

El presidente Ricardo Martinelli reveló que cada vez que este medio le manda preguntas a sus funcionarios “yo le he dicho a la gente [subalternos] que no conteste los cuestionarios”.
De esta manera el mandatario admitió en Telemetro, el pasado jueves 10 de octubre, que ha ordenado un cerco informativo contra La Prensa, bloqueo que lleva ya dos años.
En el último año y medio, este rotativo hizo 18 solicitudes de información a entidades gubernamentales sin obtener respuesta. También se presentaron 19 acciones de hábeas data ante la Corte Suprema de Justicia por la falta de suministro de información pública, un derecho reconocido en la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia).
Ni uno solo de estos recursos se ha resuelto aún. Algunos, incluso, no han sido “admitidos” .
SECRETISMO DE ESTADO
A juicio de conocedores del tema, el uso de los recursos públicos para la administración del Estado debería traducirse en la apertura de esa información a los contribuyentes y a los medios. Pero, hasta las solicitudes de información más sencillas han sido negadas.
Sucedió en marzo de este año, cuando se solicitó conocer el manejo de los fondos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas para el Programa de Gestiones Comunitarias en la Asamblea Nacional. A pesar de que los propios diputados reconocen manejar millones de dólares anuales para estos fines, la información se negó. Igual sucedió en junio pasado cuando se pidieron detalles del costo de equipamiento y diseño del relleno turístico denominado Mirador del Pacífico.
Hace dos meses y medio se solicitó conocer detalles sobre el uso del avión estatal Embraer EMB-135BJ Legacy (HP-1A): sus viajes oficiales, destinos, escalas, costo de operación y mantenimiento, pero el Ministerio de la Presidencia comunicó que esa información “es de acceso restringido”. La petición surgió luego de que un medio de Galicia, en España, revelara que Martinelli visitó Vigo cuando su destino era Lisboa, Portugal. Estas tres solicitudes ahora son analizadas en la CSJ.
VETO POR FUNCIONARIOS
Los ejemplos del veto informativo abundan y no se limitan solo al Presidente. En junio pasado el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, le dijo a un reportero de este diario: “No le doy declaraciones a La Prensa”, luego de que le preguntara por temas del país.
Los funcionarios de esta administración además se niegan a participar en programas ligados a este diario. La periodista Flor Mizrachi, que conduce el programa “Sin Rodeos”, en Radio Panamá, ha invitado a ministros y directores de instituciones a ese espacio y la mayoría se ha negado, con excepción del ministro de Gobierno, Jorge Fábrega; el director de la Caja de Seguro Social, Guillermo Sáez-Llorens, y el director del Instituto Panameño de Deportes, Javier Tejeira.
MARTINELLI SE DIVIERTE
La muralla que Martinelli construyó para impedir el acceso a información pública a este medio, coincide con la consolidación de su faceta de empresario de los medios. Una televisora, una editorial que publica tres periódicos y emisoras radiales forman parte del portafolio que públicamente se le conoce. “Ahora me toca divertirme”. Con esa frase resumió lo que sería su vida a partir de julio de 2014, cuando deje el poder. Lo dijo en una entrevista en su canal Nextv. “Creo que en cierta forma es un negocio [el de los medios] y como empresario me interesa incursionar en otros negocios. Yo creo que los medios de comunicación son bastante interesantes...”, añadió.
En el último año y medio, el mandatario ha revelado ser accionista de la televisora Nextv, a los que se suman el canal de entretenimiento +23 y estaciones de radio.
También contó que su familia es parte del grupo de accionistas que adquirió a Editora Panamá América, [Panamá América, Día a Día y Crítica.
En la última entrevista que dio a Telemetro, para hablar de sus nexos con Valter Lavítola, preso en Italia, por supuesta corrupción internacional, adelantó que en Panamá América se publicaría la versión que lo desligaba del escándalo. Ese mismo día en la noche, en Nextv dijo: “El Panamá América es el único que dice la verdad”.
En junio pasado, Martinelli le afirmó a la periodista Claudia Palacios, de W Radio Colombia, que le compró seis frecuencias al Grupo Prisa en Panamá. La compra fue a través de Fernando Correa, director de noticias de la emisora KW Continente. A juicio de juristas, el control de Martinelli viola la Ley 24 del 30 de junio de 1999, que prohíbe a los “concesionarios de los servicios públicos de radio o televisión abierta, controlar, en forma directa o indirecta, un periódico de circulación diaria, si el área de cobertura de la estación de radio o televisión abierta cubre, por lo menos, el 50% del área geográfica en donde el periódico es distribuido o vendido”.
LAS REACCIONES
Para Juan Luis Cebrián, fundador de El País de España, los gobiernos del mundo dedican esfuerzos para cercenar la libertad de expresión. “Los principales enemigos de la libertad de expresión de todas las democracias son los gobiernos. Todos tratan de reprimir, de controlar, de poner a su disposición la opinión publica y por lo tanto no me extraña que el Gobierno panameño, y cualquier otro gobierno democrático dentro de los límites que la ley le permita, trate de limitar la libertad de expresión”, dijo.
