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En la calle, la ciudadanía seguía con atención las noticias del momento: investigan al exdirector del Programa de Ayuda Nacional Rafael Guardia Jaén por delitos contra la administración, y al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino por la misma causa. Ambos, funcionarios de la era del expresidente Ricardo Martinelli.
En un salón de un restaurante ubicado en el área bancaria, Catalina Botero, quien hasta octubre pasado fungió como relatora para la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), hablaba de transparencia, corrupción y acceso a la información.
“Panamá está profundamente indignada”, aseguró Botero, haciendo referencia a los escándalos que sacuden a la nación. Esta coyuntura, dijo, es el “momento propicio” para hacer cambios en materia de justicia y transparencia.
EL ESCENARIO
Mencionó tres aspectos que, según ella, permiten que esas transformaciones se puedan dar: el malestar que existe en la ciudadanía por los actos de corrupción, la base que siente el tener una buena ley de acceso a la información (Ley 6 de enero de 2002) pero que necesita cambios, y que se han nombrado a activistas de la sociedad civil en cargos clave para la rendición de cuentas.
“Como uno que está aquí”, dijo al tiempo que miraba a Guido Rodríguez, quien acudió al evento. Rodríguez fue nombrado recientemente como Fiscal de Cuentas por el presidente Juan Carlos Varela.
También mencionó el hecho de que Angélica Maytín Justiniani sea la nueva directora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información. “Hay que aliarse con ellos”, aseguró en momentos en que explicaba la importancia de que los ciudadanos hagan valer su derecho a saber sobre cómo los funcionarios invierten los fondos públicos. Para ello es clave, dijo, exigirle transparencia a los gobiernos. “El gobierno pasado tuvo serios problemas con la transparencia y la corrupción. Están en un momento clave para hacer reformas. Hay que exigirle al gobierno que sea transparente”, añadió.
Todo ello, en medio de una tertulia que organizó el Instituto Panameño de Estudios Cívicos (Ipec) y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Asistieron juristas, periodistas, ambientalistas, educadores, arquitectos, y activistas de los derechos humanos, entre otros.
Pidieron la palabra. Alguien preguntó que ¿cómo se hace para que la lucha por el acceso a la información pública no sea un asunto exclusivo de los medios de comunicación? Ella citó los ejemplos sobre cómo en Brasil, Uruguay y Chile, grupos civiles han usado sus leyes de acceso a la información para conseguir datos tan sencillos como el plan de evacuación de una escuela, hasta temas tan complejos como el dinero que se gasta un gobierno en actividades clientelistas.
Con leyes de transparencia, recordó Botero, comunidades han hecho valer sus derechos en materia de seguridad social, salud, educación, entre otros. “El derecho a la información sirve sobre todo a las clases populares”, dijo.
Brasil, contó, acaba de estrenar una ley de acceso a la información y para darla a conocer fomentaron una serie de campañas destinadas al ¿para qué sirve?
DECLARACIONES PATRIMONIALES
La exrelatora también resaltó la importancia de que se hagan públicas las declaraciones de bienes patrimoniales de los funcionarios, un tema que en Panamá ha sido debatido ampliamente en los últimos meses. “Hay enriquecimientos patrimoniales que no se pueden justificar”, aseguró.
Eran casi las 7:00 p.m. y Botero tenía que subir a un avión con rumbo a Brasil a las 9:00 p.m. La tertulia termina, el público aplaude y ella se despide con una frase esperanzadora: “cuando hay crisis profundas, hay causas estructurales”.
Eduardo Vallarino, presidente del Ipec toma la palabra. Hizo un recuento del ajetreado día de Botero en Panamá y detalló que en la tarde se había reunido con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. “Hablaron de corrupción”, contó Vallarino. Silencio en el auditorio. Luego todos rieron a carcajadas.
El yate "Boombastic", vinculado al exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia, pasó a ser custodiado desde hoy por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Fuentes de esta entidad señalaron que la institución recibió una orden de la Fiscalía Anticorrupción para custodiar este bote anclado en la marina de Flamenco, en la calzada de Amador.
Los fiscales primero y segundo anticorrupción, Nahaniel Murgas y Lizzett Chevalier, respectivamente, aprehendieron la embarcación, que está inscrita en la AMP a nombre de la sociedad Brescia Tre, S.A.
Datos del Registro Público revelan que esta sociedad fue inscrita el 11 de abril de 2013, y en ella figura como secretario Javier Cachafeiro Richa, amigo personal de Rafael Guardia Juárez, hijo del exdirector del PAN.
Curiosamente, Cachafeiro Richa laboró en el Banco Hipotecario Nacional (BHN) durante la gestión de Guardia Jaén. En esa entidad devengó un salario mensual de 2 mil 800 dólares, según el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo.
Cachafeiro Richa, además, preside la sociedad Kalúa, S.A., que tiene cuentas congeladas por instrucciones de los fiscales anticorrupción, ya que están vinculadas con Guardia Jaén, quien permanece detenido en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
Con información de Santiago Cumbrera.
