Hace 25 añosEn declaraciones que solo pueden calificarse de imprudentes, el gerente de la Zona Libre de Colón ha dicho que el contrato ley que aprueba el Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS) tiene que cumplirse, porque es ley de la República. El argumento, teóricamente válido, es ridículo por las circunstancias que rodearon la aprobación del tristemente célebre contrato ley, pero además, el gerente debe saber perfectamente bien que hace muchos años la Asamblea aprobó y el Ejecutivo sancionó la ley de Colón, Puerto Libre. No se ejecutó, y tampoco se ha derogado. Las leyes en Panamá son una farsa selectiva: se las acata cuando conviene, y cuando no, se ignoran. La ley del CEMIS está cuestionada ahora, más que por su contenido, por los métodos que –según afirman– se utilizaron para aprobarla en la Asamblea Legislativa. Como muchos organismos profesionales, gremiales y cívicos han solicitado, los efectos de esa ley deben suspenderse hasta que terminen las investigaciones sobre la densa red de acusaciones recíprocas entre legisladores, funcionarios del Ejecutivo y miembros de la familia Rodin, principales promotores del proyecto. El método importa poco: la Asamblea puede hacerlo, y también podría disponerlo la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, si se interpone un recurso de nulidad por vicios del consentimiento. Peor sería dejar que se desarrollara el proyecto, para después decidir que lo hecho ha de terminar desecho.
Hace 25 añosLos magistrados y, en general, todos los que administran justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, solo deben expresarse en sus fallos. Esa es la costumbre en la tradición jurídica sajona y la romana, porque de lo contrario podrían prejuzgarse asuntos que posteriormente deben resolverse en los tribunales, u opinar sobre cuestiones de naturaleza política, inmiscuyéndose en materias que le están vedadas. Ser magistrado o juez impone limitaciones obligantes, dada la delicada naturaleza de las funciones que ejercen. Por eso, muchos juristas, incluso el presidente del Colegio Nacional de Abogados, han criticado al magistrado Alberto Cigarruista, quien se presentó en La Villa de Los Santos para opinar sobre el proyecto de una terminal de transporte que se construye con una partida circuital del ex legislador. Ello es responsabilidad del suplente que lo reemplazó como legislador y, en modo alguno, tarea propia de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Tal vez lo mejor sea que el pleno de la Corte adopte un código de conducta aplicable a magistrados y jueces, que defina claramente cuáles son sus limitaciones en esta materia. Quien no las cumpla, debe ser sancionado, y si no las acepta, solo le queda un camino: renunciar, para así tener libertad para opinar sobre lo que le venga en gana.
Hace 25 añosLa reciente ley de transparencia en la gestión pública permite descubrir muchos de los males que afectan la administración gubernamental. Todas las instituciones tendrán que divulgar, quieran o no, sus planillas, contratos, gastos de representación y cualesquiera otros beneficios que otorguen a los servidores públicos, lo que revelará un grave problema de arbitrariedad salarial. Hay personas que desempeñan las mismas funciones en distintas instituciones –y hasta en las mismas–, que reciben remuneraciones muy desiguales. Como lo deben saber todos los que estén medianamente versados en las normas básicas de administración de recursos humanos, esas desigualdades injustificadas crean resentimientos, reducen la eficiencia y terminan por convertirse en un verdadero lastre para la administración pública y, por supuesto, para cualquier pretendida carrera administrativa. En esa materia, y en muchas otras, hemos retrocedido, porque antes del golpe de Estado de 1968 existía la carrera administrativa y la ley general de sueldos. Los militares acabaron con ambas para decidir libre y arbitrariamente a quién nombraban, qué funciones ejercía y cuánto se le pagaba. Sea como sea, ya hemos tenido tres gobiernos democráticos, pero todavía no hay una ley general de sueldos, y la carrera administrativa es más teoría que realidad. La responsabilidad no es de la Asamblea Legislativa, porque aun cuando a ella le corresponde aprobarla, solo puede hacerlo a propuesta del Ejecutivo. ¿De quién es la culpa?