Martín Etchevers, gerente del grupo editorial argentino Clarín, al que también se le cerraron las puertas de la información con la presidenta de ese país, Cristina Fernández, afirmó que el problema yace en que no se entiende que el manejo de fondos públicos exige proporcionar toda la información solicitada.
“Esta situación es grave, porque manejan recursos públicos como si fueran recursos privados. Para el funcionario no es una opción o no el informar sobre los actos de gobierno, es una obligación constitucional. Él no puede elegir qué medios van a tener esa información y qué medios no la van a tener”, dijo.
“Los recursos públicos no son de quien administra el Estado. Son recursos de la gente que paga sus impuestos. Todos los ciudadanos panameños son dueños del dinero del Estado. No es dueño el señor Martinelli, ni ningún otro Presidente panameño”, dijo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
De la misma opinión es Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien en el foro sobre libertad de expresión y acceso a la información pública, celebrado en septiembre pasado en Panamá, dijo que “todas las autoridades están sometidas al derecho de acceso a la información, porque se les paga con la plata de todos. Es más difícil ser corrupto cuando todo es transparente”.
En tanto Nequi Mitre, jefe de Servicios Internacionales de La Nación, de Argentina, piensa que “es una lástima que Panamá haya pasado a integrar el eje de los países cuyos gobiernos se muestran reacios a rendir explicaciones de lo que hacen”.
Diego Cornejo, comunicador ecuatoriano que este año recibe el galardón a la excelencia de la SIP como ejemplo de periodista independiente y defensor de los valores democráticos, sostuvo que “lo visto con esta decisión del Presidente panameño es que algunos gobiernos se refugian en el secretismo para no ser expuestos al momento de mentir. No quieren correr el riesgo de Nixon”.
Jorge Canahuati, presidente de la Comisión de la Declaración de Chapultepec de la SIP, fue más directo: “Si no hay nada para ocultar, nada hay que temer. Entonces, ¿por qué callar?”.
(Con información de Yahir Leis Alvarado y Fernán Molinos).
EL CERCO INFORMATIVO
18
Las solicitudes de información interpuestas por ´La Prensa´ que han sido rechazadas por el gobierno de Ricardo Martinelli.
19
Las veces que ´La Prensa´ ha tenido que recurrir con un hábeas data a la Corte Suprema de Justicia ante la negativa del gobierno de suministrar información a este medio.

A pesar de que el presidente, Ricardo Martinelli, le rebajó la totalidad de la condena de tres años de prisión que se le impuso a la dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, por divulgar correos privados del mandatario, los abogados de la política de oposición informaron de que presentarán un recurso de apelación ante el Juzgado Primero Municipal.
La jueza primera municipal, Yorlenni Fruto Moncada, condenó a Herrera por delito de inviolabilidad del secreto tras divulgar correos electrónicos de conversaciones entre Martinelli y el empresario italiano Valter Lavítola.
La sentencia se dictó este 10 de octubre y ese mismo día Martinelli dijo públicamente que indultaría a Herrera, pese a que aún no se conocía el fallo.
Mediante Decreto 717 del 17 de octubre pasado, publicado en la Gaceta Oficial, Martinelli ordenó la rebaja de la totalidad de la pena a Herrera.
Rodolfo Pinzón, abogado de Herrera, explicó que la decisión de Martinelli no aplica en este caso, porque la condena no está en firme.
“Con esto, el Presidente la está declarando culpable y la sentencia a Herrera está en suspenso desde el momento en que se anunció la apelación”, señaló.
Advirtió que en una segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones puede revocar la condena y absolverla.
Según Pinzón, “quieren hacer ver que Martinelli es benevolente y la perdona, se trata de un show político para ganar publicidad a nivel internacional”. Agregó que analizarán la posibilidad de demandar por inconstitucional el decreto que rebaja la pena de Herrera.
Los abogados tienen hasta el próximo 22 de octubre para presentar el escrito de apelación en el que pedirán la absolución.
La Prensa intentó obtener una versión de Herrera, pero a pesar que se le hicieron varias llamadas no respondió.




La lista es larga. Empresarios, miembros de la sociedad civil, políticos y periodistas han sido blancos de descalificaciones y ataques por parte del presidente, Ricardo Martinelli, en sus más de cuatro años de gestión.
Ofensas de todo tipo van en aumento en los últimos meses. Todo, al ritmo de la campaña preelectoral, de las denuncias de corrupción que afectan al gobierno, y principalmente al propio Martinelli, y de las peleas internas en los partidos políticos.
En entrevistas, en foros, en actos para inaugurar obras y a través de Twitter, ha olvidado su investidura y ha lanzado duros señalamientos a figuras que cuestionan su gestión. Estilo que ha ganado rechazo entre varios sectores del país.
El último caso fue contra un grupo de mujeres al que denominó –a través de un mensaje de Twitter y sin mencionar nombres– “despechadas”, por el hecho de participar en un programa de televisión en el que criticaban su administración.
