Hace 1 añoPanamá atraviesa una encrucijada institucional. Cuando la Iglesia católica, la Cámara de Comercio, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y la Coalición Vamos coinciden en rechazar una iniciativa de la Asamblea Nacional, el país debe encender las alarmas. Algunos diputados evaden adelantar si apoyarán o no un proyecto de ley abiertamente inconstitucional, cuyo objetivo es claro: favorecer a dos expresidentes: uno condenado y otro acusado en casos de alto perfil por corrupción.
Este no es un simple exceso legislativo. El proyecto golpea directamente las facultades del Órgano Judicial, vulnerando la separación de poderes que sostiene nuestra democracia. Si se permite este atropello, ¿qué sigue después? ¿Un intento de golpe al Ejecutivo?
La negativa a sustentar públicamente el voto no es prudencia ni estrategia política: es cobardía. El país tiene derecho a saber quiénes están dispuestos a debilitar las instituciones para proteger intereses personales.
Este no es un simple proyecto de ley: es una amenaza directa al Estado de derecho. Y el silencio —o la complicidad— en este momento puede tener consecuencias que lamentaremos por generaciones.
Hace 1 añoSolo en un país donde la impunidad ha echado raíces profundas puede prosperar una iniciativa tan escandalosa como la propuesta de amnistía que busca blindar a dos expresidentes acusados de corrupción. Lo más grave no es que exista el proyecto, sino que 27 diputados estén dispuestos a violar la Constitución para proteger a sus aliados. Pretender disfrazar delitos de blanqueo de capitales y corrupción como si fuesen simples delitos políticos es una afrenta a la justicia y a la ciudadanía.
Aristoteles FloresHace 1 añoPanamá no es como el resto de América Latina. Nuestra economía se basa en servicios: banca, logística, comercio y transporte internacional. Las exportaciones de bienes apenas representan alrededor del 3% de nuestro PIB.
Adolfo J. Campos BarrancoHace 1 añoEl Código de Procedimiento Tributario (CPT) establece nuevas reglas para la determinación del plazo y el cómputo de la prescripción en materia tributaria.