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La alcaldesa del distrito de Panamá, Roxana Méndez, aseguró este martes, 27 de marzo, que se tomarán medidas para evitar que el ruido siga afectando a las familias que viven en el corregimiento de Bella Vista y que se ven perjudicados por el ruido de Calle Uruguay, área donde funcionan discotecas y bares.
Méndez indicó que ayer, lunes, tras una reunión con los residentes de Bella Vista, una comitiva de propietarios de bares y discotecas y representantes de la Policía Nacional, se acordó tomar medidas para evitar que los residentes se vean perjudicados por el ruido de estos lugares.
Agregó que los propietarios de los bares y discotecas, por su parte, tienen quejas por la falta de seguridad y temas viales, por lo que se realizará un análisis de la vialidad en el sector.
Esta mañana en Telemetro Reporta, la alcaldesa capitalina dijo que cientos de familias que residen en mil edificios de propiedad horizontal (PH) que están ubicados en este sector, se ven afectados por el ruido.
" Como el desarrollo comercial no fue planificado, no hay estacionamientos suficientes para la cantidad de personas que acude a estos comercios y los residentes del área resultan afectados por el ruido que a todas horas del día y de la noche deben soportar", señaló en el noticiero matutino.
En el video que acompaña esta información vea las declaraciones completas de Méndez, donde detalla las acciones que se tomarán para mejorar la situación que aqueja a los residentes cercanos a Calle Uruguay.
Panamá tomará acciones en conjunto con los embajadores de Cuba y Ecuador, para evitar que cubanos, procedentes de Ecuador sigan ingresando al país por zonas selváticas.
Así lo informó el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Henríquez, quien indicó que la situación es preocupante, ya que estos ciudadanos ponen su vida en riesgo al pasar por estas zonas.
“Hay que hacer un llamado de atención a Ecuador y a los países para que tomemos acciones”, dijo Henríquez.
Agregó que estas personas vienen de Ecuador de forma legal, por lo que acá en Panamá se le brinda ayuda humanitaria.
El canciller de la República, recalcó que los cubanos solo pasan por Panamá para poder llegar a su destino que es Estados Unidos.
En ese sentido, dijo que ese país debería estar interesado en el tema.
En el video que acompaña esta información vea las declaraciones completas de Henríquez, quien detalló que si la cifra de cubanos en el país sigue aumentando, será difícil poder atenderlos.
El coordinador general del “Encuentro por la unidad, un nuevo PRD por un nuevo Panamá”, el diputado Rogelio Paredes, informó esta tarde que todo está listo para efectuar ese evento.
Paredes dijo que “mañana habrá un lleno completo, en el cual el país verá un colectivo motivado, unido y reforzado con la participación de dirigentes, delegados y miembros de base, para que nadie se quede en casa”.
“Es una fiesta del Partido Revolucionario Democrático (PRD), organizada por Juan Carlos Navarro y un evento abierto a todo público que cree en el torrijismo”, destacó Paredes.
El evento, que es gratuito, comenzará a las 9:00 a.m. e incluirá la presentación de los artistas Samy y Sandra Sandoval, y Nigga, con la animación de Dj Yellow, además de un ballet folclórico.
Se informó que más de mil 200 voluntarios de todo el país han participado en la organización de la actividad, a la que se espera que asistan más de 10 mil personas.
Entre otros, también aspiran a la candidatura para la presidencia de la República por el PRD, Balbina Herrera, Samuel Lewis Navarro, Anel Flores, Laurentino Cortizo y Javier Martínez Acha.
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Mahesh Khemlani, viceministro de Finanzas, aseguró la tarde de este 19 de marzo que no existe un problema de solvencia con los ingresos del Estado panameño.
Khemlani ofreció estas declaraciones, según la Secretaría de Comunicación del Estado, al ser consultado sobre los argumentos de grupos opositores, quienes señalan que el Estado no ha estado recibiendo los ingresos que esperaba y por ello es que necesita vender los terrenos de la Zona Libre de Colón y las acciones en Cable & Wireless Panamá, S. A.
Según Khemlani, la administración Martinelli elaboró un plan quinquenal que contemplaba las inversiones que el país requería para su modernización.
MENTIRA
“Estos falsos argumentos y estas posiciones de alarma de la oposición no le hacen daño al Gobierno, pero afectan al país, ya que podrían asustar a los inversionistas extranjeros que hasta ahora han confiado en la sólidas bases de nuestra economía”, dijo el viceministro.
Agregó que “continuamos teniendo un ritmo envidiable de crecimiento económico e indicadores de endeudamiento que mejoran todos los años. Esta condición fiscal da confianza a los inversionistas y permite que cada día se establezcan nuevas empresas y se creen miles de fuentes de empleos para los panameños”.
