Los diputados Jaime Vargas (Izq.) y Benicio Robinson, presidentes de la Asamblea Nacional y de la comisión legislativa de Presupuesto, respectivamente, acudieron a la reunión con el presidente electo José Raúl Mulino, el pasado jueves 13 de junio de 2024. LA PRENSA/Isaac Ortega
Mónica PalmHace 2 añosNunca deja de asombrarnos el grado casi criminal de premeditación y alevosía con el que actúan algunos diputados, siempre resguardados por una bien conocida impunidad.
Hace 2 añosSi hay un tema que está claro en nuestra Constitución, es que ni el Ejecutivo ni la Asamblea Nacional pueden decretar indultos o amnistías por delitos comunes como homicidio, robo, peculado y blanqueo de capitales. La propia Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa y consecuente con este tema, a pesar de los intentos por desafiar este principio que busca garantizar que no haya impunidad, especialmente impulsada por aquellos en el poder. El artículo 184 de la Constitución, que describe las atribuciones del presidente de la República de Panamá, es categórico: “Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes”. Asimismo, en este tema la Asamblea Nacional (artículo 159) solo está facultada en su función legislativa para “decretar amnistía por delitos políticos”. Nótese que en ambos casos se excluyen los delitos comunes. Por lo tanto, cualquier intento de evadir la justicia o ganar tiempo a favor de personas condenadas o procesadas por delitos comunes mediante estas herramientas sería simplemente un desafío a la institucionalidad, al imperio de la ley y al prestigio internacional del país.
Guillermo Márquez AmadoHace 2 añosInicio este artículo de opinión al leer en La Prensa que la impugnación interpuesta contra el diputado Benicio Robinson, con ocasión de su proclamación, ha pasado a ser del conocimiento de los magistrados del Tribunal Electoral, en apelación.
Carlos FongHace 2 añosHace poco, en la Biblioteca Pública Hortensio De Icaza de La Chorrera, recibimos la visita sorpresa del nuevo alcalde, el señor Eloy Chong.
Jaime Cheng PeñalbaHace 2 añosEn las pasadas elecciones, un número significativo de votantes eligió a candidatos independientes por lo que representaban para la sociedad.
Rafael CandanedoHace 2 añosSobran, en una sociedad como la nuestra, los amagos, amenazas de colmillo afilado, presiones e intimidaciones para amordazar la actividad periodística.
Redacción de La PrensaHace 2 añosLLORÓN I. Parece que para Alejandro Pérez, lo que diga el presidente electo José Raúl Mulino no tiene ninguna importancia. Ayer, en Cuarto Poder, dijo que en el partido RM no están para perder el tiempo “describiendo” la realidad del país, sino para “transformarla”. Cuando los presentadores del programa le recordaron que Mulino advirtió que no hay plata para inversiones, ya que “todos los números están en rojo”, Pérez replicó: “¿En qué país ustedes estaban viviendo? ¡Todos sabemos que no hay plata!” También dijo que personalmente consiguió los votos para que Mulino fuera presidente. Si es así, qué raro que para él no buscara los votos para el medio cociente en el 8-4. Este debe ser alumno de Gaby
Hace 2 añosLa nueva cúpula de la Fuerza Pública se enfrenta a una crisis de seguridad que clama por una respuesta inmediata y efectiva. El aumento alarmante de homicidios y robos, así como la creciente actividad del crimen organizado y, en particular, del narcotráfico en la política nacional y en los estamentos de seguridad exige una acción decidida por parte del gobierno entrante. El presidente electo, quien cuenta con experiencia previa como ministro de Seguridad, conoce de primera mano el alcance y la gravedad de estos desafíos, los cuales denunció en su momento y desde entonces poco o nada se ha hecho para combatir este flagelo. Sus recientes designaciones para liderar las instituciones clave de seguridad, como la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, reflejan la urgencia de abordar esta compleja realidad. Las cifras alarmantes de homicidios, especialmente entre jóvenes de áreas urbanas vulnerables, y el aumento de delitos como el robo y el tráfico de drogas, requieren una estrategia integral y coordinada. Ante la gravedad de la situación, el gobierno entrante debe actuar con determinación y eficacia para restaurar la seguridad y proteger a la población. La confianza del pueblo panameño en su capacidad para enfrentar estos retos dependerá de la acción decidida y efectiva del nuevo equipo de seguridad pública.