Hace 25 añosArgentina, agobiada por la corrupción, la irresponsabilidad y la incompetencia de sus gobiernos, añade a sus terribles problemas económicos una crisis institucional gravísima. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las normas que restringieron el retiro de los depósitos bancarios, que los argentinos han denominado “el corralito”, porque efectivamente es un cerco financiero que impide al depositante bancario utilizar libremente sus recursos. La situación es clara: los bancos no disponen de la liquidez necesaria para hacer frente a los retiros bancarios. Ante la decisión de la Corte Suprema, el Ejecutivo pretende usar su transitoria mayoría legislativa para enjuiciar y remover a los magistrados responsables de la decisión. Las consecuencias de esa remoción –si es que la obtienen– no aclara el panorama, porque se trata de un fallo final y de obligatorio cumplimiento que no puede modificarse posteriormente. Por otra parte, los depositantes, urgidos por su dinero, protestarán por todos los medios posibles para que se mantenga la decisión de inconstitucionalidad. Es una receta para el desastre, que afectaría a todo el llamado Cono Sur y a muchos otros países que tienen relaciones financieras y comerciales con Argentina. Peor aún, los militares argentinos, por naturaleza inclinados a los golpes de Estado, podrían sentirse tentados a resolver el asunto a su manera: a lo bruto.
Hace 25 añosLos costarricenses se ufanan de tener la democracia más antigua de América Latina y uno de lo índices de desarrollo más elevados de todo el subcontinente. Algo debe haber entonces en su organización política y social que explique el buen éxito del hermano país, ya que pertenecemos a la misma especie biológica. Veamos: en Costa Rica abolieron el ejército a mediados de siglo pasado y prohibieron la reelección del presidente de la República de por vida. Ni siquiera una figura ganadora de un Nobel, como Oscar Arias, ha podido lograr una reforma en el sistema político que le permita presentarse nuevamente a elecciones presidenciales, por más que ya han concluido tres periodos después del suyo. La inteligencia del régimen tico no termina allí. En Costa Rica los legisladores no pueden presentarse a la reelección porque la Constitución lo prohíbe y no reciben salarios mensuales, sino dietas solo cuando asisten a las sesiones. Las debilidades de la democracia tica -que las tiene- no provienen de la falta de 'profesionalismo' en su clase política. Quizás somos nosotros los panameños los que debemos preocuparnos por tener una clase política “profesional”, pagada con fondos del gobierno, y que tiene éxito en pasar de un órgano del Estado a otro como quien ocupa distintos cargos en una empresa. Hoy legislador, mañana magistrado, etc. ¿No deberíamos, más bien, pensar en poner a dieta a los legisladores?
Hace 25 añosTal y como van las cosas, difícilmente pueden augurarse buenos resultados en el Diálogo sobre el Seguro Social. La dirección de la Caja, que desde el inicio expresó con claridad meridiana su oposición a cualquier solución que involucrara el más mínimo nivel de privatización, con la connivencia de parte de la dirigencia sindical, que pareciera estar más interesada en reavivar antiguas confrontaciones ideológicas, hoy en desuso, que en encontrar soluciones viables a los problemas que aquejan a los trabajadores, lanza ahora denuestos contra la OIT, que juiciosamente ha venido advirtiendo sobre la seriedad de la crisis por la que atraviesa el programa de Invalidez, Vejez, y Muerte y con igual buen juicio ha venido planteando que la solución consiste en aumentar las cuotas, disminuir los beneficios o una combinación de los dos; salvo, claro está, que se pretenda hacerle pagar los platos rotos al Estado o lo que es lo mismo a los contribuyentes que pagan sus impuestos . Con frecuencia pareciera que no hay el menor interés por resolver el problema. Si así fuera, sería mejor dejar de hacerle perder el tiempo a quienes, de buena fe, se han sentado en la mesa de negociaciones por largas horas durante varios meses, agradecer al PNUD los buenos oficios que gentilmente han venido brindando y dejar caer el telón, con la esperanza de que alguna futura administración con mayor voluntad política se decida a enfrentar el problema antes de que sea demasiado tarde.