Según Khemlani, de tener problemas de solvencia se estaría contemplando vender todas las acciones del Estado en las empresas mixtas.
Sin embargo, eso “ni siquiera se contempla vender la totalidad de la participación del Estado en Cable & Wireless. Selectivamente se evalúa desarrollar el mercado de capitales doméstico a través de ofertas que flotarán en la Bolsa de Valores de Panamá”, informó.
Khemlani reveló que desde la administración del expresidente Martín Torrijos Espino el Ministerio de Economía y Finanzas evaluaba la venta de las acciones en la telefónica.
Entre otras razones, se pensaba desde entonces, que es inconveniente que el Estado juegue el rol de regulador del mercado, al mismo tiempo que ejerce el de parte interesada al ser accionista de una de las empresas, explicó Khemlani.
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La alcaldesa del distrito de Panamá, Roxana Méndez, dijo este lunes, 19 de marzo, que los ajustes en la planilla de la entidad que dirige, continuarán.
Méndez aseguró que lo que la Alcaldía necesita es eficiencia, ya que encontró un aumento de más de seis millones de dólares en la planilla.
Agregó que no se justifican más puestos de trabajo porque se están brindando los mismos servicios de siempre.
En el video que acompaña esta información vea las declaraciones completas de Méndez sobre este tema.
Este lunes, 19 de marzo, se inauguraron los trabajos de construcción del tramo corredor Norte Fase II B, entre Brisas del Golf a la 24 de Diciembre.
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, quien participó de los actos, dijo que la obra representará un enorme alivio en materia de tráfico de la ciudad capital.
Martinelli indicó que es importante que el contratista termine la obra tiempo, dentro de los costos que han sido presupuestados y a la menor brevedad posible, porque la ciudadanía requiere de esa infraestructura tan importante.
Estos beneficios se traducen en menos gasto de combustible y en una mejor calidad de vida, mencionó.
En su discurso, Martinelli manifestó, además, que su gobierno se podrá caracterizar, entre otras cosas, por las soluciones que da a problemas como el tráfico y el transporte del país. En ese sentido, destacó la construcción del Metro de Panamá y el nuevo reordenamiento vial.
A su vez, reiteró que dentro de su administración gubernamental se busca la expansión –a seis carriles– del corredor Sur. Esto obedece, según el mandatario, a que este corredor se ha quedado atrás en el tema del congestionamiento vehicular.
La nueva fase del corredor Norte tiene un costo de 114 millones de dólares y deberá concluir en 18 meses.
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Al menos cinco semanas fueron necesarias para que los dirigentes indígenas de la comarca Ngäbe Buglé y representantes de los Órganos Ejecutivo y Legislativo llegaran a un acuerdo sobre la redacción del artículo 5 del proyecto de ley 415 que establece un régimen minero e hídrico para esa región del país.
El martes, 7 de febrero, tras intensas protestas que conllevaron el bloqueo de la carretera Interamericana durante unas 200 horas y el despeje de la vía por la unidad antidisturbios de la Policía Nacional -con saldo de un muerto y decenas de heridos- indígenas y gobierno acordaron iniciar las conversaciones para consensuar el artículo cuya redacción implicaba eliminar todas las concesiones mineras e hídricas otorgadas en áreas de la comarca y zonas adyacentes.
EL PROCESO
El 8 de febrero se reunieron por primera vez en la Asamblea Nacional, bajo la mediación de la Iglesia católica y evangélica, indígenas y representantes del Gobierno.
Luego de nueve días de conversaciones, sin lograr avances significativos, se decretó un receso de 10 días -del 17 al 26 de febrero-.
Durante esos días, en las distintas bases del interior del país y la capital los indígenas continuaron con las protestas, los cierres de calles y las vigilias, exigiendo al gobierno que aprobara el artículo 5.
El 27 de febrero se reanudaron las negociaciones en la Asamblea Nacional, pero ese mismo día -poco tiempo después de sentarse en la mesa se decretó otro receso hasta el 28 de febrero, luego de que los indígenas escucharon la sustentación del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco por parte de representantes de la empresa que desarrolla la obra. Ese día los indígenas anunciaron que presentarían una propuesta al Gobierno.
Las conversaciones se reanudaron normalmente y continuaron durante esos días hasta que el jueves 1 de marzo, tras un confuso incidente en las afueras del Palacio Legislativo -donde un grupo de indígenas permanece en vigilia desde que empezó el diálogo- resultaron heridos. Ese día la negociación fue interrumpida nuevamente.
En esta ocasión, los miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Defensa del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino pidieron trasladar el diálogo hacia otro sitio. Las conversaciones se reanudaron el sábado 3 de marzo, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ciudad del Saber, bajo la mediación de este organismo.
