Hace 25 añosLos tres gobiernos que sucedieron a la dictadura militar, prometieron al país, a la Sociedad Interamericana de Prensa, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría Para la Libertad de Expresión y a otros muchos organismos, que derogarían las leyes restrictivas de la libertad de expresión. Nombraron comisiones integradas por funcionarios y representantes de los medios de comunicación, pero nada concreto ocurrió. Por eso es muy oportuna la opinión de Marcos Castillo, al ser juramentado como presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Hay que derogar las “leyes mordaza”, despenalizar la calumnia e injuria y eliminar las normas que permiten condenar sin juicio previo. Se han obtenido logros importantes, como la derogatoria de la ley que creaba la Dirección de Medios de Comunicación, y la recientemente sancionada ley de transparencia en la gestión pública. Son pasos en la dirección correcta, pero no son suficientes. Los periodistas son víctimas del hostigamiento judicial, a través de frecuentes citaciones para declaraciones juradas o indagatorias que les hacen perder el tiempo que deberían dedicar a su trabajo. Por ello, los periodistas deben respaldar a Marcos Castillo y hacer causa común con lo que plantea, porque los objetivos que señala son importantísimos para el periodismo panameño a través de la radio, la televisión y de la prensa escrita.
Hace 25 añosLa extraña decisión del Ministerio Publico al suspender las investigaciones sobre el supuesto soborno a legisladores para que votaran a favor de los dos magistrados designados por el Ejecutivo, y para aprobar el Centro Multimodal, Industrial y de Sevicios (CEMIS), es una especie de aberración jurídica. Cierto es que la inmunidad legislativa impide al Ministerio Público investigar a los legisladores supuestamente implicados en actos de corrupción, pero las investigaciones no se reducen a los legisladores. Hay muchos otros aspectos que podrían identificarse como hechos constitutivos de delitos que no involucran a nadie que goce del repugnante privilegio de la inmunidad. Allí están, por ejemplo, las denuncias que Lew Rodin ha presentado en contra de Martin Rodin, su hijo, y las que Peter Rodin ha hecho en contra de su propio hermano. Otro tanto ocurre con Stephen Jones, administrador del Consorcio San Lorenzo, quien es la persona que puede precisar a qué se debieron los cuantiosos retiros de dinero en efectivo que se registraron en las cuentas del Consorcio, según ha declarado Martin Rodin. Esas situaciones pueden y deben investigarse, independientemente de si los legisladores tengan o no la coraza protectora de la inmunidad o la impunidad, que para el caso es lo mismo. El Ministerio Público falta a su deber constitucional y legal al suspender las investigaciones, bajo el pretexto de la inmunidad legislativa, lo que compromete su credibilidad y le hace un flaco favor a la justicia..
Hace 25 añosEn un país como Panamá, en el cual el analfabetismo moral es tan abundante, especialmente entre los servidores públicos, es muy refrescante y encomiable la actitud del presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena, quien renunció a su inmunidad por todo el término de su mandato e invitó, con poco éxito, a que sus colegas hicieran lo mismo. Rubén Arosemena no ha sido implicado en nada, no ha sido indagado, pero en una decisión que lo honra, renunció a su inmunidad. Muchos otros –la inmensa mayoría– han asumido la cómoda actitud de que sea el Ministerio Público, a priori, quien solicite, específicamente, cuáles legisladores deben despojarse de la inmunidad. Es obvio que el Ministerio Público no puede determinar, en la mayoría de los casos, la identidad de los legisladores, porque necesita previamente efectuar la investigación que la inmunidad impide. Los legisladores que se sientan libres de corrupción deben imitar a Rubén Arosemena, y quienes no lo hagan, no podrán disfrutar del amparo de la presunción de inocencia porque la opinión pública, que para cualquier político es el tribunal de última instancia, invertirá la carga de la prueba; si no renunciaron a la inmunidad, es porque tienen algo que esconder. Para ser honorables hay que tener honor, y si hay legisladores que no lo tienen, de nada les servirá el ridículo título protocolar con el cual se adornan.