Hace 25 añosTal y como van las cosas, difícilmente pueden augurarse buenos resultados en el Diálogo sobre el Seguro Social. La dirección de la Caja, que desde el inicio expresó con claridad meridiana su oposición a cualquier solución que involucrara el más mínimo nivel de privatización, con la connivencia de parte de la dirigencia sindical, que pareciera estar más interesada en reavivar antiguas confrontaciones ideológicas, hoy en desuso, que en encontrar soluciones viables a los problemas que aquejan a los trabajadores, lanza ahora denuestos contra la OIT, que juiciosamente ha venido advirtiendo sobre la seriedad de la crisis por la que atraviesa el programa de Invalidez, Vejez, y Muerte y con igual buen juicio ha venido planteando que la solución consiste en aumentar las cuotas, disminuir los beneficios o una combinación de los dos; salvo, claro está, que se pretenda hacerle pagar los platos rotos al Estado o lo que es lo mismo a los contribuyentes que pagan sus impuestos . Con frecuencia pareciera que no hay el menor interés por resolver el problema. Si así fuera, sería mejor dejar de hacerle perder el tiempo a quienes, de buena fe, se han sentado en la mesa de negociaciones por largas horas durante varios meses, agradecer al PNUD los buenos oficios que gentilmente han venido brindando y dejar caer el telón, con la esperanza de que alguna futura administración con mayor voluntad política se decida a enfrentar el problema antes de que sea demasiado tarde.
Hace 25 añosEl secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, monseñor Tarcisio Bertone, enviado por el Papa a Panamá para participar en las ceremonias de conmemoración de los 114 años de la muerte de San Juan Bosco, ha puesto el dedo en la llaga que angustia y lacera a la mayoría de los panameños y extranjeros que residen aquí: la corrupción. “No puede haber paz si no hay justicia”, dijo el prelado, con lo cual sintetizó el asunto magistralmente. Ese es el problema principal de Panamá. Sin duda es el más grave de los males que sufrimos. La administración de justicia es ineficiente, tardía y corrupta, según la percepción ciudadana que se refleja reiteradamente en las encuestas y sondeos de opinión pública. El problema es muy simple: se ha perdido la credibilidad en todas las instituciones. No hay fe en los órganos Ejecutivo, Legislativo y tampoco en el Judicial. El Ministerio Público, por tanto tiempo cuestionado, no ofrece los resultados que el pueblo espera y los tribunales, a todos los niveles –incluyendo a la Corte Suprema de Justicia– ofrecen escaso remedio y, cuando lo hacen, es tardío. Se trata de una situación extremadamente peligrosa, porque cuando no hay remedio institucional surgen las vías de hecho, con impredecibles consecuencias para la economía, las estructuras políticas y la reputación de Panamá. El gobierno está jugando con fuego, y quien juega con fuego se puede quemar.
Hace 25 añosLas religiones no deben intervenir en política, como enseña la historia europea, pero hay circunstancias en las cuales las personas, defraudadas por el sistema que las gobierna, claman por una orientación que rebase las instituciones donde no obtienen respuestas. Por esa razón y muchas otras, es sobremanera oportuno el pronunciamiento de los obispos de Panamá, reunidos en el Comité Ecuménico, para expresar su preocupación por la corrupción e inmoralidad de la clase política del país. Como bien dicen, ante tal estado de cosas, “no es posible estar en silencio”. Y eso es precisamente lo que individual y colectivamente debemos hacer: hay que romper el silencio, como señal de la indignación ciudadana. Basta ya de tanto cinismo y abuso de poder. Este país se merece mejores dirigentes, y si ellos no lo entienden así, se lo recordarán en las calles, y no de la mejor manera. Todos tenemos que prepararnos para el cambio, porque la República lo necesita. ¿Qué futuro tendrán las nuevas generaciones, si aprenden que la corrupción es un pecado venial que el tiempo borrará sin ninguna consecuencia? Es urgente que las investigaciones terminen lo más rápido que sea posible, pero deben terminar con resultados concretos. De lo contrario, las instituciones terminarán por perder la escasa credibilidad que les queda, y esa es una verdadera receta para el desastre.