Para ello fue necesario integrar dos mesas técnicas: una para discutir el proyecto de Barro Blanco y otra para consensuar el artículo No. 5 del proyecto de Ley 415.
El pasado jueves, a las 11:55 p.m., tras 15 días de negociaciones en la casa de las Naciones Unidas, los indígenas y el Gobierno firmaron los acuerdos que habían estado negociando, uno de los cuales establece un proceso de fiscalización y no de suspensión del proyecto Barro Blanco, y la aprobación de una nueva redacción del artículo No. 5 del citado proyecto. Además, el compromiso del gobierno de atender una serie de reclamaciones que los indígenas fueron agregando durante la negociación.
Pese a este acuerdo, las protestas y los cierres parciales y totales de las vías en la Interamericana así como en Pacora continuaron.
De acuerdo con los indígenas que encabezan las protestas, no están satisfechos con el acuerdo pactado.
En tanto, la cacica general, Silvia Carrera, reapareció este sábado, 17 de marzo en Veraguas, mas no ante los miembros de su pueblo sino ante un grupo de docentes de Veraguas. Desde ese escenario hizo un llamado a las bases indígenas que hasta ayer insistían en los cierres de calles en el interior del país.
Este lunes. 19 de marzo, la Comisión de Comercio recibirá, formalmente, el acuerdo firmado y lo presentará al pleno de la Asamblea Nacional.
Bello Horizonte del Coco, Bello Horizonte de La Pesa No. 2, La Doradilla, Santa Librada No. 3 y la barriada Juan Pablo II son algunas de las comunidades, ubicadas en el distrito de La Chorrera, que tienen problemas con el suministro de agua potable a través de tuberías.
De acuerdo con el director regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en Panamá oeste, Maximino Quintero, la entidad paga 3 mil dólares diarios para poder abastecer con carros cisterna a estas comunidades.
El funcionario explicó que actualmente hay muchos usuarios del Idaan que tienen alta morosidad con la institución, por lo que no recuperan el dinero que se gasta en el alquiler de los carros cisterna.
Agregó que ya se ha solicitado fondos para poder realizar los trabajos correspondientes que permitan que pueda llegar el suministro de agua potable en estas áreas.
Los residentes de la comunidad La Pesa No. 2 tienen hoy once días sin agua potable y hasta ayer tenían tres días sin recibir el carro cisterna que los abastece.
Quintero, explicó que la falta de agua en esa comunidad se debe a los trabajos que se realizan en la estación de bombeo y en el tanque de almacenamiento.
Estas obras deben culminar hoy, sábado, pero no será hasta el próximo lunes que el suministro de líquido será restablecido en esa barriada.
En el video que acompaña esta información vea las declaraciones completas de Maximino Quintero sobre este tema.
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, reiteró este viernes, 16 de marzo, que el polémico proyecto de ley impulsado por el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, con el cual se pretende crear una oficina única de asuntos internos en la fuerza pública, debe ser consensuado por todos los estamentos de seguridad del país.
A su salida del cambio de mando en la Policía Nacional (PN), Martinelli aseguró que el documento –impulsado por Mulino– va a ser discutido por todas las entidades policiales.
Luego de su discusión, Martinelli anunció que se determinará su aprobación o rechazo. El gobernante expresó que se trata de un proyecto que ha sido tratado en muchos países de América Latina.
“Lo vamos a consensuar para buscar un punto en el que estemos todos de acuerdo”, aseveró.
Las declaraciones del Presidente se dieron durante el acto de toma de posesión de Julio Moltó como nuevo director policial, quien reemplazará a Gustavo Pérez.
La polémica por el citado proyecto surgió tras las declaraciones del exdirector de la Policía, Gustavo Pérez, quien rechazó la iniciativa, ocasionando que Mulino presentara su renuncia irrevocable al cargo el pasado viernes 9 de marzo.
A raíz de esta situación, Martinelli designó a Pérez en el Consejo de Seguridad del Estado como secretario ejecutivo y nombró a Moltó en la PN. Mulino reconsideró su renuncia y anunció que se mantendría en el cargo el miércoles 14 de marzo.
En la sede de la Policía Nacional de Ancón, este viernes, 16 de marzo, se efectúa el acto de cambio de mando en la dirección de esa entidad.
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, participa en esta actividad, donde Julio Moltó tomará posesión de la Policía. Moltó reemplazará a Gustavo Pérez, quien será ahora el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.
Pérez fue trasladado al Consejo de Seguridad, luego de sus diferencias con el actual ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, por el proyecto que crea una oficina de asuntos internos para la fuerza pública.
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