En el grupo están Ana Matilde Gómez, exprocuradora de la Nación y precandidata a diputada independiente; Teresita Yániz de Arias, vicepresidenta del Partido Popular; Lorena Castillo, esposa del candidato presidencial Juan Carlos Varela, e Idalia Martínez, precandidata a diputada por San Miguelito.
Las reacciones de indignación surgieron de inmediato. Por las redes sociales corrió como pólvora el tema. Incluso nació el grupo de “mujeres despechadas”, que tiene como principal objetivo cuestionar el estilo de gobierno de Martinelli.
IRRESPETO
Para Yániz de Arias ya no sorprende la actuación del gobernante cuando reacciona airadamente a las críticas.
“Creo que la manera del Presidente en la que se ha referido públicamente a diferentes personas, ya sea hombres y mujeres, solamente revela su falta de respeto por los demás. Y también, una carencia de comprensión de la dignidad que tiene el cargo que él ostenta”, dijo.
Agregó que aún no ha comprendido que ese cargo se lo dio la ciudadanía –en las elecciones de 2009– por lo que no debe irrespetar la dignidad de esa posición.
“[Ya] basta que a la mujer se le trate como un trapo sucio”, dijo por su parte Idalia Martínez. Mientras que Ana Matilde Gómez hizo una breve definición de “mujer despechada”: “Mujer desilusionada por un gobierno corrupto. Que no pide besos, pide respeto”.
El pasado jueves participaron en la marcha convocada por lo gremios de la salud, y mañana domingo cerrarán filas contra el mandatario: realizarán un pronunciamiento que incluye un balance de cómo ha estado la situación de la mujer en esto últimos cuatro años.
El mandatario también ha gastado tiempo considerable, lanzándole dardos venenosos a los candidatos presidenciales de oposición. A Juan Carlos Navarro, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), lo ha llamado “la persona más corrupta” en este país. Lo hizo por televisión y lo ratificó en Twitter.
Al candidato presidencial del Partido Panameñista, Juan Carlos Varela, lo ha cuestionado por supuestamente apropiarse del programa 100 a los 70 que él presentó en campaña.
Mientras que al excontralor de la República Alvin Weeden lo ha llamado “calumniador” y “amoral”.
“El calumniador es él, que trata de acusar a los demás, trata de desprestigiar a los demás con tal de buscar prestigio que no tiene. Lo que ocurre es que él ha logrado encontrar en el gobierno el gran negocio de su vida. Le ha robado al Estado y como lo cuestionamos nos insulta”, dijo Weeden al ser consultado sobre el tema.
´EVASOR Y LADRÓN´
A Roberto Eisenmann, empresario y fundador de este diario, lo ha acusado de “evasor de impuestos” , de ladrón, contrabandista, defraudador y capo.
Calificativos que ha repetido en todos los escenarios donde se encuentra. Según Martinelli, el “más grande evasor” no ha pagado impuestos luego de que la antigua Dirección General de Ingresos (DGI) –hoy Autoridad Nacional de Ingresos–, dirigida por Luis Cucalón, determinara “un alcance fiscal” a la empresa Desarrollo Golf Coronado por $3 millones.
“El Presidente nunca, realmente, se ha ubicado en el solio presidencial [...]. Lo que ha hecho es irse contra cualquiera de la sociedad que ejerce su crítica sobre el gobierno que él dirige. No cree en el diálogo, no cree en los consensos, no cree en la sociedad civil, no cree en los gremios, nunca ha logrado entender la democracia, jamás salió del súper 99”, sostuvo Eisenmann, luego de que se le preguntara sobre el tema.
Los últimos ataques del gobernante contra el empresario han sido producto de una serie de reportajes publicados en La Prensa, que revelaron detalles del expediente que se le sigue en Italia a Valter Lavítola por corrupción internacional, y específicamente el caso de Panamá, luego de que comprobaran las negociaciones irregulares en las que participaron personas y funcionarios allegados a Martinelli.
Mitchell Doens, Francisco Sánchez Cárdenas, Balbina Herrera y Pedro Miguel González, todos del PRD, también han estado en el radar del gobernante.
“Ricardo Martinelli es impulsivo, no es una persona que reflexiona políticamente y mucho menos cuando lo hace en las redes, y eso lo hace cometer muchos errores”, manifestó el exdiputado González.
“No espero que escriba nada bueno de mí, porque yo tampoco pienso nada bueno de él. Me tiene sin cuidado que el Presidente se acuerde de mí”, agregó.
Los periodistas Santiago Cumbrera, de este diario, y Hugo Famanía, de Medcom también han sido víctimas de su furia.
El mismo día que publicó un reportaje sobre el negocio de la energía y su relación con el poder, llamó a Cumbrera “acosador” y “coimero”.
Mientras que a Famanía, quien durante una conferencia de prensa en cadena nacional le hacía preguntas sobre el caso Finmeccanica, le dijo: “Tú has tenido problemas de droga [...] Ojalá nunca caiga usted en el flagelo de la droga otra vez”.
(Vea un video que acompaña esta nota).