Hace 25 añosLa presentación del primer informe nacional de desarrollo humano no debe pasar inadvertida porque no se trata de un documento más que preparan los especialistas para justificar sus honorarios. Sin apartarse de la rigurosidad necesaria para producir información confiable, los actores sociales y económicos de la realidad panameña han tomado parte en un proceso de documentación que refleja con una inusitada riqueza de matices la compleja situación que vive la población en la actualidad. El dossier tiene la ventaja de que está presentado, no solo como una colección más o menos interesante de datos, sino que es, al mismo tiempo, una invitación a la acción, a que la sociedad haga algo por sí misma y para sí misma. Claro que no es noticia decir que 40 de cada cien panameños vive en condiciones de pobreza, pero es importante que no lo olvidemos y que vinculemos esta dolorosa verdad a la manera como este país esta organizado, o más bien no termina de organizarse. Es hora ya de que las enormes disparidades que identifican nuestra geografía sean un punto prioritario en una agenda de acciones conjuntas entre el gobierno y la sociedad civil. “Transformar el Panamá que somos, en el Panamá que queremos” es el lema inspirado del informe, pero para que del dicho se pase al hecho, se necesita de una profunda reforma política.
Hace 25 añosPara todos los efectos prácticos, Colombia se encuentra en estado de guerra interna con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y, eventualmente, otros grupos irregulares podrían sumarse a la lucha. Los países limítrofes han tomado las medidas necesarias para custodiar sus fronteras, y Panamá no ha sido la excepción. Poco tiempo después de que el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, anunciara la ruptura del proceso de paz y el fin de la zona desmilitarizada, el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional anunció medidas concretas para reforzar la vigilancia en las fronteras, en los puertos y aeropuertos del país. Otro tanto debe hacerse en el espacio aéreo y marítimo, así como en las tareas de inteligencia, ahora más importantes que nunca. Es un problema muy serio que depende de complejas circunstancias sobre las cuales Panamá no tiene ningún control. Lo único que podemos hacer es adoptar las medidas que la prudencia aconseja. Sin embargo, hay que ir más allá para prepararnos en caso de que la situación se agrave a extremos que no podamos manejar. Para ello es indispensable realizar las gestiones pertinentes ante los organismos internacionales y países que nos puedan proporcionar ayuda de seguridad y de atención a los refugiados, que fácilmente pueden rebasar nuestros recursos y capacidades.
Hace 25 añosExasperado por el doble discurso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Andrés Pastrana reaccionó al secuestro del presidente de la Comisión de Paz del Senado colombiano, declarando el fin de las negociaciones del proceso de paz y de la llamada zona desmilitarizada. Demasiada paciencia ha tenido, porque las FARC han utilizado el llamado proceso de paz para fortalecerse militar y económicamente con impunidad, como si se tratara de un Estado dentro de otro Estado. En la práctica, Colombia abdicó de su soberanía y jurisdicción sobre un territorio de 42 mil kilómetros cuadrados (mayor que la mitad de la república de Panamá) sobre el cual las FARC ejercen un control absoluto y hasta ahora indisputado. En verdad, las negociaciones de paz solo han beneficiado a la guerrilla, que continúa perpetrando atentados, ejecutando secuestros, asaltando a quien le plazca, volando oleoductos y líneas eléctricas de alta tensión. Aunque sea duro aceptarlo para quienes creyeron en la paz negociada, se han burlado del presidente Pastrana, de su gobierno, de la propia Colombia, y de los países y organizaciones internacionales que apoyaron las negociaciones. El asunto puede tener serias implicaciones en la frontera con Panamá y, por ello, es preciso redoblar la vigilancia fronteriza y solicitar toda la ayuda internacional necesaria para proteger nuestra seguridad nacional.
Hace 25 añosEn Panamá la esperanza de vida al nacer, de 74 años, es alta, si tomamos en cuenta que en EU es de 77 y en Argentina de 73. Bueno para los panameños. Malo para el programa de pensiones de la CSS, cuyo modelo actuarial está en franco agotamiento. Mientras los nubarrones se ciernen sobre el futuro de las reservas del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, se incrementan año a año las pensiones y las jubilaciones. Si quienes tienen la responsabilidad de actuar no lo hacen con celeridad, la debacle estará más próxima y en menos de dos décadas no habrá reservas suficientes para nuevos jubilados. La ortodoxia y el laissez passer como fórmula política pueden constituirse en una bomba de tiempo para un sistema que por 60 años ha beneficiado a un considerable número de familias. A alguien se le ha ocurrido que el déficit temprano puede ser compensado con la transferencia de tierras de la ARI a la CSS. La Caja, que no se caracteriza por la eficiencia, entraría, hasta que le dure el patrimonio, en el mercado de bienes raíces. También se engaña a la gente cuando se sostiene que los cambios del Seguro deben ir “casados” con un nuevo modelo económico. ¿Y si se decreta el bendito modelo y no resulta? Cuando se trata de la CSS, cualquier teoría absurda suena normal.
