. Censuran al Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial, pero sus integrantes actúan como si no quisieran oír, ver ni entender, antes de que una situación de hecho los haga recapacitar, pero entonces será demasiado tarde. Hay muchos densos nubarrones que oscurecen el panorama, y como bien decía Shakespeare, cielos tan oscuros no se aclaran sin una tempestad. Políticos: rectifiquen mientras les queda tiempo.
Hace 25 añosLa violencia en Colombia tiene una larga y compleja historia que no conviene olvidar. Se inició el 9 de abril de 1948, con el asesinato del precandidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán. Algunos atribuyeron el asesinato a una tentativa del comunismo por impedir la reunión constitutiva de la Organización de Estados Americanos –objetivo que no lograron–pero los colombianos, en su mayoría, lo interpretaron como una agresión conservadora, propiciada y amparada por el ejército. La violencia se esparció por toda Colombia, hasta que el derrocamiento del dictador Rojas Pinilla da lugar a la creación del Frente Nacional, un acuerdo entre liberales y conservadores que puso fin a esa fase de la violencia. Pero quienes habían luchado, no sabían otra cosa que matar. Era la generación de la violencia, sin educación, sin posibilidades de empleo. Se convirtieron en bandoleros que robaban y asaltaban a todos los que pudieran. Luego, a comienzos de 1960, estos hombres acostumbrados a matar, obtuvieron patrocinio ideológico y financiero a través de Cuba, Rusia y China. Cuando se desintegró la Unión Soviética, los antiguos patrocinadores ya no estaban en capacidad de ayudar a las guerrillas. Allí es cuando aparece el concubinato escandaloso entre el narcotráfico, que necesitaba protección, y la guerrilla que requería financiamiento. Esa es la triste realidad de la Colombia de hoy, pero será superada con la ayuda de todos los que admiramos a ese noble y gran país.
Hace 25 añosEl Ministerio Público conduce en estos momentos la investigación más delicada que jamás pudo preverse, porque, como se ha dicho en innumerables ocasiones, las denuncias de los sobornos en el legislativo no son un problema que ataña a un partido, sino que vinculan en un zarpazo a los tres órganos del Estado. Es lógico que la Procuraduría encuentre obstáculos difíciles de sortear en el proceso y por ello la ciudadanía espera de los fiscales que adelantan la investigación el máximo empeño por llegar hasta el fondo de los hechos. Pero no es suficiente que la investigación se conduzca con tesón. Además, los agentes del Ministerio Público deben actuar con extremo cuidado y con extrema pericia, de modo que no surjan esos terribles demonios del formalismo legal que los abogados llaman “causales de nulidad del proceso”. Ninguna duda cabe de que para que se haga justicia es esencial que se respeten los derechos y garantías de los acusados. Pero ninguno de los despachos que intervienen en esta tarea delicada debiera olvidar ni por un minuto que el país espera resultados que den certezas y no jugarretas procesales que desconciertan y matan toda esperanza.
Hace 25 añosLa firma del tratado de libre comercio con El Salvador es un paso en la dirección correcta porque la hermana república centroamericana ha mostrado un compromiso real con la apertura de mercados y el dinamismo de su economía puede traer beneficios para el sector productivo panameño. No está de más señalar que este acuerdo le permite a Panamá exhibir un justo título en sus aspiraciones de convertirse en la secretaría permanente del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y que podría facilitarle lograr otros convenios de naturaleza similar con países de la región. La oportunidad también es propicia para recalcar que la promoción del comercio entre los Estados no es un interés privativo del Gobierno y que la sana ejecución de estos tratados solo queda garantizada en la medida en que el sector privado deje de ser un espectador y se involucre activamente en el proceso, para lo cual la divulgación de las acciones de Gobierno, así como la información sobre los diferentes aspectos de las negociaciones son de vital importancia para que se produzca dicha participación de las empresas panameñas. Si las autoridades mejoran la comunicación con el sector privado, y lo hace partícipe del proceso, el país entero podría recibir los beneficios. Esto es, al fin y al cabo, lo que verdaderamente importa.
Hace 25 añosLa firma del tratado de libre comercio con El Salvador es un paso en la dirección correcta porque la hermana república centroamericana ha mostrado un compromiso real con la apertura de mercados y el dinamismo de su economía puede traer beneficios para el sector productivo panameño. No está de más señalar que este acuerdo le permite a Panamá exhibir un justo título en sus aspiraciones de convertirse en la secretaría permanente del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y que podría facilitarle lograr otros convenios de naturaleza similar con países de la región. La oportunidad también es propicia para recalcar que la promoción del comercio entre los Estados no es un interés privativo del Gobierno y que la sana ejecución de estos tratados solo queda garantizada en la medida en que el sector privado deje de ser un espectador y se involucre activamente en el proceso, para lo cual la divulgación de las acciones de Gobierno, así como la información sobre los diferentes aspectos de las negociaciones son de vital importancia para que se produzca dicha participación de las empresas panameñas. Si las autoridades mejoran la comunicación con el sector privado, y lo hace partícipe del proceso, el país entero podría recibir los beneficios. Esto es, al fin y al cabo, lo que verdaderamente importa.
