Rolando Rodríguez B.Hace 8 añosComo parte del caso de los pinchazos, los abogados del exgobernante presentaron un amparo para que la Corte decline la competencia. La ponencia la tiene el magistrado Oydén Ortega.
Rodrigo NoriegaHace 8 añosSi las pretensiones del amparo son aceptadas por la Corte Suprema de Justicia, se daría el extraño fenómeno de que un caso iniciado en el sistema penal acusatorio sería transferido al sistema inquisitivo mixto, porque Gustavo Pérez y Alejandro Garuz tienen un caso en curso en ese sistema. Y como el derecho es lógica, el caso de los pinchazos debería ser remitido al Ministerio Público para que este le diera continuidad al mismo, llevándolo de acuerdo con las reglas del sistema penal acusatorio.
Annette Planells | Hace 8 añosLas glosas suelen ser adelantos de noticias en desarrollo por lo que decidí analizar los recursos presentados y los diferentes escenarios.
Harry Díaz, magistrado fiscal, presenta sus argumentos en la audiencia ante el magistrado de garantías
Juan Manuel DíazHace 8 añosDíaz responde así a los señalamientos de los abogados de Martinelli, que sostienen que el magistrado fiscal dejó el caso "tirado, para irse a pasear".
Juan Manuel DíazHace 8 añosSin embargo, el magistrado condicionó este acceso a una “obligación ética de los abogados de respetar la dignidad de las víctimas”, y no revelar ninguna información en los medios ni en redes sociales .
El juez de garantías, magistrado Jerónimo Mejía, a su llegada a la sala de audiencias este jueves
Redacción de La PrensaHace 8 añosSe cumple así un anhelo de la defensa, que siempre expresó su interés en el contenido de dichos correos, cuya reserva fue ordenada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a fin de evitar su publicidad "y revictimizar a las víctimas".
Juez Jerónimo Mejía: el demandado es Ricardo Martinelli, no el Estado
Juan Manuel DíazHace 8 añosEstos planteamientos surgen luego de que cuatro de los seis querellantes en la acusación contra el expresidente Martinelli presentaron solicitudes de resarcimiento que suman unos $55.9 millones por supuestos daños y perjuicios causados por la interceptación de sus comunicaciones y las violaciones a su intimidad.
